Cuando resta un mes para definir quién asumirá la Presidencia de Chile, organizaciones de la sociedad civil analizan la viabilidad de una asamblea constituyente destinada a reemplazar la Constitución promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980.
"La Constitución de Pinochet tiene una malformación congénita", dijo a IPS Paulina Weber, dirigente del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, que congregó a representantes de la sociedad civil, sobre todo de organizaciones de mujeres, intentando echar a andar una gran movilización ciudadana en pos de una nueva carta fundamental.
Las propuestas incluyen desde la instauración de un sistema de representación proporcional en el parlamento hasta mecanismos de participación e iniciativa popular, la creación del ombudsman y el reconocimiento de los pueblos originarios, entre otras reformas.
El seminario "Pacto ciudadano para la constitución que queremos", celebrado el miércoles en uno de los salones de la Biblioteca Nacional en el centro de Santiago, contó con la presencia de reconocidos juristas que desmenuzaron las debilidades de la actual Constitución.
El encuentro tuvo lugar tres días después de las elecciones del domingo, cuyo resultado determinó el balotaje del 15 de enero entre la socialista Michelle Bachelet, candidata de la gobernante coalición de centroizquierda con casi 46 por ciento de los votos, y el empresario derechista Sebastián Piñera, quien alcanzó poco más de 25 por ciento.
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Según los participantes en el foro, la carta magna que rige desde 1980 es ilegítima, dado que fue elaborada por la dictadura de Pinochet (1973-1990) y validada en un cuestionado referéndum.
Desde la derrota que sufrió el entonces dictador en el plebiscito de 1988 (que midió el apoyo al régimen militar), la Constitución ha sido reformada 17 veces. La última y más importante modificación fue aprobada por el parlamento en julio de este año, por iniciativa del gobierno de Ricardo Lagos, y permitió terminar con los llamados "enclaves autoritarios".
Esa modificación redujo de seis a cuatro años el mandato presidencial, eliminó las figuras de senadores designados (entre los cuales había cuatro militares) y de los vitalicios, y restituyó al poder civil la facultad de remover a los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Carabineros, entre otras disposiciones.
Sin embargo, no se derogó el sistema electoral binominal, considerado antidemocrático pues habilita a elegir sólo dos senadores y diputados por cada circunscripción y distrito en virtud de un mecanismo que beneficia a las grandes coaliciones y deja sin representación parlamentaria a las minorías políticas.
Las enmiendas acordadas este año no dieron paso a una "nueva constitución", opinó Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, refutando lo manifestado por Lagos el 17 de septiembre, día de la promulgación.
"La reforma se realizó a puertas cerradas. No hubo debate público. A lo más, se discutió en los claustros académicos y en revistas especializadas", afirmó Zúñiga.
Los participantes en el seminario coincidieron en que debería adoptarse un sistema de representación proporcional que dé cabida a todo el espectro político en el Poder Legislativo, y debería reconocerse constitucionalmente a los pueblos originarios, así como garantizare los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.
Las propuestas incluyen la creación de la figura del defensor del pueblo (ombudsman), la incorporación de los compromisos internacionales firmados por el país, y la institución de mecanismos de participación directa de la ciudadanía, como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular para proponer leyes y la revocatoria de mandato de autoridades.
En un análisis más profundo, Zúñiga planteó que una nueva carta fundamental debería modificar el corazón de la Constitución de Pinochet, es decir, el modelo de desarrollo neoliberal que instauró en el país.
Para la directora del Centro de Estudios de la Mujer, Ximena Valdés, es indispensable tomar en cuenta los cambios que ha experimentado la familia en las últimas décadas, entre los cuales se destacan la irrupción de la familia monoparental, principalmente con jefatura femenina, y el masivo ingreso de la mujer al mundo laboral.
Los resultados de los comicios parlamentarios del domingo, en los cuales por primera vez la coalición gobernante logró mayoría en ambas cámaras del Congreso, son vistos positivamente por los activistas.
Desde su formación, la coalición que gobierna desde 1990 y está integrada por los Partidos Demócrata Cristiano (DC), Socialista (PS), Por la Democracia (PPD) y Radical Socialdemócrata (PRSD), rechazó la Constitución de Pinochet, declarando a menudo su intención de reemplazarla o reformarla.
En los comicios del domingo se renovaron 20 de los 38 escaños del Senado y los 120 de diputados. El oficialismo obtuvo 52 por ciento de los votos contra 39 por ciento del pacto de la oposición derechista.
El doctor en derecho y representante de la no gubernamental Chile a la Carta – Movimiento por una Asamblea Constituyente, Eric Palma, dijo a IPS que "gracias a la reciente elección de diputados y senadores del PS y PPD, que se caracterizan por su gran compromiso ciudadano", las señales reformistas son más auspiciosas que en el pasado.
Dentro de la coalición gobernante, el ala izquierdista representada por esos dos partidos aumentó su representación parlamentaria, mientras la DC bajó tanto en senadores como en diputados.
Según Palma, uno de los desafíos de las organizaciones sociales es demostrar que la Constitución no sólo es un asunto de interés político, sino que afecta directamente la vida cotidiana de las personas.
"En la Constitución hay prácticas políticas que se traducen en maltrato hacia las personas. Por eso, para que nuestra propuesta sea exitosa es necesario identificar la asamblea constituyente con un espacio de encuentro, fraternidad, alegría, afecto, solidaridad, compañerismo, amor, si lo entendemos como respeto al otro", agregó.
Chile a la Carta está conformado principalmente por abogados y estudiantes de leyes de todo el país, y nació tres años atrás con el objetivo de colocar en el debate público la cuestión de una asamblea constituyente.
Los días 18 y 19 de noviembre este grupo organizó un plebiscito simbólico en la capital chilena para conocer la opinión de la ciudadanía.
En una urna instalada en el centro de Santiago se recibió la votación de 1.351 personas, 97,7 por ciento de las cuales se declaró a favor de una asamblea constituyente.
El presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, Edgardo Condeza, promovió especialmente las figuras del referéndum y del plebiscito, que ya existen en "numerosos países en la actualidad, entre ellos, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, México, Brasil y Venezuela", dijo.
La organización liderada por Condeza ha realizado consultas populares simbólicas en 30 municipios del país. Una de ellas se efectuó en 2000 en la octava región del Bío-Bío, 500 kilómetros al sur de Santiago, con motivo de la privatización del agua potable.
En la consulta participaron 136.783 personas, 99 por ciento de las cuales votó en contra de la privatización, pese a lo cual las autoridades entregaron el servicio a privados.
Condeza dijo a IPS que en un cabildo realizado en octubre en Concepción, capital de Bío-Bío, se elaboró un documento que fue presentado a los cuatro candidatos presidenciales que se midieron el domingo 11: Bachelet, Piñera, el conservador Joaquín Lavín, que obtuvo 23 por ciento de sufragios, y Tomás Hirsch, de la izquierda extraparlamentaria, que logró 5,4 por ciento.
Hirsch y algunos candidatos a parlamentarios del oficialismo fueron los únicos que se comprometieron a impulsar una ley sobre el plebiscito, indicó Condeza.
Las organizaciones de la sociedad civil estiman que el plazo para llevar a cabo la asamblea constituyente y elaborar una nueva constitución debería ser 2010, cuando se celebre el bicentenario de la independencia de Chile.
