DESARROLLO-AMÉRICA-LATINA: Mejor que en 2003, igual a 2001

Entre 2003 y este año, 13 millones de personas salieron de la pobreza en América Latina y el Caribe, pero ahora hay 213 millones de pobres, una magra reducción respecto de los 214 millones de 2001, sostuvo este viernes la Cepal.

Con los actuales ritmos de crecimiento y gasto social no se cumplirá la meta del milenio de reducción de la pobreza en 2015, afirma el Panorama Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El informe consigna que todavía 213 millones, 40,6 por ciento de la población regional, viven en esa condición de pobreza, 88 millones de los cuales son indigentes.

Además, la disminución de la proporción de pobres solo ha contrarrestado el crecimiento poblacional, lo cual explica que en 2005 la cantidad de habitantes en condición de pobreza sea similar a la del año 2001, cuando eran 214 millones.

El déficit habitacional es la principal carencia, lo que se refleja en altos porcentajes de la población residiendo en hogares hacinados, con inadecuados sistemas de eliminación de excretas, señaló la agencia regional de la Organización de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile.
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El secretario ejecutivo de la Cepal, José Luis Machinea, apuntó que los favorables indicadores de crecimiento y gasto social de los últimos dos años, no significan un avance sustantivo en materia de equidad social, dado que hay aún un tremendo "stock" de problemas acumulados.

El informe aborda cinco grandes temas: perspectivas de pobreza de la región, tendencias del gasto social, expresiones demográficas de la desigualdad social, incremento de la tasa de prevalencia del sida en el Caribe y equidad de género y, por último, las políticas y programas nacionales de salud.

En Argentina la pobreza descendió 16 puntos porcentuales en las áreas urbanas, y la indigencia 9,8 respecto de 2002. En México, la pobreza se redujo 2,4 por ciento y la indigencia en 0,9 entre 2002 y 2004, y en Perú, esta última cayó en 2,8 puntos.

Las cifras muestran, según la Cepal, que la región avanzó en 51 por ciento hacia el cumplimiento de la primera meta del milenio, que consiste en reducir a la mitad el porcentaje de pobreza registrado en 1990, hacia 2015.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron adoptados en 2000 por los países de la ONU como una plataforma para reducir la pobreza y la desigualdad en todo el mundo, mejorar la salud y la educación y adoptar un modelo de desarrollo respetuoso del ambiente.

Sin embargo, "el progreso es todavía insuficiente en relación con el tiempo transcurrido para alcanzar la meta, que equivale a 60 por ciento (15 años de un total de 25)", advierte el estudio.

Se constata asimismo que el gasto público social aumentó sostenidamente en los 21 países de América Latina y el Caribe. Su participación en el producto interno bruto (PIB) pasó de un promedio de 12,8 por ciento en 1990-1991 a 15,1 por ciento en 2002-2003.

Mientras Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba y Uruguay destinan más de 18 por ciento de su PIB al gasto social, países más pobres como Ecuador, El Salvador, Guatemala y República Dominicana le asignan menos de 7,5 por ciento.

De igual forma, el gasto público social tiene un impacto muy significativo en el ingreso de los hogares más pobres. "Mientras en promedio para el conjunto de los hogares el monto de gasto social incrementa el ingreso primario en un 17 por ciento, el quintil más pobre aumenta sus ingresos en un 86 por ciento", establece el informe.

La Cepal también analizó las remesas de dinero de los emigrantes a sus países de origen, las que habrían permitido que 2,5 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza en los últimos años.

América Latina y el Caribe es una de las regiones que recibe más remesas. En 2004 éstas se estimaron en 45.000 millones de dólares, cifra similar a la inversión extranjera directa, y superior a la ayuda oficial al desarrollo dirigida a este lugar del mundo.

La mortalidad infantil bajó de 43 a 25 por cada mil nacidos vivos entre 1990 y 2003, y la fecundidad descendió de 3,0 a 2,6 hijos por mujer entre los periodos de 1990-1995 y 2000-2005.

Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra que la mortalidad infantil y la fecundidad (sobre todo la temprana y no deseada) registran tasas más altas en los grupos y en las regiones donde predomina la pobreza.

La fecundidad adolescente aumentó entre los estratos socioeconómicos bajos y medios de casi todos los países estudiados, situación inversa a lo ocurrido en los sectores de mayor nivel socioeconómico.

La Cepal establece asimismo un panorama bastante heterogéneo en la región, en cuanto a la capacidad de los gobiernos para afrontar los problemas de salud de sus poblaciones.

La inequidad tiene su origen principalmente en los desiguales ingresos de las personas, que no permiten prevenir y cubrir adecuadamente las necesidades sanitarias.

El informe también abordó el aumento de los contagios de VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida), particularmente de mujeres en los países caribeños.

De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, a fines de 2003, 470.000 hombres, mujeres y niños vivían con VIH/sida en el Caribe, subregión que presenta una de las tasas de incidencia del virus en adultos más altas del mundo, solo superada por África subsahariana.

Según el informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/Sida (Onusida) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado a conocer el lunes, hay 40,3 millones de personas contagiadas en el mundo, lo que constituye un incremento de 2,8 millones en comparación con 2003.

Pero la región caribeña mostró en este último informe un avance al haber logrado revertir en varios casos el progreso de la epidemia.

En América Latina hay 1,8 millones de portadores del virus, 200.000 de los cuales se han infectado durante 2005. Las muertes por sida ascienden a 66.000.

El principal medio de transmisión en el Caribe es el de las relaciones sexuales heterosexuales (64 por ciento), afectando crecientemente a mujeres, con lo cual se ha acortado la brecha de nuevas infecciones con respecto de los hombres.

Las mujeres pobres o económicamente dependientes, advierte el informe, tienen menores posibilidades de negociar cuestiones de sexualidad, una de las principales causas de la expansión de la epidemia.

"Las tasas crecientes de infección entre las mujeres tienen dramáticas consecuencias en términos de morbilidad y mortalidad, para la salud y el bienestar de la familia y la comunidad en general, además del riesgo de transmisión perinatal (madre a hijo)", advierte la Cepal.

Machinea dijo a IPS que a pesar de que América Latina no presenta una epidemia tan marcada como la del Caribe, las características de la enfermedad son similares en toda la región.

Coincidiendo con el diagnóstico del informe, la subdirectora del chileno Centro de Desarrollo de la Mujer, Domos, Ximena Rojas, dijo a IPS que las mujeres viven en constante situación de riesgo frente al sida debido a la desigualdad existente en las relaciones de pareja.

"Hoy los grupos de riesgo no son sólo las trabajadoras sexuales y los homosexuales, sino las mujeres heterosexuales, amas de casa, debido a que éstas tienen poca posibilidad de negociar el uso del preservativo con su pareja, aun sabiendo que ésta mantiene relaciones sexuales con otras personas", afirmó Rojas.

Camilia Maturana, abogada de la no gubernamental Corporación Humanas, que ha trabajado con mujeres portadoras de VIH, advirtió que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no son siempre respetados.

"En Chile existen servicios de salud que realizan esterilizaciones sin consentimiento a mujeres con sida, tal como constató una completa investigación realizada este año", dijo Maturana a IPS.

El problema de las campañas de prevención, según Maturana, es que no transmiten con claridad y naturalidad los mensajes, sobre todo con relación al uso del preservativo, presionadas, en la mayoría de los casos, por los sectores conservadores ligados a la Iglesia Católica, contrarios a este método de protección.

El informe de la Cepal, en tanto, propone incorporar explícitamente la dimensión de género en las políticas y programas de prevención del sida, con el fin de detener y revertir la epidemia.

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