La Corte Constitucional de Colombia no objetó la reforma a la carta magna que abre paso a la postulación del mandatario derechista Álvaro Uribe en los comicios presidenciales del año próximo, pero dejó pendiente su pronunciamiento sobre las reglas de juego electorales.
El presidente de la Corte, Manuel José Cepeda, anunció el miércoles que esa corporación decidió declarar "ajustada a la Constitución" la reforma, pero recordó que ese acto legislativo no sólo permite la reelección del presidente en funciones, sino "además ordena la expedición de una ley estatutaria para garantizar la igualdad en la contienda electoral y garantizar los derechos de la oposición".
El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la Ley de Garantías Electorales será anunciado antes del 11 de noviembre, con lo cual el proceso hacia la candidatura de Uribe, iniciado en 2003, aún debe salvar ese obstáculo.
La ley de garantías, ya aprobada por el parlamento, busca equilibrar la competencia electoral entre los demás candidatos y el presidente postulante a un nuevo período. Establece que las entidades estatales no se pueden usar con fines proselitistas y enuncia de qué manera los funcionarios pueden participar en campañas políticas, pero sus críticos aducen que está diseñada a la medida del gobernante actual.
La ley también fija limitaciones para el uso de la televisión por parte del presidente y para la financiación de campañas, y prohíbe las encuestas en la semana previa a los comicios.
El ombudsman (defensor del pueblo) cuestionó siete de los 42 artículos de la ley de garantías, y el procurador opinó que la Corte debía declarar inexequibles (impracticables) cinco y devolver el texto al parlamento para que reformulara otros ocho.
Estos pronunciamientos no obligan a la Corte, aunque son tomados en cuenta.
Dentro del tribunal "hay quienes estiman que si no hay ley de garantías no hay reelección, y otros que estiman lo contrario. Hay argumentos en un sentido y en otro", reveló Cepeda.
En 62 votaciones, la Corte resolvió 18 demandas sobre la reforma que examinó durante casi cinco semanas en un ambiente enrarecido desde meses atrás por presiones públicas de altos funcionarios y encuestas que muestran una gran popularidad de Uribe, contratadas ex profeso, según los críticos.
Pero Cepeda sostuvo que ninguno de los nueve magistrados recibió amenazas de muerte.
La reelección fue tema de las negociaciones secretas entre el gobierno y los ultraderechistas paramilitares con fines de la desmovilización de estos grupos, celebradas en el noroccidental localidad Santa Fe de Ralito, según grabaciones publicadas por la revista Semana.
Las grabaciones evidencian que en el proceso de desmovilización que debería finalizar en diciembre, la reelección de Uribe es considerada por los jefes paramilitares de Ralito, varios de los cuales están requeridos en Estados Unidos por narcotráfico, como garantía de que no serán extraditados a los temidos tribunales de ese país.
Colombia y Estados Unidos no cuentan con un tratado de extradición, y las solicitudes de la justicia estadounidense las resuelve de manera administrativa el presidente, tras un visto bueno de la Corte Suprema de Justicia.
En las últimas semanas, los paramilitares suspendieron las desmovilizaciones porque temen la extradición de Don Berna, alias del líder paramilitar preso considerado heredero de los negocios del narcotraficante Pablo Escobar (1949-1993) en Medellín.
Para el profesor Jorge Iván Cuervo, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la privada Universidad Externado de Colombia, es estimulante que la Corte haya logrado "blindarse" frente a semejantes presiones.
"A la Corte le propiciaron un entorno bien complejo para el fallo, tanto los defensores de la reelección como los opositores", dijo Cuervo a IPS.
Pero el cuerpo "demostró una muy importante fortaleza institucional que hizo que su fallo estuviera al margen incluso de esas presiones coyunturales", por lo que "salió fortalecida y legitimada", agregó.
Sin embargo, "no vamos a tener una reiniciación visible" de las desmovilizaciones de los paramilitares hasta que la Corte despeje la incertidumbre sobre la ley de garantías y la consecuente candidatura presidencial del actual mandatario, opinó.
"Los principales ataques contra la Corte se centraron en que ésta iba a fallar en términos políticos coyunturales, pensando en Uribe presidente", pero hizo el análisis al margen de quién está en funciones, según el catedrático.
