El golpe de Estado del 1 de febrero en Nepal significó un duro revés para los «lhotsampas», ciudadanos butaneses de origen nepalés que retornaron a sus raíces para vivir como refugiados.
Nadie parece haberse detenido a pensar en los efectos del golpe de Estado y las restricciones a las libertades civiles en los 105.000 butaneses que languidecen en siete campamentos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el este de Nepal.
La tragedia de los lhotsampas simplemente desapareció del radar de la política y la diplomacia de Katmandú, ocupadas en adivinar la siguiente movida del monarca Gyanendra, responsable del golpe.
La otrora vibrante prensa de Nepal, que siempre simpatizó con la causa de los refugiados procedentes del otro reino de los Himalayas, entre India y China, hoy se halla arrinconada en una lucha por su propia supervivencia.
La libertad de prensa sufre una implacable embestida a manos de la dictadura de Gyanendra, quien se escuda en la urgencia por poner fin a la guerra civil entre las fuerzas de seguridad con la insurgencia maoísta.
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Ante el riesgo de que su lucha fuera eclipsada, un grupo de 27 mujeres de los campamentos del Acnur llegó a Katmandú el 11 de noviembre e iniciaron una manifestación pacífica de protesta frente a la Casa de la ONU en esta ciudad, que alberga las oficinas de distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
El objetivo de esta movilización, que se buscó que coincidiera con el 50 cumpleaños del rey de Bután, Jigme Singye Wangchuk, era llamar la atención del secretario general de esa organización mundial, Kofi Annan, para que interviniera y les ayudara a volver sanos y salvos a Bután con la mayor brevedad.
Desde 1969, Bután es una monarquía hereditaria, y Wangchuk ejerce la jefatura de Estado desde 1972.
La protesta fue autodisuelta el 15 de noviembre una vez que funcionarios de la ONU prometieron atender el pedido de las mujeres movilizadas.
En un segundo intento por ejercer presión sobre Thimphu (capital de Bután y sede de su gobierno) los refugiados también hicieron una declaración en el marco de la reunión cumbre de la Asociación para la Cooperación Regional en el Sur de Asia (SAARC son sus siglas en inglés) en Dhaka (Bangladesh), el 12 y el 13 de noviembre.
SAARC es un bloque regional conformado por siete países: Pakistán, Islas Maldivas, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal y Bután.
"Los refugiados de Bután desean llamar la atención de las autoridades de los países del sur de Asia y otros estados miembros de la ONU para que tomen conciencia de nuestra desgracia y para solicitarles que tomen medidas inmediatas para llevar esta cuestión a los foros apropiados", decía el texto de la declaración.
La movilización de las mujeres contó con el apoyo del Consejo de los Derechos Humanos de Bután, presidido por el líder de los refugiados en el exilio, Teknath Rizal, y también del Comité Representativo para la Repatriación de los Refugiados Butaneses, una organización con sede en Nepal oriental.
Las organizaciones de refugiados así como los partidos políticos fueron ilegalizados en el reino budista de Bután, pero se mantienen en funcionamiento en India y Nepal.
"La convulsión política en Nepal ha tenido un efecto muy negativo sobre nuestro proyecto de regresar a nuestro país, a salvo y dignamente" dijo Rizal a IPS.
"Estamos cansados de esperar y queremos que la comunidad internacional tome medidas efectivas para que se procese una repatriación rápida y sin problemas", agregó.
Rizal, que estuvo en prisión en Bután por más de 10 años, dijo que dada la poca disposición de Thimphu a recibir a sus ciudadanos exiliados, la comunidad internacional debe aplicar "la necesaria presión".
En una carta dirigida a Annan, los refugiados expresaron que: "En los últimos tiempos, hubo recortes de los recursos para satisfacer nuestras necesidades más básicas en los campamentos de refugiados. Sin mencionar el deterioro que han sufrido la educación y la salud. La gente se está muriendo por falta de tratamiento adecuado".
