Nueve años después de la promulgación de la última ley de reforma agraria en Bolivia, sólo se logró regularizar 17 por ciento de 107 millones de hectáreas previstas, lo que representa una «bomba de tiempo» social y política, afirmaron investigadores consultados por Tierramérica.
Son "frustrantes" los resultados de la ley 1.715 de 1996, que creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con el fin de regularizar la distribución de tierras, otorgar títulos de propiedad a predios comunitarios de pueblos indígenas y eliminar el latifundio improductivo, según el director del Centro de Estudios e Investigación Social (Cejis), Carlos Romero.
De un total de 107 millones de hectáreas a regularizar, sólo se culminó el procedimiento de 17 por ciento, está en proceso 29,4 por ciento y resta 53,3 por ciento.
"Todos los gobiernos fueron negligentes en la conducción de la reforma agraria. Las dictaduras militares se destacaron por la distribución gratuita y arbitraria de tierras, especialmente en el oriente, para pagar apoyos y lealtades políticas", señala un documento de la Fundación Tierra, cuyo director, Miguel Urioste, fue uno de los autores de la ley.
Bolivia tiene historia en materia de lucha por la tierra. La reforma de 1953, uno de los reclamos de la revolución de 1952, se inspiró en el proceso agrario mexicano iniciado 35 años antes. Pero quedó inconclusa y causó distorsiones, creando el minifundio en el altiplano y valles occidentales (con predios de menos de dos hectáreas) y la instalación de latifundios en las zonas tropicales del oriente (hasta de 50.000 hectáreas).
Este país andino tiene una superficie de 109,8 millones de hectáreas, o algo más de un millón de kilómetros cuadrados. Entre 1953 y 1992 se distribuyeron 60 millones hectáreas, 88 por ciento de las cuales benefició a empresarios, la mayoría en los llanos tropicales, y 10 por ciento a indígenas y campesinos de los valles y el altiplano occidentales, explicó Romero.
De los nueve millones de bolivianos, tres millones habitan zonas rurales.
En 1992, el gobierno decidió intervenir los viejos mecanismos de reforma agraria, y en 1996 promulgó la ley 1.715.
"La reforma está contrarrestada por políticas macroeconómicas y medidas de contra reforma, distorsión que constituye uno de los ejes centrales de los conflictos sociales y políticos que polarizan al país", dijo Romero.
Para Pablo Regalsky, del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda), "el proceso de contra reforma y concentración de la tierra empezó en 1967 y se aceleró y profundizó desde la implantación del ajuste estructural (neoliberal), en 1985".
Según Regalsky, "los gobiernos, presionados por el Banco Mundial, pretenden disponer de la poca tierra fiscal (cuatro millones de hectáreas) para empresas forestales y petroleras, que a la vez actúan en el terreno de la biopiratería, usurpando recursos genéticos, desplazando de esas regiones, a título de áreas protegidas, a la población nativa y campesina".
De acuerdo con un estudio al que tuvo acceso a Tierramérica, realizado por el investigador del Cenda René Orellana, existen concesiones a entidades privadas para aprovechar recursos de biodiversidad, para investigaciones genéticas de la industria biotecnológica, administración de parques nacionales y hasta la venta de certificados de dióxido de carbono.
Simultáneamente, hay más de 200 demandas de regularización de las tierras comunitarias indígenas (54 en el trópico y 160 en la zona andina) que suman 34 millones de hectáreas. En los últimos nueve años, se titularon solo cinco millones.
"Al no efectivizarse la reversión de latifundios, la dotación de tierras fiscales identificadas, ni la implementación de programas de asentamientos humanos, como se pactó en 1996, surgió la violencia por la tierra, creándose grupos de inconformes como el Movimiento Sin Tierra (MST), lo que ha suscitado casos paradigmáticos de confrontación violenta", sostuvo Romero.
Orellana observa que "cada vez más violentos y generalizados son los conflictos agrarios en Bolivia. Los campesinos e indígenas sin tierra han estado protagonizando tomas de tierras, poniendo en cuestión la legislación y la institucionalidad vigente por la lentitud en la resolución de un problema que se convirtió en una bomba de tiempo".
El MST boliviano se fundó en 2000, inspirado en el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que surgió en 1980. Cuenta con cinco mil afiliados y tiene en jaque al Estado invadiendo tierras privadas, particularmente en el trópico, y provocando la ira de los empresarios agropecuarios.
Los investigadores consultados por Tierramérica coinciden en que la Asamblea Constituyente, convocada para julio de 2006, será el escenario donde la discusión sobre la tierra puede convertirse en el talón de Aquiles de la refundación institucional del país.
Los representantes indígenas y campesinos quieren que la demarcación y distribución de tierras se relacione con el concepto de territorio, una jurisdicción político-administrativa autónoma indígena que no sólo incluye la propiedad del suelo, sino del subsuelo, del aire y de todos sus recursos naturales.
El tema estará en el centro del debate de cara a las elecciones presidenciales del 18 de diciembre, donde uno de los candidatos favoritos es el líder indígena y cocalero Evo Morales, apoyado por amplios sectores de los campesinos sin tierra.
Regalsky advirtió que los sectores más conservadores, particularmente los latifundistas del trópico, se resistirán porque el triunfo de las tesis indígenas significaría otra reforma agraria que afectaría a grandes empresas ganaderas, agrícolas y forestales.
Para desactivar la "bomba de tiempo" debe retomarse el proceso agrario, acelerar el saneamiento de tierras, revertir los latifundios improductivos y dotar de tierras fiscales a los sectores excluidos, opinaron los expertos.
* El autor es colaborador de Tierramérica. Publicado originalmente el 12 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