Bogotá ha negociado con una parte de los grupos paramilitares, los que se reúnen bajo la denominación Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos vínculos con las fuerzas del Estado fueron denunciados por activistas de derechos humanos y por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El foro mundial también señala que la mayor parte de los crímenes contra civiles fueron cometidos por paramilitares.
Además, en la guerra colombiana actúan guerrillas izquierdistas, que se alzaron en armas más de cuatro décadas atrás.
El proceso de desmovilización de los paramilitares supone que muchos pasarán a actuar abiertamente en la vida política, tanto postulándose como apoyando a ciertos candidatos.
Para la ex senadora liberal y candidata al Senado Piedad Córdoba, "lo más difícil será tener garantías de seguridad en medio de un país copado por candidatos apoyados armada y económicamente por los paramilitares".
"Si Don Berna fue capaz de detener durante todo un día el transporte público de Medellín (el día de su detención), no les será difícil amenazar a los votantes y hasta acabar con las vidas de los que no estamos con sus candidatos", declaró.
A contravía de quienes afirman que aceptar la reelección inmediata altera totalmente el funcionamiento electoral y el panorama político, Cuervo atribuye los cambios a otras reformas previas, como la obligación de cumplir con mínimos electorales para que los partidos conserven su vida jurídica.
El proyecto de ley de reelección fue aprobado en la madrugada del 1 de diciembre por la mayoría uribista en la cámara baja, luego que los legisladores de la oposición, integrada por el Partido Liberal y las dos bancadas de izquierda, se retiraran espectacularmente, usando tapabocas como mordazas y alegando que no se les dejaba hablar y que la transmisión televisiva de la turbulenta sesión había sido suspendida.
El jefe del Partido Liberal, César Gaviria (ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos y ex presidente entre 1990 y 1994), manifestó que su colectividad acataba la decisión del tribunal, pese a las "presiones intimidantes de altos funcionarios del gobierno", como las advertencias del ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, contra las cuales protestó oficialmente la Corte.
"En la práctica, se autoriza no sólo al presidente a hacer política, sino a todos los funcionarios de Colombia", pues en la reforma "no se logró una reglamentación sobre que qué pueden hacer y qué no" los miembros del gobierno, advirtió Gaviria a Radio Caracol.
Para Cuervo, la reforma "no podía entrar a ese nivel de detalle", y será el Consejo Nacional Electoral el que reglamente esos aspectos.
Para muchos críticos, la reelección altera una serie de mecanismos constitucionales para garantizar un mejor control al Poder Ejecutivo.
Cargos como el de procurador y el de ombudsman, así como el de fiscal general, que investiga y acusa ante la cámara baja al presidente, son elegidos por el Congreso de ternas presentadas por el jefe de Estado para periodos no coincidentes con el suyo, hasta ahora.
El fiscal general que fue escogido en agosto declaró que "no guardaré un milímetro de distancia con el gobierno".
El presidente incide también, indirectamente y a mediano plazo, en el nombramiento de los altos tribunales. Si en los próximos comicios, Uribe conserva mayoría parlamentaria, también definirá la selección del contralor general, que vigila la gestión fiscal y supervisa los resultados de la administración.
Igualmente, un presidente que gobierne dos periodos podrá nombrar progresivamente a economistas adeptos en la junta directiva del banco emisor, con lo que se afectaría la independencia de ese organismo para actuar ante coyunturas financieras.
La reforma no se extendió a la reelección de otros cargos ejecutivos, como alcaldes y gobernadores, en momentos en que la izquierda controla, con altos índices de popularidad, la alcaldía de la capital y la gobernación del sudoccidental departamento del Valle del Cauca, y un progresista independiente maneja los destinos de Medellín, segunda ciudad del país, también con alta aprobación.
Tras conocer el fallo de la Corte, Uribe manifestó su acuerdo con habilitar las postulaciones de gobernadores y alcaldes para segundos mandatos, pero no se refirió a la reelección inmediata de esos cargos.
"Un presidente feriando (despilfarrando) y comprometiendo la plata de los colombianos para asegurar su reelección, urnas con votos para un solo candidato y muchos de los opositores asesinados", es el panorama electoral que describe la candidata Córdoba.
