Ante las cámaras de televisión, sobre un plano, el presidente venezolano Hugo Chávez dividió en tres bloques la finca La Marqueseña, en las fértiles llanuras del suroeste: un trozo como área protectora de una represa, otro para el antiguo dueño y el mayor lote para una empresa mixta del Estado con campesinos.
La medida marca una nueva ofensiva del gobierno contra el latifundio y las tierras ociosas. En las últimas tres semanas se ocuparon fincas y agroindustrias, y se exhortó a los alcaldes a expropiar solares desocupados, detonando protestas de empresarios contra "la confiscación de la propiedad privada".
"O se acaba el latifundio o muero en el intento", dijo Chávez durante la última edición de su programa dominical de radio y TV, Aló Presidente, transmitido desde un sector de La Marqueseña, mientras en la casa principal de la finca permanecía, sosteniendo su condición de propietario, el ganadero Carlos Azpúrua.
Rodeado de lugareños y con un líder del Movimiento de Campesinos Sin Tierra de Brasil, Joao Pedro Stédile, como invitado, Chávez hizo una propuesta pública a Azpúrua: de las 8.490 hectáreas le dejaría 1.500, otras 2.700 serían para la zona protectora de una represa, y el resto para una empresa que bautizó "Florentino".
Florentino —nombre de un mito de la llanura— recibirá del Estado 23 millones de dólares en tres años, explotará rubros agrícolas y pecuarios, sosteniendo un centro de mejoramiento genético de vacunos, y será operada inicialmente por 80 familias.
Azpúrua declaró que sostendría la batalla legal sobre su propiedad, "que no está ociosa, pues tenemos 7.500 reses, 400 hectáreas de agricultura vegetal y el resto es zona protectora de la represa". La proposición del gobierno será aceptada "sólo si se demuestra que esto no es privado", agregó.
El lunes, según la prensa local, Chávez y Azpúrua pactaron en la casa de la hacienda esperar el veredicto de los tribunales.
En una entrevista que dio antes de ser elegido presidente, en 1998, Chávez dijo al historiador Agustín Blanco que tierras de La Marqueseña fueron de su bisabuelo, Pedro Pérez, un combatiente en las guerras civiles de un siglo atrás, quien luego las perdió.
"Nadie tiene tradición legal suficiente sobre estas tierras", comentó el presidente en su programa. "Se ha especulado que yo quería recuperarlas para mi familia. No es así. Serán para el pueblo", insistió.
Azpúrua afirma contar con títulos de propiedad, los últimos de una larga cadena que se remonta al siglo XVII.
La Marqueseña es uno de los seis fundos de las llanuras afectados por expropiaciones durante las últimas semanas, con una extensión de 175.000 hectáreas y en las cuales se asentarán 1.541 familias de 67 cooperativas, indicó el ministro de Agricultura, Antonio Albarrán.
Además, se analiza la situación de otros 317 predios que se consideran latifundios o propiedades ociosas y que podrían ser repartidos en lo que resta de año, dijo Albarrán.
Después de inspeccionar 2.150 grandes propiedades, con más de siete millones de hectáreas, el gobierno encontró que 3,7 millones de hectáreas califican como latifundio y se dispone a adjudicar 2,4 millones, según el estatal Instituto de Tierras.
El jurista Román Duque, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dijo a IPS que "para cualquier actuación sobre cualquier tierra pública o privada, hace falta dictar la clasificación de la tierra y asignarle un uso determinado, de manera que los propietarios sepan a cuál rubro o cuáles productos deben dedicar la explotación de sus propiedades, y eso no ha ocurrido".
"Por eso, en el caso de las tierras intervenidas últimamente, no se ha cumplido con lo establecido en la Ley de Tierras", dictada por Chávez en 2001 para combatir el latifundio, tras haber sido facultado por el parlamento a legislar por decreto.
El Tribunal Supremo de Justicia rechazó los recursos de nulidad contra esa ley esgrimidos por empresarios. Aún así, la norma es invocada por algunos propietarios rurales y sus abogados para sostener que el gobierno se extralimita.
Según Duque, "se comete fraude a la ley y a la Constitución, porque citan a los propietarios para un procedimiento de denuncia de tierras ociosas, que presupone la condición de tenencia privada de la tierra, y luego, al dictar la decisión, se acuerda el rescate de las tierras como si de tierras públicas se tratase originalmente".
En paralelo, gobernadores regionales identificados con Chávez han decretado la expropiación de algunas tierras y empresas agroindustriales: en Monagas, oriente, se expropió una planta de la trasnacional Heinz, y en Barinas, suroeste, silos y depósitos de la firma Polar, gigante cervecero y de alimentos a base de cereales.
