El empleo en Argentina pasa, según el lenguaje coloquial, del blanco al negro, es decir del legal y protegido al informal y sin cobertura social. En medio existe una gama de grises, en especial cuando el contratante es paradójicamente el propio Estado.
Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indican que 47,2 por ciento de los asalariados argentinos trabajan "en negro", lo cual equivale a casi cinco millones de personas. El porcentaje en esa situación es menor que el extremo alcanzado en 2003, cuando llegó a 49,5 puntos, pero aún es casi el doble de los niveles de los años 90.
Como en otros países de América Latina y el Caribe, el trabajo fuera del sistema legal creció en Argentina de la mano del alto desempleo. Empero, ahora que esa variable tiende a bajar, el fenómeno persiste.
En tanto el trabajo "en gris" responde a una cultura que el propio Estado comenzó a desarrollar en los años 80 para justificar el contrato de profesionales y técnicos con altos honorarios.
Los trabajadores "en negro" perciben un ingreso mensual con relativa continuidad, pero no están registrados en las empresas, que por consiguiente no realizan los aportes correspondientes para su seguro de salud o jubilación, mientras que el pago de beneficios tales como vacaciones, aguinaldo o licencias especiales depende de la absoluta voluntad del empleador.
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El Ministerio de Trabajo advirtió este año que habrá "fuertes sanciones y multas" a las empresas que contraten asalariados sin registrarlos, pero nada dijo respecto de las modalidades intermedias a las que son muy adeptos diferentes estamentos estatales.
"Acá hay una gran hipocresía, porque el Estado, que es la autoridad de aplicación de las normas, las viola claramente cuando actúa como empleador", explicó a IPS Ernesto Kritz, experto de la Sociedad de Estudios Laborales, quien calcula que en esa situación hay unos 100.000 trabajadores en todo el país.
Las modalidades son diversas. Hay empleados administrativos, artistas o maestros y profesores que perciben una parte de su salario "en blanco" y otra "en negro", proporción esta última que no tributa a la seguridad social y por lo tanto perjudicará el monto jubilatorio al momento del retiro de esos trabajadores.
En esta categoría están, por ejemplo, miles de empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya iniciaron un juicio para que la comuna abone las diferencias previsionales acumuladas desde 1992.
Ese gobierno del distrito de la capital argentina comenzó este año a regularizar el pago completo de salarios, pero sigue en deuda por los aportes no realizados durante 13 años.
El Estado nacional también lanzó este año iniciativas para regularizar a los trabajadores ubicados en las zonas grises, sobre todo para los que están en la categoría de contratados.
Esa modalidad implica que el trabajador firma un "contrato de prestación de servicios", que se renueva permanentemente bajo las mismas condiciones durante largos años, explicó Kritz.
"Se trata de una relación laboral de dependencia que está encubierta por un contrato precario", precisó.
El contratado no tiene derecho al cobro de vacaciones ni al llamado salario número 13, pero tampoco es un empleado "en negro" porque él mismo está obligado a asumir el costo de inscribirse en la seguridad social y realizar aportes para la jubilación como condición para recibir sus honorarios, que consisten en una suma fija previamente acordada.
"Yo trabajo como contratada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace seis años", contó a IPS una profesional que prefirió el anonimato. "Mi madre está ocupada en otra área desde hace ocho, y también, igual que yo, con un contrato que se renueva cada seis meses o una vez por año", abundó.
Esta forma de contratación impide acceder a las vacaciones pagas que fija la ley laboral y, por tanto, deben ponerse de acuerdo entre sus iguales para tener unos días de descaso anual. Tampoco cuentan con licencias por enfermedad o maternidad ni cobran remuneraciones especiales por matrimonio, nacimiento, adopción o escolaridad.
De esa manera existe una "planta permanente" de empleados "en blanco", con estabilidad, buenos salaros, aguinaldo y vacaciones, y otros que integran la plantilla de "contratados" que, si bien cumplen funciones similares, no tienen los mismos beneficios y están bajo la amenaza constante de que no se les renueve el contrato.
Para paliar estas contradicciones, el gobierno nacional del centroizquierdista Néstor Kirchner y los de algunas provincias están procurando incluir a los empleados contratados en la grilla de personal permanente.
Pero no siempre el traspaso resulta sencillo por razones legales. En la ciudad, la ley reclama que los puestos se cubran por concurso de antecedentes.
Ante esta traba, el gobierno comunal decretó este año que todos los trabajadores contratados hasta diciembre de 2004 integrarán una "plantilla transitoria", que gozará de casi todos los beneficios de los funcionarios permanentes. Los contratados ya no tendrán que pagar su seguridad social y tendrán aguinaldo y vacaciones.
El secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado en Buenos Aires, Rodolfo Arrechea, dijo a IPS que "la solución no es definitiva", porque al ingresar a una plantilla "transitoria" los contratados sólo tendrán una estabilidad que se renovará una vez al año. "Es apenas un pequeño paso", apuntó.
También existen los llamados becarios, pasantes, meritorios o concurrentes, que trabajan para las distintas dependencias del Estado en general sin salario ni beneficios, sólo a cambio de adquirir experiencia o en busca de su oportunidad.
Los becarios no vuelcan aportes a su seguridad social ni cuentan con los beneficios laborales y vacacionales, mientras que las demás categorías ni siquiera reciben retribución por su labor en, por ejemplo, el servicio exterior, la administración de justicia, salud pública o universidades.
En esta última situación están los llamados meritorios en el Poder Judicial, que trabajan a la espera de un puesto mientras recogen experiencia, los médicos y psicólogos, que en lugar de cumplir con la residencia pagada hacen "concurrencia" por varios años, y los pasantes en el servicio exterior, que lo hacen para mostrar sus talentos en busca de un empleo rentado.
Se trata de las distintas modalidades del trabajo en gris, ocultas bajo el empleo público.
