El gobierno de Estados Unidos pagará a organizaciones religiosas la asistencia que brindaron a víctimas de los huracanes Katrina y Rita, que se abalanzaron el mes pasado sobre el sur de este país.
La decisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fue aplaudida por simpatizantes de la Iniciativa Basada sobre la Fe, lanzada por George W. Bush al comienzo de su presidencia en 2001, y criticada por los defensores de la separación de Iglesia y Estado.
La Iniciativa Basada sobre al Fe tiene el objetivo, según Bush, de "nivelar el campo de juego", es decir de remover los obstáculos que impiden a las organizaciones religiosas competir con las seculares por fondos estatales para brindar servicios sociales.
"Organizaciones religiosas podrán recibir pagos si operaron refugios de emergencia, centros de distribución de alimentos o instalaciones médicas a pedido de gobiernos estaduales o locales en los tres estados en que se declaró la emergencia", informaron funcionarios de la FEMA.
El editor del semanario evangélico World, Martin Olasky —asesor de Bush desde que el actual presidente era gobernador de Texas—, aseguró que las organizaciones religiosas habían figurado entre las que realizaron mayores esfuerzos para aliviar a los damnificados por el huracán.
Olasky admitió que la mayoría de las organizaciones religiosas no aceptarían el dinero del gobierno porque "trabajaban por amor a Dios", y también porque "pretenderían evitar enredos políticos y preservar su base de donantes voluntarios".
De todos modos, "es bueno que los grupos religiosos tengan las mismas posibilidades que los seculares", añadió.
"La decisión de la FEMA fue, al parecer, tomada por política", dijo a IPS Rob Boston, director asistente de comunicaciones para Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado. "Parece un esfuerzo del gobierno de Bush para sacar ventaja de una situación trágica aplacando a su electorado conservador."
"Después de la ineptitud de la FEMA tras el huracán Katrina, es preocupante que el gobierno de Bush siga metiendo la pata", dijo el reverendo Barry W. Lynn, director ejecutivo de Estadounidenses Unidos.
"Antes de arrojar millones de dólares de los contribuyentes a las iglesias, debe haber responsabilidades y garantías explícitas para proteger a los civiles y el derecho a la libertad religiosa de quienes necesitan ayuda", advirtió el clérigo.
La comunidad religiosa se movilizó con rapidez ante la catástrofe de Katrina, a la luz de la anémica respuesta inmediata de Bush, la falta de planificación de los gobiernos de Estados Unidos y de los estados de Alabama, Louisiana y Mississippi y la impuntualidad de la poco adecuada ayuda a las víctimas por parte del FEMA.
Miles de vigorosos y entusiastas voluntarios afiliados a una amplia gama de organizaciones religiosas se apresuraron a alimentar a los hambrientos, dar abrigo a los sin techo y ofrecer todo tipo de asistencia.
El director de la Oficina de Iniciativas Basadas sobre la Fe y Comunitarias de la Casa Blanca, Jim Towey, reconoció, entrevistado por la revista Christianity Today, el papel "instrumental" jugado por las organizaciones religiosas en la asistencia a los damnificados.
De todos modos, Towey recordó que el gobierno se ha comprometido a establecer "un campo de juego nivelado, para que las organizaciones basadas sobre la fe no sufran discriminaciones en su perjuicio".
Poco después de su investidura en 2001, Bush emitió dos decretos para implementar su Iniciativa Basada sobre la Fe.
En primer lugar, estableció la Oficina que dirige Towey y, luego, ordenó a los departamentos (ministerios) de Salud y Servicios Humanos, Trabajo, Justicia, Educación y Vivienda y Desarrollo Urbano a establecer organismos similares.
En la actualidad, ocho agencias federales y la Agencia para el Desarrollo Internacional y la Administración de Pequeñas Empresas tienen ese tipo de oficinas.
El objetivo de esos organismos es revisar "regulaciones, normas, decretos, compras y otras políticas y prácticas internas" que puedan "discriminar, desalentar o dejar en desventaja la participación de organizaciones basadas sobre la fe y otras de tipo comunitario en los programas federales".
Los resultados de ese análisis fueron publicados en un informe titulado "Campo de juego sin nivelar: Barreras a la participación de organizaciones basadas sobre la fe y comunitarias en los programas federales de servicio social".
El estudio concluye que existe un "extendido sesgo contra organizaciones basadas sobre la fe y religiosas en los programas federales de servicio social".
"Nivelar el campo de juego" se convirtió en el mantra del gobierno, para el cual las leyes debían cambiarse con el fin de que las organizaciones religiosas recibieran dinero del gobierno pero manteniendo su carácter de tales.
Por otra parte, quienes se oponen a esas medidas advierten que, al mantener su carácter religioso, las organizaciones podrían caer en prácticas de contratación discriminatorias.
Por otra parte, "nivelar el campo de juego" no es una fórmula nueva para Bush, quien ya lo aplicó como gobernador de Texas.
Con ese argumento, Bush promovió la aprobación de leyes que aliviaban las regulaciones de programas sociales, entre ellas las que imponían la licencia, inspección y control de agencias para el tratamiento de drogadictos y orfanatos, recordó en 2001 Samantha Smoot, entonces directora ejecutiva de la Red Libertad de Texas.
Como gobernador, Bush "ordenó explícitamente a esa oficina eliminar barreras legislativas, regulatorias y burocráticas innecesarias que impiden a esfuerzos religiosos y de la comunidad resolver efectivamente los problemas sociales", explicaba Smoot.
La iniciativa de Bush aún debe dar pie a una gran iniciativa legislativa, pero el mayor obstáculo que tiene son las objeciones a la posibilidad de que dinero del fisco se dirija a organizaciones religiosas que tratan de practicar la discriminación en sus políticas de empleo.
De todos modos, según admitió Jim Towey a Christianity Today, el gobierno de Bush entregó el año pasado más de 2.000 millones de dólares a organizaciones religiosas.
El diputado Mark Green, del gobernante Partido Republicano, presentó en marzo un proyecto titulado Ley de Herramientas para Iniciativas Comunitarias, que convertiría oficinas públicas como la de Iniciativas Basadas sobre la Fe y Comunitarias de la Casa Blanca en "parte permanente del gobierno federal".
Como las actividades de Bush en la materia han sido realizadas por decreto, el proyecto garantizaría, de ser aprobado, su implementación a cargo de futuros gobiernos.
"Algunas organizaciones religiosas usan abiertamente sus tareas de alivio por el huracán para ganar conversos", dijo el reverendo Barry. "Si esos grupos no pueden separar su evangelismo de su trabajo humanitario, no deberían recibir dinero público."
"Los desplazados por los huracanes Katrina y Rita no deberían ser sometidos a la coerción religiosa no querida y de alta presión como precio para obtener ayuda de su propio gobierno", advirtió el religioso.
Boston, además, advirtió que la directiva de la FEMA sobre los rembolsos a las organizaciones religiosas no tienen ninguna aclaración sobre limitaciones. Y, dada la "devastación causada por Katrina, sería difícil oponerse a este tipo de medidas", agregó.
(*) Bill Berkowitz es un connotado observador del movimiento conservador estadounidense. Publica periódicamente la columna "Conservative Watch" en la revista electrónica WorkingForChange.org. (
