Fábricas de celulosa y papel contaminan el río Paraná en Argentina de manera tan irreversible como silenciosa. Pero la construcción de dos plantas de este tipo en Uruguay, cerca del río que sirve de frontera entre ambos países, sacó el tema a la superficie y catapultó rechazos.
La decena de plantas de producción de pasta de celulosa y propiamente de papel, concentradas sobre el río Paraná, producen unas 850.000 toneladas al año. Algunas de ellas están instaladas allí desde hace 50 años y utilizan ese cauce natural de agua para verter sus desechos tóxicos.
"Es cierto que en Argentina tenemos este tipo de plantas y es cierto también que no son inocuas", admitió a IPS Juan Carlos Villalonga, director del capítulo argentino de Greenpeace. "Pero el volumen de producción de estas dos nuevas fábricas (a instalarse en suelo uruguayo) es sustancialmente mayor y el potencial contaminante también lo será", advirtió.
Con aval del anterior gobierno uruguayo del liberal Jorge Batlle (2000-2005), la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y la firma finlandesa Botnia comenzaron los aprestos para montar sus respectivas fábricas de celulosa cerca de la occidental ciudad uruguaya de Fray Bentos, en las costas del río Uruguay, a una distancia menor a 10 kilómetros una de la otra.
Esos proyectos levantaron críticas severas de ambientalistas y el rechazo de los vecinos, en especial del lado argentino con el gobernador de la oriental provincial de Entre Ríos, Jorge Busti, a la cabeza.
[related_articles]
La llegada al gobierno de Uruguay del izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio no cambió la situación. El presidente Tabaré Vázquez aseguró que la decisión no tiene marcha atrás y dio la bienvenida a una inversión de unos 1.800 millones de dólares entre ambas fábricas.
El gobierno de Argentina, del centroizquierdista Néstor Kirchner, condiciona la aceptación de las obras a la elaboración de un estudio de impacto ambiental en el que intervengan expertos de ambos países.
Pero la resistencia ahora se extiende a la ribera del lado argentino. En Uruguay muchas voces se levantan preguntando por qué desde el vecino país se cuestionan las futuras plantas de ENCE y de Botnia y, en cambio, se acepta que haya fábricas igual o aún más contaminantes en su territorio.
Los ecologistas explican que muchas de estas plantas argentinas se instalaron antes de que se desarrollara la conciencia ambiental en los vecinos. Pero, agregan, ahora los pobladores están decididos no sólo a resistir los nuevos proyectos sino también a pedir cambios definitivos en las actuales formas de producción del papel en su país.
Por el momento, los vecinos de la oriental localidad de Gualeguaychú, en la costa entrerriana del río Uruguay, rechazan la apertura de las plantas que utilizarán el agua de ese curso fluvial compartido por ambos países y arrojarán a su cauce los desechos de un proceso en el que se eliminan dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas y persistentes en organismos vivos.
Entre las plantas de ENCE y de Botnia producirán 1,5 millones de toneladas de pulpa o pasta de celulosa a partir de la madera para la fabricación de papel, el doble de lo que trabajan actualmente la decena de fábricas de ese mismo tipo de Argentina.
Los establecimientos locales no operan con tecnologías limpias y hasta ahora eran blanco de denuncias aisladas de ecologistas. Los vecinos afectados por la polución permanecían en silencio por desconocimiento o por temor al cierre de las fuentes de trabajo.
Empero, desde que comenzó la resistencia a la instalación de las fábricas en Uruguay hubo una masiva toma de conciencia y la mirada se volvió muy crítica hacia todas las plantas, sostienen los consultados.
Para Villalonga, "no se trata de incoherencia de los vecinos, que aceptan las plantas en un lado y las rechazan en otro". "El asunto acá es que la gente dijo basta y las autoridades (argentinas) tuvieron que ponerse a la cabeza de esos reclamos", añadió.
El punto de inflexión fue la movilización del 30 de abril sobre el puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos, donde unos 35.000 manifestantes dijeron no a las plantas de celulosa. Temen que la instalación dañe irremediablemente la actividad pesquera y turística de la región, indicaron.
"Los ambientalistas estamos haciendo presentaciones contra las plantas de celulosa de Argentina desde hace ya muchos años", aseguró Villalonga.
