DERECHOS HUMANOS-BOLIVIA: Cruzada internacional por justicia

«La metralla ha reventado el cuerpo de nuestros familiares, por eso queremos que se castigue la impunidad», dijo con voz firme Néstor Salinas, hermano de uno de los casi 70 muertos que costó la llamada guerra del gas en Bolivia hace dos años, la mayoría de ellos en la empobrecida El Alto.

El testimonio fue expresado ante la Caravana Mayaki, de personalidades y activistas de organizaciones sociales italianas e internacionales que reclaman justicia con las víctimas de la represión del entonces gobierno del derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, lanzada para detener las protestas contra el plan de exportar gas natural a América del Norte por puertos chilenos.

La voz de Salinas creó un ambiente de suspenso entre los asistentes al encuentro de la caravana de solidaridad con un grupo de familiares de las víctimas de la represión del levantamiento popular que culminó con la renuncia el 17 de octubre de 2003 de Sánchez de Lozada, apenas un año después de asumir la presidencia de Bolivia, y su posterior fuga a Estados Unidos.

La solución de esa crisis institucional llegó de la mano de la Constitución al designar el Congreso legislativo como sucesor a Carlos Mesa, quien era vicepresidente y había presentado su renuncia precisamente en rechazo a la sangrienta represión policial y militar.

El mismo Mesa renunció en junio pasado, en medio de nuevas protestas sociales contra la reciente aprobación de una ley petrolera y una radical oposición parlamentaria, dando paso a Eduardo Rodríguez, hasta ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, que será finalmente reemplazo por el ganador de las elecciones previstas para diciembre.
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La Caravana Mayaki, que en lengua aymara significa sólo uno, visitó la ciudad de El Alto, donde el ejército mató a la mayoría de los caídos en esos días al intentar desbloquear las vías de acceso a un centro de almacenamiento de combustible para abastecer a la contigua La Paz, la sede oficial del gobierno.

El 12 de octubre de 2003, un convoy de camiones cisterna precedidos por vehículos militares, transportó combustible a La Paz y a su paso fueron muertas 19 personas, en una de las jornadas de mayor represión gubernamental desde la recuperación de la democracia el 10 de octubre de 1982.

Al observar a los familiares recordar a las víctimas de octubre, "lloramos porque nos duele mucho, porque son nuestros muertos que cayeron para defender los bienes comunes y representan la misma lucha en todo el mundo", dijo en tono emotivo el representante legal de la delegación, el periodista Giuseppe De Marzo.

La Caravana Mayaki está integrada por la presidenta del Concejo Municipal de Roma y representante del Partido Verde, Mónica Cirinna, miembros de los movimientos sociales italianos, el Comité Mundial sobre el Agua, la Asociación ¡Ya Basta! y periodistas de medios escritos y radiales, que llegaron para conocer la realidad social del escenario donde se libró la "guerra del gas".

De Marzo es un activista por los derechos humanos y en particular de los indígenas, condición en la cual estuvo preso una semana, en 2001 en Ecuador, tras promover la defensa de los territorios ancestrales frente a lo que consideraron invasión de empresas transnacionales petroleras.

Unos 40 visitantes caminaron por las polvorientas calles de El Alto, hablaron con sus habitantes, asistieron a los actos de recordación de los muertos en la represión y quedaron impresionados por el "empobrecimiento" al que se sometió a un pueblo "como efecto de la aplicación de una política económica neoliberal, como apuntara De Marzo a IPS.

Tampoco encontraron justificación al hecho de que las amas de casa deban hacer largas filas en estos días para acceder a una bombona de gas licuado, en un país como Bolivia que posee la segunda reserva conocidas de este combustible de la región, después de Venezuela, con 53 trillones de pies cúbicos.

La falta de inversiones de las firmas petroleras extranjeras en nuevas plantas de conversión del gas natural en licuado para uso doméstico provocó una crisis energética, que llevó en las últimas horas a la renuncia del ministro del sector, Jaime Dunn, tras recibir una censura del Congreso.

"Es una paradoja ver la falta de gas entre la gente más humilde que ha dado su vida por el carburante y sigue viviendo en la pobreza. Esta imagen nos ha dejado ‘shockeados'", comentó.

La Caravana Mayaki llegó a Bolivia en 2003 con la finalidad de promover los derechos humaos y desde entonces respalda a los movimientos sociales por la defensa de los bienes comunes, la autodeterminación de los pueblos indígenas y la democracia participativa.

Esta semana, sus miembros escucharon un clamoroso pedido de solidaridad de los familiares de las victimas de octubre de 2003, quienes reclaman la comparecencia de Sánchez de Lozada ante la Fiscalía de la República como principal responsable de las decisiones adoptadas durante los días de conflicto.

Hasta el momento, sólo algunos ministros y jefes militares prestaron declaraciones sobre los hechos violentos, pero el juicio podría quedar frustrado por la ausencia de Sánchez de Lozada y de su entonces ministro de la Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Ambos se refugiaron en Estados Unidos el 17 de octubre de 2003.

Los miembros de la Caravana Mayaki prometieron realizar gestiones ante el gobierno italiano y a través de éste ante el Parlamento Europeo para que se exija a Estados Unidos la entrega del ex presidente a la justicia boliviana para su procesamiento.

A la presidenta del Concejo Municipal de Roma, Mónica Cirinna, le conmovió "el coraje de un sufrido pueblo que homenajea a sus muertos" frente al gobierno "confundido, ausente y sin capacidad para asumir iniciativas de paz y justicia".

Al visitar la tumba de los caídos de octubre, "tuve una impresión humana bellísima, aunque dolorosa y comparada con el campo de concentración nazi de Auschwitz, que vi hace dos años, por la sensación de matanza y exterminio", comentó Cirinna a IPS.

La dirigente italiana lamentó que la impunidad vaya ganando terreno en el caso de las muertes registradas en la guerra del gas y prometió su apoyo a la causa de los familiares de las víctimas de esa tragedia.

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