Juan Carlos de Borbón cumplió este martes 30 años de su coronación como Rey de España con una aprobación mayoritaria de su gestión, al tiempo que afloran sentimientos republicanos.
El 80,5 por ciento de los españoles entrevistados consideran que la actuación del Rey fue imprescindible para instaurar la democracia tras la muerte el 20 de noviembre de 1975 del dictador Francisco Franco, según una encuesta de la consultora privada Sigma Dos.
Pero ese porcentaje fue superior 82,9 por ciento cuando Sigma Dos hizo la misma pregunta en su encuesta de hace cinco años. También bajó entre esa investigación y la de este año, de 84,4 a 72,5 por ciento, la cantidad de quienes respondieron que la monarquía está consolidada.
Al mismo tiempo, 38 por ciento de los ciudadanos preguntados se declararon monárquicos, frente al 23,5 por ciento que se considera republicano, habiendo bajado cinco puntos los primeros respecto de 2.000 y crecido ocho por ciento los segundos.
Aunque, también, son muchos los que no se consideran monárquicos, pero declaran: "Yo soy republicano, pero también juancarlista".
Esa afirmación, como la de esa abultada mayoría que considera que su actuación fue imprescindible para instaurar la democracia, se basa fundamentalmente en dos hechos: sus primeras disposiciones tras ser coronado y su decidida y decisiva actuación contra los que intentaron un golpe de Estado el 23 de febrero de 1981.
Cuando Juan Carlos I es coronado rey de España, el 22 de noviembre de 1975, apenas habían pasado dos meses de los últimos fusilamientos de opositores decretados por Franco, quien instauró la dictadura en 1939.
Aunque la economía ya registraba en 1975 una apertura y también emergían movimientos democráticos, el ambiente aún era dictatorial.
El propio Rey, en conversaciones con su biógrafo José Luis de Villalonga, confesó que entonces no hablaba de esos temas públicamente "porque era una época en que nadie, ni siquiera yo, se atrevía a hablar". "La autocensura era general", recordó.
Al asumir el cargo, lo hace heredando todos los poderes que tenía el dictador y con la obligación de mantener como presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, un franquista de toda la vida, quien ocupaba ya ese cargo desde 1973.
Convencido de que debía impulsar la democratización de España, el flamante Rey se enfrentó a las fuerzas de derecha, obligó a renunciar a Arias Navarro y designó en su reemplazo en julio de 1976 a Adolfo Suárez, quien ocupó el cargo hasta 1981 y se convirtió en una figura fundamental de ese proceso, lo que en la actualidad reconocen todas las fuerzas políticas..
Ese cambio fue acompañado de otras reformas, que incluyeron la convocatoria a elecciones generales, en las que triunfó el propio Suárez, y el inicio del proceso constituyente que llevará a la aprobación, en 1978, de la Constitución hoy en vigor, la que fue aprobada por el Parlamento y luego por un referéndum.
El 23 de febrero de 1981, un grupo del militarizado cuerpo de la Guardia Civil, comandado por el teniente coronel Antonio Tejero, ocupó el Congreso de los Diputados mientras se estaba tramitando el nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de Suárez, quien había presentado su renuncia por problemas internos en su partido.
Otro golpista, el general Alfonso Armada, invocó el nombre del Rey sin autorización para solicitar apoyos a otros militares, mientras Tejero mantenía apresados a los parlamentarios, a los miembros del gobierno y a los periodistas que cubrían el acto legislativo.
Desde el Palacio de La Zarzuela, el Rey se dedicó, inmediatamente después de que fuera impuesto de la situación, a contactar con los jefes de las unidades militares de toda España, ordenándoles que permanecieran en sus cuarteles obedeciendo al gobierno constitucional.
Además, ante la prisión de que era víctima Suárez y otros ministros, nombró jefe del gobierno provisionalmente a un secretario de Estado y proclamó por radio y televisión su clara condena del golpe.
Esa contundente actividad real fue decisiva para que Armada depusiera las armas, liberara a los ministros, parlamentarios y periodistas y se entregara. Después fue juzgado y condenado a prisión por esta intentona golpista.
Mientras en la actualidad la mayoría de los ciudadanos aprueban su reinado, Juan Carlos I manifestó este martes su respeto, admiración y gratitud hacia el pueblo español, al que considera "el verdadero protagonista de la transformación y modernización".
No obstante, hay críticas y reivindicaciones republicanas, como la de Joan Puigcercós, dirigente del partido Izquierda Republicana de Cataluña, que cogobierna junto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en esa comunidad autónoma y apoya con los votos en el Parlamento al gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
Puigcercós además de respaldar la posición de su partido favorable a instaurar una república, criticó el presupuesto de que goza la Casa Real, de ocho millones de euros anuales (unos 10 millones de dólares), de los que no debe rendir cuentas.
Según Puigcercós, ese dinero debería ser destinado a financiar escuelas públicas y "privatizar la Casa Real". En el presupuesto que se debe financiar con esos fondos no se incluyen los gastos de seguridad, los viajes ni el uso y mantenimiento de los palacios reales.
Quizás por ello, en la encuesta de Sigma Dos también aumentó el porcentaje de quienes consideran costosa a la Casa Real, pasando de 45,1 por ciento en 2000 a 68 por ciento este año.
