En Venezuela, donde posiblemente la desaparición forzada de opositores comenzó antes que en el Cono Sur de América, se lanza ahora, mucho después, una búsqueda de la verdad y de los restos de quienes jamás fueron encontrados.
"Mi hermano, Alejandro Tejero, era dirigente de la Juventud Comunista. Un día, cuando se encontró frente a un cine en Caracas con su amigo Eduardo Navarro, a quien también desaparecieron, fue detenido y no lo vimos nunca más", contó a IPS María Teresa Tejero. Ese día fue el 11 de mayo de 1967.
Tejero "fue detenido por el Servicio e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en cuyos sótanos se le torturó un mes, y luego fue llevado a un Teatro de Operaciones (militares) antiguerrilla, en Yumare (300 kilómetros al oeste) donde también fue torturado hasta que desapareció", relató.
¿Cuántos desaparecieron como Tejero en los años en que el Partido Comunista (PCV, prosoviético) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, entonces castrista) animaron desde la clandestinidad, en los años 60, una lucha armada?
"Estimo que hubo más de 1.000 desaparecidos, solamente en la época del ex presidente Raúl Leoni (1964-1969), con cuyo gobierno se inició esa figura", declaró a IPS el vicepresidente venezolano José Vicente Rangel.
Hacia 1964 "se activaron manuales de represión selectiva para América Latina que incluyen desde la tortura hasta la desaparición de opositores de izquierda, producidos por la castrense Escuela de las Américas en Estados Unidos", observó a IPS el historiador Agustín Arzola, autor del libro "La desaparición forzada en Venezuela".
"Esa figura apareció en el marco de una 'pentagonización' de la fuerza armada latinoamericana y venezolana en particular, con debilitamiento del poder civil y fortalecimiento del poder militar, que lleva a los 'teatros antiguerrilleros' (centros de represión), que resumen todo el poder del Estado al margen de la Constitución", dijo Rangel.
Simón Sáez, fallecido líder del MIR, recordó a Arzola que a las puertas del 'teatro antiguerrillero' de Cocollar, una instalación rural en el oriente del país, existió un letrero que rezaba "La Constitución llega hasta aquí".
Rangel, que en los años 60 y 70 fue diputado por partidos de izquierda, recogió en un libro, "Expediente Negro", una investigación parlamentaria sobre el más sonado caso de desaparición y muerte de un opositor en esos años de violencia política, el de Alberto Lovera, dirigente del Partido Comunista.
Lovera fue detenido en Caracas el 18 de octubre de 1965 por agentes de la policía política (civil), quienes lo torturaron a tal punto que autoridades militares del Cuartel San Carlos, en la capital, y de un teatro de operaciones (base militar) se negaron a recibirlo cuando aún estaba agonizante.
Sus torturadores entonces ataron el cuerpo con cadenas y un pico de los utilizados para cavar zanjas, y lo arrojaron al mar Caribe en el oriente del país, pero las olas devolvieron su cadáver a una playa de pescadores el 27 de octubre de ese año.
El primer desaparecido registrado por Arzola fue Víctor Soto, dirigente juvenil del MIR, detenido el 27 de julio de 1964. Los últimos, Noel Rodríguez, en 1973, y Nicolás Montes, en 1980, cuando eran presidentes, respectivamente, los democristianos Rafael Caldera (1969-1974) y Luis Herrera (1979-1984).
De acuerdo con Arzola, "se han documentado unas decenas de casos, de los más conocidos porque eran líderes estudiantiles o gremiales, o fueron capturados en zonas urbanas, pero hubo muchos más cuando las fuerzas del Estado reprimieron sin testigos en zonas rurales".
En los años 60, el PCV y el MIR animaron guerrillas urbanas y rurales, pero luego de pacificarse y regresar a la lucha política "de masas" quedaron desprendimientos suyos, el Frente de Liberación Nacional y el grupo Bandera Roja, con actividades armadas durante la década del 70.
¿Por qué lanzar a tantos años de distancia una actividad de investigación como ésta?
"Nunca perdimos la esperanza de saber. Los desaparecidos no son fantasmas. Pero sobre todo es nuestra obligación con ellos, para que su muerte no sea en vano, difundir estos hechos, honrar su memoria y luchar contra la impunidad", dijo Tejero.
Por su parte, Rangel señaló que "es el mismo propósito que tuvieron los chilenos, los argentinos, los uruguayos, brasileños y guatemaltecos, es decir, que la memoria es muy importante".
"Hay gente a la que no le importa que hayan matado, desaparecido y torturado, pero a otra sí nos preocupa eso", añadió el vicepresidente.
Arzola dijo que en sus pesquisas con familiares "lo que hemos encontrado es un profundo sentimiento de justicia".
"También soy partidario de reparaciones materiales a los familiares de las víctimas, como se hizo con la madre de Víctor Soto", María de Soto, quien con casi 100 años de edad recibió hace unos meses una pensión del Ministerio de Educación.
Tejero señaló que además se trata de una reacción "en un momento en que la oposición a este proceso de cambios que vive Venezuela —liderado por el presidente Hugo Chávez— comenzó a hablar de prisioneros desaparecidos, cuando en realidad las desapariciones se produjeron durante las décadas en que se enfrentó al viejo régimen".
Varios familiares han creado la Asociación Bolivariana contra el Silencio y el Olvido, y el parlamento designó una comisión, integrada por diputados oficialistas y que dirige el vicepresidente Ricardo Gutiérrez, para investigar asesinatos, desapariciones y torturas en el marco de la violenta lucha política de los años 60 y 70.
"La intención no es vengarse de nadie, sino conocer la verdad, recuperar los cuerpos para darles cristiana sepultura y alentar a los familiares que durante años han reclamado justicia", aseveró Gutiérrez.