«Nos explotan y nos amenazan con la policía. Cuando era soltero podía reclamar derechos, pero con tres niños tengo que humillarme y someterme a esclavitud», dijo a IPS José Orellana, un boliviano que logró escapar con su familia de una fábrica textil clandestina en Buenos Aires.
Cuando Orellana comenzó a trabajar para el dueño de la fábrica, Juan Carlos Salazar —también boliviano— éste le prometió pagarle por prenda confeccionada. "Calculamos que ganaría 1.500 pesos por mes (unos 300 dólares). Pero a la hora de cobrar, Salazar decía que no tenía dinero o que mejor me lo guardaba hasta fin de año para que no lo gastara", relató a IPS.
El patrón le daba 20 pesos (6,5 dólares) como "anticipo". La alimentación prevista en el contrato era sólo para los "empleados". "Para que comieran los niños (de cinco, siete y ocho años) teníamos que quedarnos sin comer nosotros", abundó Orellana.
La única habitación de la que disponían él, su esposa y los hijos era "un desastre". "Había cables a la vista por el suelo y la pared. Teníamos tres máquinas funcionando todo el día junto a las camas", en las que trabajaban otros dos operarios, mientras los hijos de Orellana jugaban o dormían.
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Según consta en los hospitales públicos Durand y Álvarez, en la zona hay muchos extranjeros sin documentos que deben ser internados por tuberculosis, debido al polvillo que aspiran dentro de los talleres o en las habitaciones donde funcionan día y noche las máquinas de confección.
Orellana recuerda que el baño era compartido con otras 20 personas, y para salir a la calle nunca había permiso. Apenas si podían llevar a los niños a la escuela, aunque no todos los extranjeros estaban autorizados a hacerlo. Tampoco podían llevar a los hijos a un hospital, aunque estuvieran enfermos.
Las "fiestas" del fin de semana las organizaba el patrón, Salazar, con abundante vino para que el personal olvidara sus penas y no pidiera permiso para salir. "Había que discutir mucho para salir a la calle, y al fin nos dejaban, pero nos ponían mala cara una semana entera", relató el ex operario.
Unos meses atrás, el trabajador y su familia lograron escapar. Con apoyo de una organización comunitaria y patrocinio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Orellana consiguió en octubre efectuar una denuncia, pero el dueño de la fábrica estuvo detenido 15 días hasta que el juez le dictó la "falta de mérito", aunque la resolución fue apelada y la investigación continúa.
La defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, dijo a IPS que la causa de Orellana y de otros es "un caso piloto", pero adelantó que su oficina estaba investigando varios casos. La denuncia contra Salazar fue por tráfico ilegal de personas, reducción a servidumbre y violación de la ley de trabajo a domicilio.
"No nos interesa tanto develar un caso particular, sino descubrir cómo opera todo el sistema de economía ilegal que esclaviza a tantas personas", declaró la funcionaria.
El 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, conmemora la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en 1949, el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, uno de varios instrumentos mundiales de lucha contra estos delitos.
Argentina ratificó en 2002 la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus tres protocolos complementarios: para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños; contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; y contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones.
Estos instrumentos entraron en vigor en 2003.
La Defensoría "porteña" estima en unas 150.000 personas las sometidas a esta nueva forma de esclavitud. Además de los que funcionan en Buenos Aires, hay talleres en localidades de las afueras de la capital como Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús y Laferrere.
Según Pierini, la mayoría de los damnificados son bolivianos traídos desde su país en ómnibus, sin los papeles requeridos por la oficina de migraciones. Pero también hay peruanos, paraguayos y argentinos, dijo.
"Argentinos y paraguayos se dedican más al calzado, que tiene la misma modalidad: trabajo ilegal en domicilio, pago ínfimo y una cadena de comercialización informal. Pero con la ropa es más grave, porque son familias enteras encerradas", señaló.
Pierini no se atreve a decir si falta voluntad política para erradicar esta forma de explotación. "No lo descarto, pero necesitamos seguir investigando sin hipótesis a ver qué es lo que encontramos", dijo.
Si prospera la denuncia, la causa será la primera por trata de personas con fines de explotación laboral, y no sexual, como la mayoría de los casos denunciados.
"Hasta ahora no se comprobaron hechos de explotación laboral", dijo al conocer el caso de Orellana el titular de la Oficina de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos del Ministerio Público, Eugenio Freixas, responsable nacional del cumplimiento de la convención internacional, un tratado tan reciente como antigua es el trabajo esclavo.
En Argentina no hay todavía una ley federal que tipifique la trata de personas como lo establecen la convención y el protocolo correspondiente, explicó Freixas, cuya oficina presentó al parlamento un proyecto con ese fin.
Entretanto, Salazar está libre y amenaza a sus compatriotas que lograron escapar de su taller.
"Se aprovechan de nosotros porque saben que los bolivianos somos tímidos y somos trabajadores", dijo Orellana, expresando la marginación a la que la sociedad argentina ha relegado a algunas minorías de extranjeros.
Tras la pesadilla, Orellana logró instalar una pequeña panadería en el comedor comunitario La Alameda, y con el ingreso de esa actividad pudo alquilar una habitación con baño, "más digna" que aquella donde lo recluyó la explotación.
