La tala ilegal abonada por intereses corruptos que involucran a importantes figuras políticas devasta los bosques de pino y caoba de Honduras, advirtieron este jueves dos importantes instituciones especializadas estadounidenses.
La Agencia de Investigaciones Ambientales (EIA) y el Centro para Políticas Internacionales (CIP) indicaron en un informe conjunto que la situación es especialmente grave en la nororiental provincia hondureña de Olancho.
El estudio se basa sobre una serie de visitas a Honduras realizadas el año pasado por investigadores de EIA que fingieron ser compradores clandestinos de madera, ardid con el que lograron identificar a las grandes compañías y políticos detrás de esa actividad ilegal.
Entre ellas, se destaca José Lamas S. de R. L., proveedora de productos de pino para la gigantesca empresa de muebles estadounidense Home Depot.
Si la explotación de bosques continúa al ritmo actual, la caoba del país centroamericano se extinguirá dentro de 10 a 15 años, según el informe de 45 páginas titulado "La crisis de la tala ilegal en Honduras".
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Las operaciones amenazan ahora la Reserva de Biosfera del Río Plátano, sitio calificado de Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El gobierno hondureño no ha aportado suficientes fondos a vigilar el cumplimiento de las leyes sobre tala, por lo que pierde hasta 18 millones de dólares al año en impuestos al derribo de árboles, entre otros gravámenes, según el estudio.
"La tala ilegal está creando un desastre ambiental en Honduras. La exportación de esta madera ilegal aumenta la pobreza, alimenta la corrupción y devasta a las comunidades pobres", dijo el presidente del CIP, embajador Robert White.
"Hasta 80 por ciento de la caoba hondureña es talada ilegalmente", sostuvo este diplomático estadounidense retirado. "Como nuestro país es el principal importador, deberíamos usar el derecho comercial para reprimir estas transacciones ilegales, si Honduras no puede o no quiere."
De hecho, 80 por ciento de la caoba y hasta la mitad del pino que se corta en Honduras se exporta para alimentar la voraz demanda de comercios como Home Depot, en Estados Unidos, así como a la Unión Europea (UE).
Y es así, a pesar de que el presidente estadounidense George W. Bush se comprometió hace dos años a tomar medidas fuertes para detener el tráfico ilegal de madera.
"La demanda de productos madereros baratos —mangos de escoba, estacas para tomate, postes de cerca, madera aserrada, puertas, ventanas y leña para iniciar el fuego— alienta la deforestación en toda Honduras, impulsada por la falta de controles que identifiquen en Estados Unidos y en la UE la madera ilegalmente talada e impidan su ingreso", dijo el presidente de la EIA, Allan Thornton.
Las puertas de caoba especialmente elaboradas para la boda del magnate hotelero neoyorquino Donald Trump en su mansión en Miami es originaria de empresas que se dedican a la tala ilegal, dijo Thornton.
Esa madera también puede encontrarse en el edificio del Congreso legislativo estadounidense y en la popular cadena de restaurantes The Olive Garden, agregó.
"Este informe vincula al productor de puertas de caoba y el exportador con la tala ilegal de caoba en la reserva de Río Plátano, aunque ese vínculo puede no ser intencional", según el experto.
Los árboles talados ilegalmente constituyen un "recurso robado masivamente y a nivel nacional por grandes productores de madera y productos madereros y por los políticos de alto nivel que los apoyan".
Esta actividad es posible por la complicidad de dirigentes políticos, la Administración Forestal del Estado, las compañías madereras, aserraderos, empresas de transporte de carga, taladores, gobiernos locales y autoridades policiales, según el estudio estadounidense.
Durante años, activistas como el sacerdote católico Andrés Tamayo, ganador del Premio Ambiental Goldman este año, convocaron al público mundial a preocuparse por la tala ilegal en Olancho, la región más forestada de Honduras, y otras áreas del país.
Tamayo lidera el Movimiento Ambientalista de Olancho, cuyos integrantes —la mayoría de ellos pequeños agricultores— sufrieron amenazas, intimidaciones, ataques y hasta el asesinato, como fue el caso del legislador local Carlos Luna, muerto en 1998.
Entre los implicados en el crimen figuran el magnate maderero y ex miembro del Batallón 3-16, un escuadrón de la muerte entrenado por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) Jorge Chávez, cuyo suegro, Rafael Pineda Ponce, fue presidente del Congreso legislativo.
También fue asesinado el ambientalista Carlos Roberto Flores, líder de la municipalidad de Gualaco, a quien balearon en 2001 guardias de Energisa, una compañía privada que construía una represa en el Parque Nacional Sierra de Agalta, en Olancho.
Carlos Arturo Reyes fue asesinado en 2003 en su casa en El Rosario, también en Olancho. Su nombre figuraba en una lista entregada a sicarios y obtenida por Amnistía Internacional. Reyes reclamaba una moratoria a la tala de madera.
La tala ilegal es posible por la corrupción, el soborno y la falta de controles, en particular por parte de la Administración Forestal del Estado y la policía, según el informe.
Las leyes permiten una extracción de 1,2 metros cúbicos de madera cada año, pero el volumen real es mucho mayor "porque no hay control sobre la tala ilegal", según el director de la Administración, Gustavo Morales.
La mayor parte de la extracción y las exportaciones son realizadas por 10 grandes, poderosas y bien conectadas compañías, que salvaguardan sus intereses en parte aportando generosas contribuciones a campañas electorales.
El principal empresario maderero —y tal vez el hombre más rico de Honduras—, el cubano José Lamas, es propietario de la mayor empresa, así como de Aljoma Lumber Inc., importante proveedora de Home Depot.
En entrevistas realizadas por los investigadores encubiertos de EIA, gerentes de Aljoma calcularon que la producción total de la compañía para la exportación era de 70 millones de pies cuadrados mensuales, 60 por ciento de la producción hondureña total.
Además de tres de los principales aserraderos de Honduras, la compañía opera varios clandestinos situados en Olancho, según el estudio. Un representante de la empresa describió a Home Depot como "la gallina de los huevos de oro de Aljoma" y su principal cliente.
La segunda compañía en importancia es Comercial Maderera Noriega, cuyo propietario es Guillermo Noriega. La empresa se dedica a la exportación de pino aserrado.
Gilma Noriega, hija del empresario y una de las principales ejecutivas de la firma, dijo a investigadores de la EIA que la empresa se especializa en bosques de árboles antiguos, y que paga habitualmente sobornos a funcionarios locales.
"Hemos estado en Olancho 16 años. Debes tratar con el alcalde del pueblo, darle algún dinero", dijo Gilma Noriega, cuya familia está muy vinculada con el actual presidente del Congreso legislativo Porfirio Lobo Sosa, a cuyas campañas electorales contribuyen.
La corrupción ha permitido el continuo talado de caoba en la reserva de Río Plátano, según el estudio. Esa producción es luego transportada a Nicaragua y exportada como "madera nicaragüense" a otros países.
La mayor parte de la demanda de caoba, que alcanza un precio internacional de 1.300 dólares por metro cúbico, procede de Estados Unidos, pero la fabricación de muebles se realiza en la ciudad hondureña de San Pedro Sula.
Los investigadores de la EIA descubrieron que las principales compañías manufactureras de esa madera, Millworks International y Caoba de Honduras, recibían la mayor parte de sus insumos de la reserva.
