La población femenina inmigrante es la más vulnerable y desatendida en España, subrayaron este viernes organizaciones de la sociedad civil con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aunque la situación comienza a mejorar.
Unas 700.000 inmigrantes sin residencia legal en el país tienen dificultades para presentar denuncias, se las excluye del acceso a ayudas económicas y se les niega ingreso a los centros de acogida, según la filial española organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI).
Esto demuestra que el Estado incumple no solo la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas, sino también sus propios compromisos de combatir ese fenómeno, sostiene Amnistía.
Teresa Martínez, directora del Centro de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, dijo a IPS que el problema no estaba asumido por la sociedad y que las campañas públicas no tomaban en consideración a las mujeres inmigrantes. "No se las visibiliza" ni se hace una referencia explícita a ellas, dijo.
Sonia, una colombiana que todavía no obtuvo su permiso de residencia y que comparte habitación con otras dos mujeres en los alrededores de Madrid, relató en pocas palabras esa realidad.
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"Meses después de llegar a España, en 2002, trabajaba en tareas del hogar. Conocí a Miguel y al poco tiempo formamos pareja. Ahí comenzó el sufrimiento, porque me pegaba un día sí y otro también. Un día me golpeó de tal manera que me dejó el cuerpo y la cara llena de moretones y un brazo inmovilizado, por lo que fui a la comisaría y lo denuncié", dijo Sonia.
Pero las autoridades "no tomaron ninguna medida contra él, sino que me remitieron a mí a la comisaría general por estar sin papeles, donde me dieron un plazo para regresar a mi país, lo que no he hecho y por lo tanto si vuelvo a pasar por una dependencia policial o me paran en la calle, pueden expulsarme", agregó.
Con todo, algún cambio se registra, sostuvo Martínez en referencia al caso de una inmigrante sin permiso de residencia a la que asesoró en su denuncia de maltrato, y logró que se aplicara la nueva ley de extranjería (aprobada a fines de 2004), reconociéndole los mismos derechos que a las españolas y a las extranjeras residentes legales.
Queda mucho por hacer todavía, como vencer las dificultades para el ingreso de las inmigrantes maltratadas a los centros de acogida y a las residencias tuteladas, "pero se está avanzando", añadió.
María Naredo, dirigente de AI España, cree que "el Estado español ha subordinado los derechos humanos de las mujeres víctimas de tales abusos a sus políticas de control migratorio, condición que sin duda agravará la invisibilidad, la desprotección y la vulnerabilidad de este sector".
Pero en España, la violencia doméstica es un mal que no tiene fronteras sociales.
En diciembre del año pasado, el parlamento español aprobó la primera ley europea contra la violencia de género, que dispuso la creación de juzgados especializados, la mejora de la asistencia a las víctimas y la creación de centros de rehabilitación integral, además de una serie de procedimientos de protección para las mujeres amenazadas.
Hasta el 15 de este mes, 55 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, y desde 1999 a esa fecha las víctimas mortales suman 419, sin distinguir nacionales o extranjeras, según datos del estatal Instituto de la Mujer.
En agosto de 2003 el gobierno aprobó una orden de protección inmediata para las víctimas de malos tratos que temieran por su vida. En el primer semestre de este año, los jueces otorgaron esa protección policial a 15.302 personas, 97 por ciento de ellas mujeres.
Pero las organizaciones de mujeres y feministas consideran lenta la actuación judicial. El Observatorio contra la Violencia Doméstica, adscripto al Consejo General del Poder Judicial, cree necesario establecer nuevos juzgados con competencias exclusivas, y reforzar los existentes con más recursos humanos y materiales.
La Federación de Planificación Familiar de España señala que la violencia de género mata e inhabilita en todo el mundo a más mujeres de 15 a 44 años que el cáncer, y provoca más trastornos de salud que la suma de los accidentes de tránsito y el paludismo.
Así lo determina también el Banco Mundial, al señalar que la violación y la violencia doméstica contra las mujeres en edad reproductiva acortan la vida saludable de las mismas en cinco por ciento, o sea entre tres y cuatro años.
El gobierno español prometió más medios para los juzgados y la policía, y señaló la importancia de la educación y toma de conciencia de la opinión pública, para lograr que el rechazo a la violencia sea unánime.
Encarnación Orozco, delegada del gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, anticipó que para lograr ese objetivo, se impartiría una nueva asignatura en los centros de enseñanza, la Educación para la Ciudadanía, con dos módulos, Educación en Igualdad y Resolución Pacífica de Conflictos.
Esta materia será dictada en todos los grados de la educación obligatoria (de seis a dieciséis años), que incluye la enseñanza secundaria.
En esa misma línea se movilizaron deportistas, actores y actrices que prestaron su imagen y su voz para reclamar el respeto de los derechos humanos de las mujeres en carteles callejeros, anuncios televisivos y de prensa.
