En apenas cuatro metros cuadrados pueden vivir hasta cinco personas, durmiendo en el suelo, sin colchones. Defecan en bolsas de plástico y orinan en botellas. Los pasillos se inundan de aguas servidas junto a la basura de días. Así sobreviven los reclusos de la occidental provincia argentina de Mendoza.
Las revelaciones son parte de un informe presentado este miércoles por la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) en Buenos Aires tras una investigación sobre las "condiciones crueles, inhumanas y degradantes" que viven los presos en tres cárceles mendocinas.
"El personal médico sólo es convocado cuando un interno ha muerto", concluye el informe de AI tras mencionar que los reclusos carecen de historia clínica, y escasean los medicamentos, los médicos no ingresan a los pabellones, y algunos enfermos se infligen lesiones para que conseguir atención sanitaria.
En diálogo con IPS, la activista Josefina Salomón consideró que muchas recomendaciones propuestas por AI para mejorar rápidamente las condiciones de reclusión "requieren de voluntad política más que de presupuesto". No obstante, esas medidas no se adoptan, o al menos no con la urgencia que el caso requeriría.
Salomón admitió que en un país con serios problemas de seguridad y criminalidad en aumento como Argentina, resulta difícil sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad del maltrato a los presos, prohibido por la Constitución federal y provincial y considerado delito.
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"Cárceles como las de Mendoza solo contribuyen a empeorar el problema", advirtió. "Los detenidos, en la mayoría de los casos en calidad de procesados, salen peor de lo que ingresaron", alertó.
De acuerdo con la Constitución nacional, las cárceles deben ser "limpias, sanas y seguras" y "no para castigo de los detenidos". La carta magna mendocina también establece que las prisiones "son hechas para seguridad y no para mortificar a los detenidos".
Pero las condiciones carcelarias son lastimosas en varias provincias. En Buenos Aires, donde se concentran la mayor parte de los detenidos del país, los motines y los episodios que derivan en muertes violentas se repiten cada vez con más frecuencia.
AI expresó su preocupación pues desde 2000, 40 internos murieron en situaciones violentas en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial, y solo en dos casos las investigaciones avanzaron para esclarecer las causas.
También señaló que los guardias mendocinos usan capuchas para golpear a los presos en requisas generales destinadas a imponer disciplina. Para protestar por los castigos y las condiciones de reclusión, 14 detenidos de entre 18 y 21 años se cosieron este año la boca durante días, hasta provocarse algunas infecciones.
Basado en testimonios de abogados de derechos humanos de la provincia, el documento de AI advierte que algunos de los jóvenes oficiales involucrados en torturas en la provincia durante la dictadura militar (1976-1983) tienen hoy altos cargos en el sistema penitenciario de Mendoza.
Según declaró a AI el padre de un joven detenido a los 16 años por robo —y que hoy, con 20 años, aún espera sentencia—, el maltrato a los presos y a sus familiares es constante. "Acá mandamos nosotros, los jueces que se callen la boca", le respondieron cuando protestó por el tratamiento dado a su hijo, afirma su relato.
Según el padre, el recluso debe tolerar escupidas en las comidas, robos de su ropa y prácticas como colocar los alimentos que su familia le envía en el patio, "para que se lo coman las palomas". Cuando protestó, le advirtieron que podían entregarle a su hijo "en un cajón".
La misión de Amnistía que elaboró el informe visitó las prisiones en mayo y se reunió con autoridades provinciales, abogados de derechos humanos y familiares de los presos. Pero también recogió información de inspecciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en esas mismas cárceles en 2004.
En aquella oportunidad, el comisionado Florentín Meléndez había declarado que en "la Penitenciaría", nombre con que se conoce la principal cárcel de Mendoza, "no podemos distinguir lo que es un baño. Las cloacas están colapsadas, el abandono es total. (El lugar) no es apto ni para animales", sentenció.
Construida a comienzos del siglo XX, la Penitenciaría fue pensada para alojar a 600 detenidos, pero ahora viven allí 1.600, en condiciones edilicias muy deterioradas. Los procesados conviven en las mismas celdas con condenados, y los adultos con menores de 21 años, dos hechos prohibidos por la ley.
La CIDH elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en 2004 ese tribunal conminó al gobierno de Mendoza a adoptar "medidas provisionales de manera inmediata" a fin de "proteger la vida y la integridad personal de los detenidos" e investigar a los responsables de los maltratos y muertes.
El reclamo fue reiterado en junio de este año, pero según AI, las mejorías "no son sustanciales". El gobierno de Mendoza procura construir nuevas cárceles y redujo parcialmente el hacinamiento con algunos traslados, reconoció Amnistía. Además, tuvo una actitud de colaboración con la delegación de activistas, dice el informe.
Sin embargo, "no hay mejoras en las condiciones sanitarias, ni agua potable, ni colchones suficientes. Los que hay son de pésima calidad", señala uno de los enviados por la CIDH en octubre de este año. El inspector detectó que persistían los encierros prolongados dentro de las celdas y la mezcla de condenados y procesados y de adultos con menores.
La salud de los detenidos era todavía "lastimosa y deplorable" en octubre, según el enviado. Los médicos siguen sin visitar a los presos y tampoco hay enfermeros, odontólogos, psiquiatras o psicólogos para atender a los internos ni a los guardias, que trabajan con menos horas de descanso que las regladas.
El informe de Amnistía señala que el gobierno de Mendoza creó este año un segundo juzgado de ejecución penal a fin de acelerar los procesamientos de detenidos. Pero desde marzo, la oficina está vacante.
AI urgió a las autoridades a "cumplir con las recomendaciones" de la Comisión y la Corte interamericanas y llamó al gobierno a elaborar un plan de política penitenciaria con participación de la sociedad civil, garantizando el presupuesto adecuado para su urgente puesta en práctica.
