Cuando la Corte Suprema de Justicia de Argentina dictaminó en junio la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, se esperaba un fuerte impulso a las causas por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Pero poco se ha avanzado y hoy el panorama es desalentador.
Los procesos caminan lento, las trabas se propagan, el paso a la etapa de juicio oral se pospone y los acusados —la mayoría de los máximos responsables de la dictadura de 1976 a 1983 son ya ancianos— mueren, se declaran insanos o consiguen la excarcelación, como ocurrió este mes con varios jerarcas detenidos por apropiación de niños y niñas en el marco de la represión.
Las denominadas leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas en la segunda mitad del gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989), habían apartado de los tribunales a miles de uniformados que secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a 10.000 personas, según datos oficiales, cifra que grupos humanitarios elevan a 30.000.
Pero el Congreso legislativo derogó esas normas en 2003, poco después de asumir el gobierno el centroizquierdista Néstor Kirchner, y la Corte avaló en junio de este año esa medida, haciendo valer la adscripción argentina a tratados internacionales que declaran imprescriptibles e inamnistiables los delitos de lesa humanidad como los cometidos en la dictadura.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y familiares de las víctimas celebraron entonces el fallo judicial que representaba un aval a más de 40 procesos en cartera. Pero a la luz de los hechos, hoy la batalla contra la impunidad va perdiendo por varios tantos frente a los represores, que siguen eludiendo la justicia ayudados por el paso del tiempo.
La justicia federal suspendió en enero el proceso por secuestro de menores de edad que se le seguía al ex jefe de la Armada Emilio Massera, uno de los tres comandantes que dieron el golpe de Estado en 1976 y que hace dos años devino en un anciano insano mental y físico tras padecer una hemorragia cerebral.
Su incapacidad para enfrentar un tribunal de justicia también fue declarada en otros tres casos.
En junio falleció Guillermo Suárez Mason, quien ocupó en época dictatorial la jefatura del primer cuerpo de ejército y estaba acusado por 80 homicidios, 250 secuestros y 12 apropiaciones de menores. Con 81 años, este ex general estaba arrestado, y su causa, como tantas otras, estaba a punto de pasar a juicio oral cuando lo sorprendió la muerte.
Según registros del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Procuraduría General de la Nación, ya va medio centenar de acusados que murieron durante los procesos en su contra.
Actualmente quedan 260 ex policías o ex militares detenidos por violaciones a los derechos humanos, 50 de los cuáles están arrestados en sus propios domicilios por tener más de 70 años, beneficio que las normas dejan para ser otorgado por los jueces.
Dentro de ese grupo, varios quedaron en libertad en una de las causas gracias a las demoras en el proceso.
A pesar de que fue probada su responsabilidad en decenas de casos de apropiación de menores y falsificación de identidad de hijos de personas desaparecidas, los ex dictadores Jorge Videla, Cristino Nicolaides y Reinaldo Bignone, así como los represores Santiago Riveros, Jorge Acosta, Héctor Febres, Rubén Franco y Antonio Vañek fueron excarcelados por alguna de las muchas causas que pesan sobre ellos.
Casi todos permanecen detenidos por otros procesos, salvo Bignone y Franco, que recuperaron la libertad en todos los casos. El juez federal Guillermo Montenegro había rechazado el pedido de excarcelación, pero el tribunal que recibe las apelaciones consideró "insoportable" y "por demás prolongada" la detención preventiva y los liberó.
La denuncia judicial por desaparición de niños secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautiverio había sido presentada en 1996 por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Ese delito había quedado al margen del juicio contra militares y por lo tanto no había sido alcanzado por el indulto que les otorgó el presidente Carlos Menem (1989-1999) a varios de estos ex jefes militares en 1989.
Por ese nuevo proceso, los ex comandantes y otros represores que gozaban de la impunidad de los indultos y las llamadas leyes del perdón, volvieron a ser arrestados. Pero desde entonces las causas entraron en un letargo adjudicado a diversas causas, como falta de voluntad, cambio de jueces, planteos de la defensa y errores de la querella.
En diálogo con IPS, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, se quejó de que en Argentina "la justicia es muy lenta".
"Los jueces dejan dormir los expedientes en sus cajones y se vencen los plazos que se consideran razonables para una prisión preventiva", acotó la mujer.
Tras la denuncia que dio origen a la reapertura de estas causas, Roisinblit encontró a su nieto, Rodolfo Pérez, nacido durante el cautiverio de su madre y que había sido inscripto como propio por un ex represor.
Los padres de Pérez fueron secuestrados en 1978, cuando la mujer estaba embarazada de ocho meses.
El abogado Ramón Torres Molina, representante legal de Abuelas de Plaza de Mayo, admitió a IPS que la decisión de la justicia de revocar la prisión preventiva de los represores "era una medida esperada por la excesiva demora en el trámite". Algunos de los acusados estaban detenidos desde hacía siete años.
La responsabilidad de la demora está repartida. Por un lado, Torres consideró "errada" la decisión de las víctimas de acumular hasta 30 casos bajo un mismo proceso en lugar de dejar que se avance por partes con la causa. Por otro lado están los habituales recursos de la defensa para demorar el trámite, afirmó.
El letrado consideró que la causa podría ser elevada a juicio oral a fines de este año o comienzos del próximo. "Pero eso no significa que el proceso comience inmediatamente", advirtió. Habrá que resolver antes todos los planteos jurídicos que presenten los defensores, anticipó.
En la misma instancia previa al juicio oral están paralizadas o avanzan lentamente otras varias decenas de procesos judiciales, muchos de ellos reabiertos luego de la anulación de las leyes del perdón. Entre los más importantes está la llamada causa del I Cuerpo de Ejército.
El juez Rodolfo Canicoba Corral había declarado a mediados de 2004 que "antes de fin de año" elevaría la causa a juicio oral. Pero no ocurrió hasta el momento y el proceso derivó ahora a su colega, Daniel Rafecas, quien decidió avanzar por partes.
Bajo el distrito militar del I Cuerpo, que abarca la ciudad y provincia de Buenos Aires y parte de la vecina La Pampa, funcionaron 42 centros de detención clandestinos durante la dictadura.
Del mismo modo se está procediendo en la causa conocida como Escuela de Mecánica de la Armada, que operó como un gran centro ilegal de torturas y arresto de prisioneros, mucho de los cuales fueron arrojados vivos al mar desde helicópteros y aviones. (
