Muchas corporaciones transformaron su responsabilidad social en una herramienta de mercadeo, que ayuda a aumentar ventas y mejora su imagen. Ahora, en Argentina se impulsa un cambio de paradigma que pasa por abandonar acciones filantrópicas para desarrollar una nueva cultura empresarial.
La denominada Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Responsabilidad Social Empresaria surgió de una coalición de 17 grupos no gubernamentales que trabajan individualmente en temas laborales, ambientales, de género, en defensa del derecho de los consumidores y de lucha contra la corrupción.
Los antecedentes de esta iniciativa se remontan a la campaña contra fabricantes de ropa deportiva que emplean a niños, niñas y adolescentes, realizada por la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Sindicales, y a las propuestas de la Unión Europea recogidas en el llamado "Libro Verde" de la responsabilidad social empresaria.
Sin embargo, la experiencia argentina se destaca por ser la primera en que el impulso nace de un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil tan abarcador desde el punto de vista temático.
La Plataforma se basa sobre principios acordados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización de Estados Americanos, pero muy especialmente remite al Pacto Global del foro mundial, una declaración de principios destinada al sector privado.
Este pacto mundial puesto en marcha en 2000, con un llamado especial del secretario general de la ONU, Kofi Annan, a los líderes y responsables de las compañías, es un compromiso ético para que las empresas adopten en sus estrategias y operaciones normas de conducta y acción en materia de derechos humanos, trabajo, ambiente y combate contra la corrupción.
"Estamos convencidos de la necesidad de plantear un cambio en el paradigma vigente de responsabilidad social empresaria para promover cambios en el corazón de la empresa y no sólo en su departamento de comunicación", señaló a IPS Virginia Lencina, del Área de Acción con Empresarios de la organización no gubernamental Poder Ciudadano.
La propuesta está abierta a sumar nuevos adherentes, pero aún no se ha planificado una agenda de asuntos concretos. "Pueden ser acciones públicas colectivas, pedidos de informes o monitoreo de las empresas más controvertidas", puntualizó. Tampoco está definido aún el papel asignado al Estado en este tema.
Para hacer un seguimiento específico de una firma señalada como posible transgresora de alguno de los principios apuntados se partirá, posiblemente, de una denuncia específica de una de las organizaciones, como por ejemplo de defensa del consumidor, para luego tomar el tema en conjunto con el resto de las organizaciones de la Plataforma.
Los grupos coinciden en que el Estado es el que pone las reglas, el que tiene el deber de fiscalizar la acción empresarial y el que promueve los criterios de responsabilidad social en el sector privado. En ese aspecto, los activistas lo ven como un aliado potencial en la promoción de este cambio de cultura corporativa.
Sobre la responsabilidad social empresaria hay definiciones muy distintas. El arco va desde la posición más conservadora, que sostiene que las firmas privadas tienen la única misión de crear riqueza, hasta la más progresista, que entiende necesario que se destine de modo voluntario parte de las ganancias a acciones filantrópicas.
Pero en los últimos años se ha instalado con fuerza la estrategia de apelar a la responsabilidad social como herramienta de mercadeo y publicidad, con el fin de ganar más clientes.
En ninguno de los casos indicados hay una contribución verdadera al desarrollo, aseguró el sociólogo Álvaro Orsatti, del Instituto Mundo del Trabajo, que participa de la iniciativa.
"Las organizaciones (sociales) pretendemos un cuarto modelo, superador de los anteriores, donde las empresas cambien su cultura", explicó Orsatti a IPS. Esta visión es nueva en América Latina, donde reina la filantropía empresaria, apuntó.
Se "trata de crear conciencia de ciudadanía también en los empresarios", puntualizó el activista.
A modo de ejemplo, un delegado de la Fundación Avina (creada en 1994 por el empresario suizo Stephan Schmidheiny) mencionó la oferta laboral de la empresa de salas de exhibición de cine Village Cinema sólo para "madres, tías, abuelas", de entre 40 y 60 años sin necesidad de experiencia, para desempeñarse en boleterías y otras atenciones al espectador, para lo cual además ofrecían capacitación.