De hecho, a fines de los años 90, acompañada por Taller Ecologista de Rosario, Greenpeace presentó un informe muy crítico contra la empresa Celulosa Argentina.
Esa compañía es propietaria de la planta Capitán Bermúdez, en la oriental provincia de Santa Fe, vecina a Entre Ríos, que arroja sus vertidos también al río Paraná, que desemboca en forma de delta en el Río de la Plata —junto al río Uruguay— tras recorrer 4.000 kilómetros desde su naciente en Brasil y cruzar Argentina de nordeste a sudeste.
Al analizar muestras de agua, la organización ambientalista demostró que contenía numerosos contaminantes, muchos de ellos persistentes, asociados al empleo de cloro para la obtención de pasta para fabricar papel.
El Taller Ecologista de la santafecina Rosario, la segunda ciudad en importancia de Argentina, acompañó las denuncias contra la firma, que no produjeron cambios en el proceso de producción. Su coordinador, Sergio Rinaldi, comentó a IPS que algunas de esas plantas están instaladas desde hace varias décadas, cuando no existía la conciencia ambiental que los vecinos tienen hoy.
En Entre Ríos, donde se produjo el mayor movimiento contra los proyectos en Uruguay, trabaja activamente el Foro Ecologista de Paraná, que ya se había organizado para frenar la instalación de una represa, detener la deforestación y la sobrepesca en los ríos, y generar conciencia ambiental entre la población.
Un estudio en la nororiental provincia argentina de Misiones, eminentemente forestal, realizado por Ricardo Carrere, de la entidad ambientalista uruguaya Grupo Guayubira, registró que hay tres grandes plantas de producción de celulosa que dominan desde la plantación de pinos para uso industrial hasta la producción de papel.
Una de ellas es Alto Paraná, de la firma chilena Celulosa Arauco y Constitución SA (Celco), acusada de contaminar un lago de la región de Valdivia, en ese país. La empresa produce en Argentina 400.000 toneladas de papel al año con el sistema de blanqueo Libre de Cloro Elemental (ECF por sus siglas en inglés).
Esta tecnología, que es la que utilizarían las dos empresas que se instalarán sobre el río Uruguay, libera menos organoclorados pero no prescinde de esos tóxicos. Según la pesquisa hecha por Carrere en Misiones, los vecinos de la planta sienten el impacto de la contaminación pero temen hablar.
El investigador asegura que, sin identificarse, le indicaron que sufren fuertes dolores de cabeza, alergias y enfermedades respiratorias, a causa de la contaminación del aire con azufre. También constató Carrere que hay denuncias judiciales por casos de cáncer y malformaciones congénitas que se atribuyen a la radicación de la planta.
Las primeras denuncias contra la apertura de las dos nuevas fábricas de celulosa en Uruguay comenzaron en 2002. Los ambientalistas y vecinos reclamaban sin mucho éxito que el gobierno frenara esos proyectos alegando la falta de estudios convincentes de impacto ambiental, que midan el efecto conjunto de las dos.
"El gobierno de Kirchner creía que el conflicto no levantaría temperatura y hacía guiños de aprobación a Uruguay para que siguiera adelante con el doble proyecto", comentó Villalonga. Pero los vecinos de Entre Ríos se manifestaron con una conciencia y una organización inesperadas, apuntó.
Ante ello, los gobiernos nacional y provincial dejaron a un lado la complacencia y se pusieron a liderar la resistencia. "Este cambio es lo que enoja a Uruguay", interpretó el activista.
"Durante mucho tiempo los gobierno de ambos países apostaron a que el conflicto bajara su intensidad. Esa parece ser la política ambiental más popular por estos lados: apostar a que la gente no se entere, se canse, no se movilice", sostuvo Villalonga.
Ahora el desafío está en seguir de cerca la postura oficial argentina, para detectar si se trata de "una sobreactuación coyuntural", asociada a las elecciones legislativas que se realizan este mes, o si se trata de una verdadera conciencia ambiental que están empezando a asumir las autoridades.
"Si lo que está ocurriendo es esto último, entonces puede ser que el Estado vuelva la mirada hacia lo que pasa adentro de Argentina con la producción de celulosa y papel, y se plantee por primera vez el abandono de la producción con cloro, tan contaminante para nuestros recursos", apuntó.
