El paso de las poderosas tormentas tropicales dejaron una vez más al descubierto los enormes problemas que aquejan a los pequeños países de América Central, como son la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad política.
Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que ocupan un millón de kilómetros cuadrados con 40 millones de habitantes, están expuestos a grandes desastres naturales por la presencia de volcanes y fallas sísmicas junto a un mar Caribe que de julio a noviembre dispara más de una veintena de tormentas, muchas de las cuales llegan a transformarse en huracanes.
Este año, pese a que los expertos habían pronosticado que sería una de las temporadas más activas de tormentas devastadoras como finalmente ocurrió, una vez más se demostró que no existe voluntad política para una acción eficaz de prevención, aunque se cuente con herramientas legales y en teoría planes al respecto.
El derrotero del huracán Stan en la primera semana de octubre por América Central y el sur de México dejó sólo en Guatemala 664 personas muertas y 844 desaparecidas, pueblos enteros sepultados por los deslizamientos de tierra, más de 280.000 damnificados, 33.000 viviendas destruidas o dañadas y cuantiosas pérdidas económicas en la agricultura y en infraestructura.
Luego de ocurrido el desastre, la ayuda no podía llegar por tierra y desde los helicópteros del ejército sólo se podía ver una topografía borrada por deslaves, inundaciones e interminables lluvias.
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La tragedia no se pudo contener, pese a que existieron las alertas suficientes. Benedicto Girón, de la guatemalteca Comisión Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), dijo a IPS que la responsabilidad de responder a las alertas es de las comunidades y de los gobiernos locales, pero no se hizo.
"Las medidas preventivas las hemos divulgado todos los años. Mandamos notas a todos los alcaldes con todas las medidas de prevención ante desastres", pues, según la ley 10996, los alcaldes son los responsables ante ello, explicó.
Por su parte, Yuri Melini, director del no gubernamental Acción, Legal, Ambiental y Social (Calas), señaló a IPS que "hay una mala gestión de riesgo, pues los gobiernos no consideran prioritario ese tema.
"Como consecuencia de ello, a siete años de que pasara el Mitch (que devastó América Central y dejó 268 muertos en Guatemala) tuvimos una situación de calamidad pública aún peor", apuntó.
"Muchos de los problemas que enfrentamos son producto de la negligencia de las autoridades en todos los niveles", añadió.
Para el especialista, la ley para la reducción de desastres está mucho más orientada a responder a las acciones de emergencias, pero no tanto a la prevención.
Guatemala cuenta con una batería legal en materia de gestión ambiental de unas 180 normas, que incluye la obligatoriedad de estudios de impacto, pero existe un gran déficit de cumplimiento y falta voluntad política para llevar adelante planes al respecto, en particular del Poder Ejecutivo, enfatizó el director de Calas.
A la impunidad reinante en este país se le suma el grave deterioro de las condiciones socioeconómicas, con grandes diferencias de desarrollo entre las áreas urbanas y las rurales que incrementa la vulnerabilidad de sus 12,5 millones de habitantes, 57 por ciento de los cuales viven en la pobreza. Por eso es que se calcula que 75.000 niños y niñas sufren desnutrición grave.
Guatemala soporta todavía las consecuencias del enfrentamiento armado interno de 1960 a 1996, que dejó como saldo 155.000 personas muertas y 45.000 desaparecidas de modo forzoso, la mayoría indígenas mayas, a manos de las fuerzas de seguridad.
El ejército de la época es sindicado responsable de arrasar 450 aldeas y cometer más de 600 masacres, muchas de ellas en las mismas comunidades indígenas ahora destruidas por el huracán Stan.
Muchas de las personas afectadas por Stan perdieron su vivienda, tierras, sus animales de corral y no tienen alimento. Otras no podrán regresar a sus hogares o deben trasladarse a un lugar distinto, no de riesgo, para lo cual la Conred prepara albergues temporales.
Según este organismo estatal, se trata de un proceso de no menos de seis meses, periodo en el cual hay que mantener a estas personas hasta que puedan volver a ser autosuficientes.
La ayuda internacional ha sido clave en estas circunstancias. La Unión Europea se comprometió con 4,7 millones de euros (5,6 millones de dólares) para Guatemala y El Salvador, mientras el gobierno español asumió un compromiso global financiero de 65 millones de dólares en fondos de cooperación no reembolsables para paliar los efectos del paso de Stan por la región.
Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización de las Naciones Unidas, lanzó un plan de emergencia de 14,1 millones de dólares para asistir a 285.000 personas.
Se ha avanzado mucho, pero aún estamos en etapa de emergencia, pues tenemos más de 2.500 personas albergadas, expresó Girón.
En tanto, el gobierno guatemalteco de Óscar Berger anunció a fines de octubre la aprobación de la llamada Ley Marco de Reconstrucción, que se extenderá hasta diciembre 2006 y requerirá de 2,500 millones de quetzales (326 millones de dólares) para reconstruir la economía agrícola, viviendas, alimentación y para recuperar la infraestructura.
La destrucción de 29 puentes, decenas de carreteras, caminos y vías de acceso no sólo aisló a sectores de la población que requieren ayuda, sino que tiene un fuerte efecto en la actividad económica.
Se desató tras el paso de Stan una espiral inflacionaria y la más afectada fue la canasta básica. Por consecuencia, se redujo la capacidad adquisitiva de la población, además de que la producción agraria perdió mucho en cosechas destruidas, explicó a IPS la diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala.
Otro de los fenómenos que las autoridades de América Central miran con preocupación es el incremento en el flujo emigratorio hacia Estados Unidos, gracias al Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ese país otorga a naturales procedentes de zonas donde han soportado catástrofes naturales o conflictos bélicos.
Cerca de 90.000 hondureños y 6.000 nicaragüenses utilizaron esa condición tras la devastación provocada por el huracán Mitch en octubre de 1998, de ahí que el presidente Berger solicitó a Washington que otorgue más TPS a los guatemaltecos indocumentados.
Alrededor de 1,2 millones de naturales de Guatemala residen en Estados Unidos, que enviaron a su familia en 2004 unos 2.550 millones de dólares, constituyéndose así en las principales fuentes de divisas para el país..
