Atender las causas de la delincuencia a través de la acción de los actores sociales parece ser clave para combatirla, pero la necesidad de resultados inmediatos impulsa la represión, diagnosticó un foro internacional que concluyó este viernes en la capital chilena.
"Es muy importante que se vincule la violencia y el delito al desarrollo y la exclusión social", expresó la secretaria ejecutiva adjunta de la Cepal, Alicia Bárcena, durante el V Coloquio Anual Internacional para la Prevención del Delito, inaugurado el jueves.
Para la representante de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), es imprescindible resolver en la región el desigual acceso a la educación y al mercado de trabajo, sobre todo de los jóvenes, con el fin de combatir los delitos desde sus orígenes.
Pero en el encuentro, organizado por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) y el gobierno de Chile con apoyo de la Cepal, quedó en evidencia la dificultad que tienen los países para equilibrar los dos polos: la prevención y el efectivo control de las infracciones a la ley.
El CIPC es una red que integra a gobiernos nacionales, autoridades locales, agencias públicas, organizaciones no gubernamentales e instituciones especializadas en seguridad ciudadana de todos los continentes.
Fue creado en 1994 por iniciativa de Francia y Canadá para el intercambio de conocimientos y experiencias, con el fin de mejorar las políticas y los programas que tratan de evitar que se cometan delitos dentro de los países.
En el coloquio se reunieron autoridades, parlamentarios y académicos de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, México y Sudáfrica.
La reunión trató dos temas principales: las alianzas estratégicas entre el sector público, privado y la sociedad civil y el rol del ámbito privado en la prevención del delito.
La presidenta del CIPC, Raymonde Dury, subrayó la gran preocupación ciudadana por la delincuencia en todo el mundo, advirtiendo que se asiste a "nuevas formas de delitos que se deben enfrentar con nuevas formas de prevención".
Es necesario fomentar la cooperación entre los sectores público y privado, ampliando hacia toda la sociedad las responsabilidades con relación a la seguridad, que tradicionalmente han recaído en los gobiernos centrales, los sistemas judiciales y las policías.
Durante el foro también se formalizó la incorporación al CIPC de Chile, país que por estos días vive su propio debate acerca de la delincuencia, en el marco de las campañas de los cuatro candidatos que compiten para las elecciones presidenciales del 11 de diciembre.
La nota polémica la puso el derechista Joaquín Lavín, líder de la Unión Demócrata Independiente, quien propuso la construcción de una cárcel-isla en el sur del país, al más puro estilo de Alcatraz, la famosa prisión estadounidense cerrada en 1963 por atentar contra los derechos humanos.
La idea fue rechazada por los otros tres candidatos, el también derechista Sebastián Piñera, la socialista Michelle Bachelet, de la coalición gobernante de centroizquierda, y Tomás Hirsch, de la izquierda extraparlamentaria, quienes pusieron el acento en un enfoque social del problema y en mayores dotaciones policiales.
Según datos del Ministerio del Interior, en el segundo trimestre de este año los delitos más denunciados en Chile fueron robo con fuerza (251,9 por cada 100.000 habitantes), y hurto (140,7 por cada 100.000 habitantes), en tanto que los homicidios alcanzaron 0,4 por cada 100.000 habitantes.
Asimismo, entre 1992 y 2005 la población carcelaria aumentó en 16.951 personas, contabilizándose actualmente 37.209 internos en los penales, se señaló en la reunión.
Según el subsecretario de gobierno de la provincia argentina de Rosario, Horacio Ghirardi, la polémica sobre las formas efectivas de atender la delincuencia también se da en su país.
"Los sectores más vinculados a la derecha política y económica pretenden agudizar los modelos tradicionales, es decir, más represión, endurecer las penas, bajar los años de imputabilidad de menores, más cárceles, más patrulleros recorriendo la ciudad, mientras que los vinculados a la izquierda y a los grupos sociales y barriales, proponen resolver la tremenda exclusión social que se vive en nuestras ciudades", señaló Ghirardi a IPS.
El viceministro del Interior de Chile, Jorge Correa Sutil, valoró la incorporación de su país al CIPC. "Para mejorar nuestro trabajo en seguridad debemos mirar la experiencia extranjera, comparando las dificultades, formas de diagnóstico, caminos seguidos, sistemas de medición y resultados obtenidos en cada país", comentó a IPS.
Según Correa Sutil, una de las tareas pendientes "es delimitar la función del gobierno, de las policías y de los municipios", junto con regular la oferta de servicios privados, como la venta de alarmas domiciliarias, las cuales al activarse en forma incorrecta dilapidan recursos del Estado.
Una de las principales cuestiones del encuentro fue cómo convertir al sector privado en un actor estratégico en términos de seguridad ciudadana, considerando sus potencialidades y riesgos, sobre todo el de generar una industria de represión del delito.
El asesor del parlamento de Ecuador, José Muñoz, dio a conocer la política que se está siguiendo para combatir la delincuencia en Quito, que consiste en una alianza entre el municipio y los organismos públicos y privados de la ciudad.
El énfasis está puesto en la prevención, seguida por el control. Los principios rectores del programa son el desarrollo de la institucionalidad, la promoción de la cultura, educación y participación ciudadana, la creación de un sistema de información, la protección social de la población en riesgo y el resguardo del ambiente, describió Muñoz.
Gracias a los buenos resultados obtenidos hasta ahora, en el Poder Legislativo se está discutiendo un proyecto de ley de seguridad y convivencia ciudadana, que permitiría replicar la experiencia de Quito en el resto del país, agregó.
Siguiendo estas mismas concepciones, en Bogotá se instauró el Pacto por la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, que involucra en el combate a la criminalidad al gobierno central, al municipio, las policías, a la Cámara de Comercio y al sindicato de taxistas, entre otros actores.
El investigador y asesor de la alcaldía de la capital colombiana, Elkin Velásquez, recordó que en esa ciudad el desempleo alcanzaba a 16,9 por ciento, con 33 por ciento de empleo informal, y que se registraban 22,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de ese país que vive una guerra civil de más de cuatro décadas.
Roger Howard, jefe ejecutivo de Crime Concern, una organización no gubernamental dedicada a la prevención del delito en Gran Bretaña, destacó una coordinación muy fructífera entre los sectores público y privado, pero también se refirió a problemas persistentes como la atención de comunidades minoritarias y la dificultad para establecer políticas de largo aliento.
El director general interino de la CIPC, Daniel Sansfaçon, dijo a IPS que algunos de los desafíos para la prevención eran capacitar a todos los sectores involucrados, promoviendo su integración, acompañar las distintas experiencias, equilibrar las metas de corto y largo plazo y desarrollar programas a partir del conocimiento internacional, adaptándolos a las situaciones especificas de cada lugar.