La Oficina de la Acnur en Nepal dice que, efectivamente, afronta una reducción en sus fondos de financiamiento y que no puede continuar sosteniendo los campamentos de refugiados. Los envíos de frutas y vegetales fueron severamente recortados, y los de otros alimentos también fueron reducidos.
Las raciones de querosén, indispensable para cocinar y para hacer funcionar las lámparas (en los campamentos no hay electricidad), también fueron recortadas.
Rizal teme que si persiste la indiferencia hacia la situación en los campamentos, esto podría tener consecuencias desastrosas para toda la región.
Los hindúes butaneses, en su mayoría hablantes de la lengua nepalesa, comenzaron a llegar al este de Nepal a través de India a principios de 1990, alegando que eran expulsados por la fuerza por el gobierno de Bután como resultado de un plan de "limpieza étnica" en ese país, acusación que el "reino del dragón" niega rotundamente.
Las quince rondas de negociaciones entre los cancilleres de Nepal y Bután, por la repatriación de los refugiados, desde 1993 en adelante, no han arrojado mayores resultados.
Más de 75 por ciento de los más 8.000 refugiados del campamento de Khudunabari fueron autorizados a volver a Bután, y se suponía que su repatriación iba a comenzar el 15 de febrero de 2004. Pero el proceso se detuvo antes de comenzar.
Los gobiernos de Nepal y Bután se hallan distanciados luego de los incidentes del 22 de diciembre de 2003, cuando un funcionario butanés y un policía nepalés fueron apedreados por los refugiados, que temían ser perseguidos cuando regresaran a su tierra.
Ese temor obedecía a advertencias de autoridades butanesas, que se refirieron a un período de "cuarentena" al que serían sometidos lo repatriados por hasta dos años, durante los cuales debían demostrar su lealtad al monarca y a la historia y la cultura de ese país antes de ser aceptados como ciudadanos.
Impulsados por la desesperación, unos 300 refugiados, principalmente ancianos, mujeres y niños, decidieron cruzar a India el 3 de agosto de este año en un intento por llegar a Bután, pero la policía india los detuvo en el puesto fronterizo de Kakarbhitta-Pani Tanki.
Los refugiados se instalaron por varias horas en los alrededores del puente Mechi, que une Nepal con India, antes de que la policía nepalesa los subiera por la fuerza a camionetas y autobuses y los condujo de regreso a sus campamentos.
Mientras que la monarquía y los partidos políticos de Nepal luchan por el poder en este país sitiado a la vez por insurgentes maoístas, la tragedia de los refugiados corre el riesgo de quedar en el olvido.
Una de las pancartas que levantaron las mujeres refugiadas preguntaba expresamente: "¿Nos han olvidado?"
Los refugiados están convencidos de que su tragedia se acabaría al instante si India, que ejerce una enorme influencia sobre los reinos himalayas, interviniera para resolver este largo conflicto.
La posición de India, sin embargo, es que se trata de un asunto bilateral que esos dos países deben solucionar amigablemente y sin su mediación.
Por su parte, los dos reinos también sostienen que es un tema fundamentalmente bilateral, aunque en el pasado Katmandú había advertido que "si Bután continúa enlenteciendo deliberadamente la solución al problema, lo obligará a tomar esta cuestión como interna".
Lo que fastidió a Nepal fue la sugerencia de la comunidad internacional de que aceptara la fórmula de Acnur, la cual ofrece tres opciones: repatriar a los refugiados a su país de origen, localizarlos en terceros países, o integrarlos al país.
Nepal no tiene ninguna objeción con las dos primeras, pero respecto de la tercera sostiene que es perder de vista la cuestión principal, o, en los términos de un funcionario, "es poner la carreta delante de los bueyes".
Mientras los gobiernos de ambos países siguen tratando de decidir cuándo va a realizarse la próxima ronda de negociaciones sobre el tema, la paciencia de los refugiados se agota.
"¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que se haga justicia?", preguntó una mujer lhotsampa.