Ese es un caso concreto de cambio de cultura empresarial, de "voluntad de inclusión" de un sector marginado completamente de la oferta de empleo, apuntaron.
Del proyecto de Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Responsabilidad Social Empresaria participan también las dos centrales sindicales de Argentina. "Eso era totalmente inusual hasta ahora, y con esta iniciativa podemos trabajar juntos", celebró el activista.
Esta iniciativa surgió a mediados del año pasado a raíz de la insatisfacción de diversas entidades con lo que juzgaban un "débil compromiso" de las empresas frente al desarrollo sustentable. Así, trabajaron hasta alcanzar una visión coherente y alternativa de la responsabilidad social empresaria.
En los encuentros realizados hasta ahora, los participantes de las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en reconocer una tendencia a la concentración de la riqueza y del poder económico de grandes empresas, en especial de las multinacionales, a las que acusan de operar con un doble estándar según actúen en países industrializados o en desarrollo.
A modo de presentación en sociedad de la Plataforma se estudia hacer un planteo colectivo respecto del riesgo ambiental de las fábricas de celulosa a instalar en la costa del río Uruguay, que motiva una fuerte controversia entre Montevideo y Buenos Aires, como un típico caso testigo de esta dispar actitud de las transnacionales, según comentarios de Lencina y Orsatti.
Ese doble rasero, se señala, afecta negativamente a países "de baja institucionalidad" como los de América Latina, donde las mismas empresas transnacionales pagan salarios más bajos que en el Norte, contratan menos mujeres, se acentúa la inestabilidad laboral, contaminan el ambiente y sobornan en mayor medida a funcionarios públicos.
Como ejemplo de baja institucionalidad se señala el escaso poder de los entes reguladores del Estado sobre los servicios públicos en manos privadas, que no pueden evitar aumentos arbitrarios de tarifas u obligar a brindar servicios muchas veces cancelados sin explicación. También se apunta a la falta de una cultura popular de reclamar por derechos, como el caso de consumidores.
"La ley no lo exige", contestan a menudo las empresas transnacionales ante reclamos de organizaciones no gubernamentales, y "muchas veces tienen razón", comentaron activistas consultados por IPS.
Es que la regulación es escasa y hay mucha sed de inversiones de los gobiernos, ante lo cual las empresas grandes se aprovechan. En estos países del Sur hacen cosas que en sus lugares de origen no pueden porque es ilegal, explican.
Los impulsores de la Plataforma sostienen, entre otros principios, que "las empresas tienen la responsabilidad de crear valor y riqueza, pero también son responsables de la distribución equitativa de ese valor y esa riqueza".
IPS consultó a los distintos sectores sobre sus expectativas. Claudia Collado, de la organización Consumidores Argentinos explicó que les interesaba participar de esta nueva visión, "porque creemos que, si apuntamos a formar un consumidor autónomo, tendrá el poder de premiar a las que sean empresas socialmente responsables".
Por su parte, Claudia Llantada, de la Red de Género y Comercio, también cree que la Plataforma puede ser una herramienta útil para los objetivos de su grupo, pues, a pesar de la mayor incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, las condiciones de esa integración las desfavorecen respecto de los hombres, observó.
Las mujeres son mayoría en los puestos peor remunerados y en empleos informales. "Las empresas tienen muchos prejuicios respecto a la contratación de mujeres porque temen que los costos laborales sean mucho mayores, pese a que está demostrado que no es así", aseguró.
Javier Corcuera, de la Fundación Vida Silvestre, remarcó que muchas empresas "se preocupan del ambiente cuando ya se desató el incendio", en lugar de prever los conflictos de antemano.
"La cuestión ambiental debe ser parte de los valores de la empresa, por eso pedimos un cambio cultural", añadió.
"Hasta ahora, a las empresas les resulta muy fácil avanzar en sus proyectos, pero tendrán que hablar en serio con actores relevantes de la sociedad civil" si la Plataforma toma cuerpo, advirtió.
