El proyecto de ley que amplía la participación política en el organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces en Argentina fue aprobado en el Senado, pese a las críticas de grupos de la sociedad civil que temen se llegue a manipular la justicia.
Con 45 votos a favor y 16 en contra, la iniciativa para reducir de 20 a 13 el número de miembros del Consejo de la Magistratura logró sortear la mayoría especial en la cámara alta y pasó ahora a mano de los diputados, que pretenden tratarla antes de fin de año.
La reforma es impulsada por la senadora Cristina Fernández, la esposa del presidente Néstor Kirchner que ocupa una banca por la oriental provincia de Buenos Aires en representación del gobernante Frente para la Victoria, la corriente centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista).
Fernández considera que la menor cantidad de integrantes permitirá un mejor funcionamiento del Consejo, el ente creado en la reforma constitucional de 1994 para administrar y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, seleccionar a los jueces mediante concursos públicos, proponer nombramientos, aplicar sanciones y poner en marcha el proceso de remoción de magistrados.
El texto aprobado esta madrugada pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales sin que se consultara a las organizaciones no gubernamentales que hacen un seguimiento del funcionamiento de los organismos judiciales y que habían pedido un espacio para dar sus opiniones.
"Nos preocupa que no tengan en cuenta ninguna de las críticas que hicimos", declaró a IPS Andrea Pochak, directora del Área Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"Apoyamos una reforma que mejore el funcionamiento del Consejo, pero esto lo que hace es empeorar el actual estado de cosas", alertó.
El Senado invitó a las organizaciones que cuestionan la propuesta a presentar sus observaciones recién el martes último, justo antes de votar el proyecto. A esa sesión concurrieron miembros del CELS, de Poder Ciudadano, de la Asociación por los Derechos Civiles, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y de otras tres organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones fueron escuchadas, pero ninguna de sus objeciones han sido recogidas en el proyecto que pasó a la Cámara de Diputados. Tampoco se tuvieron en cuenta advertencias de entidades que reúnen a abogados, ni el pronunciamiento de un grupo de 30 camaristas que alertó sobre el "quiebre del sistema republicano".
"Es una reforma inconstitucional porque vulnera el equilibrio que la carta magna (ley fundamental) prevé para el funcionamiento de este organismo", dijo a IPS Maria Julia Pérez Tort, del área de Acción por la Justicia de la organización Poder Ciudadano. "Esta interferencia de un poder sobre otro es de extrema gravedad", acotó.
Para la especialista, la reforma es tan grave como la ampliación de cinco a nueve en el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia que dispuso el presidente Carlos Menem (1989-1999) para facilitar la incorporación al alto tribunal de una mayoría de miembros afines al gobierno.
Esta desviación había sido corregida por el presidente Kirchner que, a poco de asumir en mayo de 2003, emitió un decreto por el cual se limitaron las facultades del Poder Ejecutivo para designar candidatos a la Corte que no sean capaces de someterse con éxito a un proceso de audiencias públicas en las que se conocen sus antecedentes.
Las organizaciones no gubernamentales celebraron en su momento la decisión presidencial y consideraron muy calificados a los candidatos que lograron sumarse al máximo tribunal a partir de entonces, que renovó a casi todos sus miembros. Pero ahora volvieron a encenderse las alarmas por el riesgo de concentración política en un órgano que controla a los jueces.
El Consejo de la Magistratura hoy es presididos por el titular de la Corte Suprema de Justicia y esta conformados por ocho legisladores de diversos partidos, cuatro jueces, cuatro abogados, dos procedentes del ámbito académico y uno que representa al Poder Ejecutivo.
Pero según el proyecto de reforma, el Consejo se integraría sólo con 13 miembros. La figura del presidente de la Corte se elimina, se reduce el número de jueces de cuatro a tres, se baja de cuatro a dos la cantidad de abogados y queda un solo académico.
En cambio se mantiene un representante del Poder Ejecutivo y el número de legisladores pasa de ocho a seis en total, tres diputados y tres senadores.
La reducción, que es menor en proporción a la de otros estamentos, elimina la posibilidad de que se incluya en el Consejo a segundas minorías que tenían un papel clave en las resoluciones del consejo actual.
"La mayoría de los casos de juicio político eran pedidos por minorías políticas", señaló Pérez Tort. Además, "eran los que siempre votaban diferente", menos influidos dos por intereses coyunturales a los que son más permeables los partidos mayoritarios, apuntó la experta.
Pérez advirtió que, por la composición de las dos cámaras legislativas, de los seis asientos que ofrece el Consejo a los parlamentarios, cuatro serán para el gobernante Partido Justicialista, que está dividido en dos expresiones, por un lado el Frente para la Victoria y por el otro el sector que conserva el nombre del partido.
A esos cuatro representantes habrá que sumar al del Poder Ejecutivo y ya son cinco sobre 13, un porcentaje que, si bien no alcanza para designar o enjuiciar a un magistrado pues para ello se necesitarían los votos positivos de ocho integrantes, si alcanza para bloquear ese tipo de decisiones por falta de quórum. (
