Cuatro años después de la invasión estadounidense que desalojó al régimen islámico talibán de Afganistán, el gobierno del presidente Hamid Karzai goza de cierta estabilidad, pero la situación de la seguridad y la economía sigue siendo desesperante.
La estabilidad política, reforzada por las exitosas elecciones del mes pasado para las legislaturas nacional y regionales, da pie a declaraciones de satisfacción de las autoridades de Estados Unidos.
Sin embargo, expertos advierten que Afganistán continúa siendo extremadamente dependiente de la ayuda exterior y sufre serias amenazas, desde un resurgimiento de la insurgencia de Talibán hasta la consolidación del narcotráfico como base de la economía doméstica.
Los programas de entrenamiento para el ejército y la policía están retrasados respecto del cronograma establecido, lo que deja vastas áreas más allá de Kabul bajo el control de los señores de la guerra.
Y en los últimos meses se elevó la cantidad de civiles y soldados estadounidenses muertos a manos del movimiento Talibán y de las fuerzas de su principal aliado, Gulbuddin Hekmatyar.
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En lo que va de este año murieron en acción 86 soldados estadounidenses, una cifra muy abultada en comparación con los 55 caídos entre el 7 de octubre de 2001, cuando comenzó la invasión, y el 31 de diciembre de 2002.
Más de 1.200 personas en total murieron en el marco del conflicto en los primeros seis meses de este año, según el Grupo Internacional de Crisis (ICG).
"La guerra en Afganistán está adquiriendo un ritmo que no se preveía", dijo Michael Scheuer, ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) que se dedicó durante buena parte de su carrera a seguir el rastro del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden.
El atentado que segó 3.000 vidas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pennsylvania, atribuido a Al Qaeda —entonces protegida en territorio afgano por Talibán—, desató como réplica un mes más tarde la invasión de Afganistán, a cargo de una coalición internacional encabezada por Estados Unidos.
Los ataques insurgentes se volvieron cada vez más complejos en el último año. Además, surgen evidencias de que los islamistas radicales que combaten contra las fuerzas estadounidenses en Iraq poseen equipos y experiencia adquiridos en la lucha en Afganistán.
Por otra parte, la asistencia a las urnas marcó cierta desilusión de los ciudadanos, pues se redujo de 70 por ciento de los habilitados en las presidenciales de 2004 a 53 por ciento en las legislativas del mes pasado.
Aquellos que obtuvieron más votos en las zonas más seguras del territorio, como Ramyan Bachardost en Kabul, protagonizaron campañas populistas contra la corrupción y el desperdicio de asistencia internacional, según Barnett Rubin, experto de la Universidad de Nueva York.
Rubin, junto con Scheuer y otros expertos, participaron el miércoles en un foro sobre la situación de Afganistán patrocinada por la Universidad George Washington y el Centro para el Progreso de Estados Unidos.
Las quejas de la mayoría de la población del interior del país no cesan, a pesar del gran crecimiento económico registrado desde la instalación en diciembre de 2001 del gobierno interino de Karzai, confirmado el año pasado al frente de la presidencia.
Afganistán continúa dentro de la media docena de los países más pobres del mundo, y, según informó en julio el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, 70 por ciento de su población sufre desnutrición, el mayor índice del mundo.
El hecho de que la actividad económica no esté tan atada a la ayuda internacional se debe al narcotráfico, que, según Karzai, es el principal problema del país junto con la corrupción.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calculó a comienzos de año que el cultivo y tráfico de adormidera (amapola, insumo del opio, la morfina y la heroína) representa 60 por ciento de la economía, es decir 2.800 millones de dólares.
El Departamento de Estado advirtió el año pasado que Afganistán estaba "a punto de convertirse en un Estado narcótico", pues concentraba casi 90 por ciento de la producción de adormidera del mundo.
Las cosechas se redujeron ligeramente este año, según la ONU, pero el país se ha dedicado cada vez más al procesamiento de heroína.
La gran dependencia del narcotráfico que sufre la economía afgana origina una gran paradoja a Estados Unidos y otros donantes internacionales, según Rubin.
"No puede establecerse una política de consolidación nacional por un lado y, por el otro, una política de aniquilamiento de un gran sector de la economía", sostuvo el experto. El cultivo de adormidera, aseguró, está hoy extendido a todas las provincias afganas.
"No hay señales de una estrategia completa de desarrollo, de construcción de una economía legal", añadió Rubin, quien asesoró a la ONU en las reuniones de donantes celebradas en Bonn en 2001.
Tampoco el diplomático estadounidense James Dobbins, quien representó a su país en las reuniones de Bonn, percibe "una estrategia para el corto plazo" para reducir la dependencia del narcotráfico.
Cualquier medida para erradicar los cultivos en este momento no solo empobrecería aun más a la población rural, sino que también profundizaría la desconexión entre el gobierno en Kabul y el resto del país, según Rubin.
Eso elevaría el sentimiento de "gran brecha institucional" entre organizaciones locales y de base, la mayoría de las cuales están nucleadas en torno de mezquitas, y el gobierno central.
Otro motivo de vulnerabilidad institucional es la falta de consenso entre las mezquitas sobre la legitimidad del gobierno, advirtió Rubin. Los líderes religiosos cuentan con una amplia red nacional que puede realizar movilizaciones populares, algo de lo que carecen las autoridades centrales y locales.
Otro problema es la incoherencia entre "tres o cuatro gobiernos" que incluyen la oficina de la ONU en Kabul, la embajada de Estados Unidos, las organizaciones no gubernamentales que administran la mayor parte de la ayuda internacional, el gobierno de Karzai y, "en quinto lugar, el parlamento", dijo el antropólogo afgano Nazif Sharani, de la estadounidense Universidad de Indiana.
Estados Unidos y el resto de los donantes han cometido un grave error al tratar de consolidar el gobierno central, en particular al ejército y la policía —a los cuales se asigna casi la mitad del presupuesto central—, a expensas de las autonomías locales y organizaciones de base, según Sharani.
"Este gobierno continuará no porque el pueblo lo respalde, sino porque el pueblo teme el regreso de Talibán", afirmó Sharani.
El régimen de Talibán, en que participaban estudiantes de teología refugiados en Pakistán durante la ocupación soviética de Afganistán (1979-1989), prohibió a partir de 1996 la actividad artística, desconoció los derechos fundamentales de las mujeres y destruyó antiguos monumentos budistas.
La versión fundamentalista del Islam practicada por Talibán ha sido rechazada por académicos y políticos de todo el mundo musulmán. La Conferencia Islámica, integrada por 56 países desde el océano Pacífico hasta el Atlántico, nunca lo apoyó.
A las mujeres se les prohibía estudiar, trabajar y salir solas de sus casas. Las que no usaban burqa, la tradicional vestimenta que las cubre de pies a cabeza, sufrían insultos, golpes y azotes. Muchas viudas morían de hambre pues, sin compañía de un familiar masculino, se les impedía salir de sus hogares.
El intento de crear una sociedad islámica "pura" incluyó amputaciones y ejecuciones públicas, con el propósito de erradicar el delito. Y también estuvieron prohibidos el maquillaje y los adornos, el ajedrez, la televisión, el cine, el teatro y la música.
El régimen concluyó en 2001, tras la operación militar encabezada por Estados Unidos. La coalición militar triunfante impuso en diciembre de ese año como presidente a Karzai, un magnate exiliado.