Solamente a Heinz, una procesadora de tomates, el gobernador regional le ofreció una indemnización de 100.000 dólares, mientras la empresa reclamaba medio millón.
La cooperativa Los Maiceros de la Revolución, de ex trabajadores de Polar, animó la ocupación de las instalaciones, y pidió el decreto de expropiación, que dictó el lunes el gobernador de Barinas, Hugo de los Reyes Chávez, padre del presidente.
Lorenzo Mendoza, presidente de Polar —y ubicado en el lugar 139 entre los más ricos del mundo, según la revista estadounidense Forbes— rechazó el martes como "injusta y desconcertante" la medida de expropiación de sus silos y depósitos en Barinas.
Según la Constitución y leyes de Venezuela, que prohíben la confiscación, las medidas de expropiación por razones de bien público deben acompañarse de indemnizaciones oportunas cuando se compruebe la propiedad. Pero en el caso de los dueños de tierras, existen vacíos jurídicos cuando la documentación es posterior a 1821, época de la guerra de independencia.
En medio de las guerras civiles del siglo XIX venezolano, muchos propietarios rurales avanzaron sus cercados sobre terrenos baldíos y ejidos, propiedad de la Nación, señalan los historiadores.
Hasta ahora, el año de referencia para la cadena titulativa que los propietarios debían acreditar era 1848, cuando se dictó una ley sobre terrenos baldíos y ejidos, según el Instituto de Tierras.
Pero con su última intervención, el presidente alargó esos plazos hasta 1821, cuando Venezuela no existía aún como república independiente y formaba parte de la Gran Colombia.
Los gremios empresariales han protestado "por las amenazas y acciones contra la propiedad privada, consagrada como un derecho en la Constitución, y la cual es violentada con ocupaciones y expropiaciones", según señaló el ganadero José Luis Betancourt, presidente de la central patronal Fedecámaras.
Chávez dijo en una asamblea junto a Stédile en Barinas que "en Venezuela avanza un nuevo modelo de propiedad colectiva", pues los campesinos reciben permiso para trabajar la tierra, pero no títulos de propiedad, que retiene el Estado.
"No nos va a llegar el diablo del capitalismo ni se nos va a meter en la cabeza que vamos a ser ricos, sino a vivir con dignidad. Cuando a una comunidad se le mete ese demonio de querer acumular ganancias, se pierde el sentido humano y social de la persona. En riqueza no se vive feliz", afirmó el mandatario.
El ministro de Economía Popular, Elías Jaua, aclaró que "la propiedad privada está reconocida en la Constitución y no tenemos como tesis su eliminación, en este contexto histórico. Nuestro interés es democratizar la propiedad y avanzar hacia formas alternativas o complementarias. Nadie tiene por qué asustarse".
En 1961, se lanzó un ambicioso programa de reforma agraria, y se repartieron varios millones de hectáreas a centenares de miles de campesinos, cuando un tercio de los entonces siete millones de habitantes vivía en el campo.
Pero esa reforma no eliminó el latifundio, no impidió que los venezolanos hayan importado por décadas más de la mitad de sus alimentos ni frenó el éxodo hacia las ciudades, donde vive hoy 90 por ciento de la población.
Este año, según cifras oficiales, en este país de 26 millones de habitantes, el Estado importa cada mes 6.000 toneladas de leche y otras tantas de carne de vacuno, principalmente destinadas a las redes de mercados populares, que venden alimentos a precios subsidiados.
Cuando Chávez decretó la Ley de Tierras, se desataron protestas —Betancourt rompió un ejemplar de la ley ante las cámaras de TV— y marchas callejeras que animaron el efímero golpe de Estado de abril de 2002.
A finales de 2004, tras alcanzar contundentes victorias en un referendo sobre su mandato y en los comicios de gobernadores y alcaldes, Chávez reavivó el avance contra los grandes ocupantes de tierras, y a partir de enero se ordenó la ocupación del fundo El Charcote, que operaba el grupo británico Vestey.
La nueva ofensiva que comenzó este mes impulsa la organización de los campesinos en cooperativas o "empresas de producción social", con financiamiento total o parcial del Estado.
"Queremos negociar con los terratenientes", dijo Chávez en un reciente acto público. "A quien ocupe 10.000 hectáreas pero sólo trabaje 2.000, se las dejaremos y entregaremos el resto a cooperativas y empresas de campesinos. A quien no quiera negociar, le enviaremos el ejército con una orden judicial", sentenció. (
