Estados Unidos se arriesga a perder más aliados y llamar otra vez la atención mundial sobre su polémica política de derechos humanos si cumple con la amenaza de cortar ayuda financiera a México por la adhesión de ese país a la Corte Penal Internacional (CPI).
México firmó el Estatuto de Roma de la CPI en septiembre de 2000, pero no lo ratificó formalmente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sino hasta el 28 de octubre, convirtiéndose en el país número 100 que reconoce a ese tribunal con sede en La Haya con jurisdicción en casos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad.
Washington había advertido a su vecino que, si ratificaba el Estatuto de Roma y se negaba a firmar un pacto bilateral para no entregar a soldados estadounidenses que eventualmente fueran requeridos por la CPI, suspendería su asistencia de 11,5 millones de dólares a programas de lucha contra el narcotráfico en territorio mexicano.
Ese monto representa 40 por ciento de la ayuda económica total que México recibe de Estados Unidos.
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Sin embargo, el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez dijo la semana pasada que el gobierno no firmaría el acuerdo bilateral con Washington y que prefería perder la ayuda financiera antes que conceder a Estados Unidos un estatus especial.
Casi todos los países de la Unión Europea (UE), 27 de África y todos menos cuatro de América Latina (Chile, El Salvador, Guatemala y Nicaragua) firmaron y ratificaron el Estatuto de Roma.
La CPI investiga actualmente casos de violaciones a los derechos humanos en la occidental zona sudanesa de Darfur, en la República Democrática del Congo y en Uganda. En este último país emitió órdenes de detención contra cinco líderes del rebelde Ejército de Resistencia del Señor, acusados de haber organizado decenas de miles de asesinatos, secuestros y violaciones.
La ratificación del tratado estuvo estancada en la Cámara de Diputados del Congreso legislativo mexicano durante más de dos años, señaló el consejero legal de la organización no gubernamental Parlamentarios por la Acción Global, con sede en Roma, David Donat Cattin.
Los legisladores decidieron aprobarla sólo después de enviar una delegación a La Haya en septiembre de 2004, que se entrevistó con autoridades de la CPI y con activistas.
"Les hice un informe completo de las consecuencias de tendría el recorte de la ayuda de Estados Unidos a México por la ratificación (del Estatuto de Roma) sin la firma de un acuerdo bilateral" de inmunidad, dijo Cattin a IPS.
"Por tanto, no fue coincidencia que, cuando el Congreso estadounidense adoptaba la Enmienda Nethercutt, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional para aceptar la jurisdicción de la CPI sin vacilaciones", explicó el activista.
"El mismo Congreso mexicano está claramente en contra de un acuerdo bilateral de esa naturaleza (con Estados Unidos), por lo que la posición del gobierno en contra de ese pacto se ha fortalecido", añadió.
La Enmienda Nethercutt, así denominada por su principal patrocinante, el representante George Nethercutt, del gobernante Partido Republicano, prohíbe la entrega de decenas de millones de dólares en ayuda económica a aliados de este país a menos que acepten exceptuar a ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción de la CPI.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos informó que hasta el 29 de septiembre había firmado 100 acuerdos de inmunidad, aunque menos de un tercio de estos fueron ratificados por los parlamentos nacionales o firmados como pactos ejecutivos, esto es, sin necesidad de una ratificación.
"Nuestro objetivo final es firmar 'acuerdos del Artículo 98' (así llamados en referencia a una cláusula del Estatuto de Roma) con cada país del mundo, no importa si han firmado o ratificado la CPI y no importa qué pretendan hacer en el futuro", dijo el embajador estadounidense en la ONU, John Bolton, uno de los más acérrimos enemigos del tribunal.
La CPI sólo tiene jurisdicción para entender en crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002 y que involucren a ciudadanos de los países parte del Estatuto de Roma, siempre y cuando los sistemas judiciales nacionales no puedan o no quieran impartir justicia.
Hasta ahora, 53 miembros de la CPI se han negado a firmar el acuerdo bilateral con Washington, y 14 de ellos perdieron la ayuda estadounidense como consecuencia, según la Coalición para la CPI, una red de más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil que respaldan a la corte con sede en La Haya.
En su dura campaña contra la CPI, los legisladores en Washington también aprobaron la Ley de Protección a Soldados Estadounidenses (ASPA, por sus siglas en inglés), que autoriza al presidente a ordenar una eventual invasión a La Haya para rescatar a militares de su país que fueran detenidos por la CPI.
La ASPA también prevé castigar a países que se sumen a la CPI negándoles asistencia militar, y prohíbe toda participación de Estados Unidos en misiones internacionales de paz a menos que se asegure inmunidad a su personal civil y militar.
A causa de la ASPA, por lo menos 18 estados parte del Estatuto de Roma perdieron ayuda militar estadounidense en 2004.
Pese a estas amenazas, muchos países aún se niegan a firmar los acuerdos de inmunidad con Washington. En Jordania, legisladores intentan bloquear la pretensión del gobierno para suscribirlo, y en Nigeria el parlamento considera anular el ya firmado.
En junio, el presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, expresó su rechazo a firmar el acuerdo de inmunidad con Washington. Ese país sudamericano perdió 15 millones de dólares de ayuda estadounidense en 2003 y perderá otros siete millones este año.
Las críticas contra la mano dura del gobierno de Bush hacia la CPI ahora vienen de diferentes sectores.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Bantz J. Craddock, dijo en marzo al Congreso que las sanciones a los países de América Latina acabaron con varios programas de entrenamiento clave en esa región, y alertó que China, país que busca estrechar los lazos con las naciones latinoamericanas, podría llenar ese vacío.
"Arriesgamos perder contacto con una generación de alumnos militares en muchas naciones de la región", dijo Craddock en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado.
Activistas destacan que México, país que destina 88 por ciento de sus exportaciones al mercado de Estados Unidos, haya desafiado la presión de Washington.
"Es exactamente por la proximidad geográfica y comercial con Estados Unidos que la ratificación de México toma un gran significado en términos de cómo se está aislando el gobierno de Bush en su actitud hacia la CPI", señaló Dicker.
"Sus aliados más cercanos son firmes partidarios (de la CPI), y los que no son partidarios integran lo que la administración llama 'eje del mal'", indicó el activista, y señaló que Washington parece estar dispuesto a adoptar sanciones económicas "aun a riesgo de perder otro aliado y dañar cualquier credibilidad cuando apoye iniciativas a favor del imperio de la ley en el futuro".
"La postura del parlamento y del gobierno de México podría inspirar a otros países a resistir las presiones" estadounidenses, añadió.
