En un intento de mostrar su compromiso con la lucha a la corrupción, el gobierno de Kenia anunció que 65 parlamentarios y ministros serían juzgados por no declarar sus bienes, como establece la ley.
La declaración de bienes es un método que el gobierno de Mwai Kibak, acusado de varios actos de corrupción desde que asumió en 2002, está aplicando para promover la transparencia y la responsabilidad.
En 2003, el gobierno estableció la declaración de bienes como requisito en la Ley de Ética del Funcionario Público. De acuerdo con ella, todos los empleados públicos, desde el presidente a los mensajeros, deben declarar sus ingresos, bienes y deudas, incluyendo las de sus cónyuges y los hijos a su cargo.
La declaración jurada de bienes de funcionarios es un mecanismo habitualmente utilizado para detectar el enriquecimiento ilícito.
Pero activistas por los derechos humanos y contra la corrupción dijeron que la ley es insuficiente, porque establece que la información declarada es confidencial.
"¿Cómo puede el público hacer que sus líderes rindan cuentas cuando la información sobre sus bienes es secreta? Si la ley vuelve ilegal revelar este tipo de información, ¿para qué sirve?", dijo a IPS Jeff Birundi, coordinador de la campaña Nombre y Avergüence a la Corrupción, una red de organizaciones anticorrupción con sede en Nairobi.
Varios países africanos tienen leyes similares sobre declaración de bienes, pero que incluyen publicar la información en los diarios oficiales o en registros abiertos a la inspección pública. Otros ofrecen la información a pedido del público, gratuitamente o a un costo mínimo.
Ha aumentado la presión sobre el gobierno para que reforme le ley, con el fin de que la información se haga pública. Las enmiendas a la ley estarán prontas a fin de año e incluyen, entre otros aspectos, el acceso de los medios de comunicación a los datos con el fin de estimular su rol de vigilancia, según el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, Kiraitu Murungi.
El año pasado, el clima se volvió más hostil para el acceso periodístico en estos asuntos, tras la revelación de una estafa.
El escándalo de la empresa Anglo-Leasing, descubierto por los medios de comunicación en abril de 2004, impulsó al gobierno a prohibir a los funcionarios la entrega de información clasificada a periodistas. Quienes desobedecieran esta directiva enfrentarían graves consecuencias, establecía la orden.
Considerada la mayor estafa cometida en este país del oriente africano, el escándalo de Anglo-Leasing involucró el otorgamiento ilegal de proyectos y pagos para la elaboración, entre otros fines, de pasaportes "a prueba de terroristas".
El dinero, 88,7 millones de dólares, fue entregado a la compañía extranjera, aunque el propio gobierno admitió que sus propietarios son desconocidos.
Aunque los ministros de Finanzas y Transportes se vieron implicados en el escándalo, han logrado salvarse de momento, pese a la tensión entre Nairobi y los donantes internacionales por la estafa.
Para consternación de las organizaciones anticorrupción, el gobierno decidió despedir a cuatro secretarios permanentes de los ministerios que manejaban los pagos y pidió a la Comisión Anticorrupción de Kenia que investigara.
Aunque dicha comisión carece de poderes para acusar y procesar, el gobierno sostiene que quienes sean hallados culpables serán juzgados.
Los activistas replican que la voluntad gubernamental de combatir la corrupción se medirá por el manejo del escándalo de Anglo-Leasing.
"No es cuestión de despedir a cuatro secretarios. La lógica de la corrupción en Kenia, como en (el resto de) África, indica que ningún delito por una suma tan grande puede llevarse a cabo sin un firme respaldo político. Queremos saber quiénes estuvieron detrás de esto y qué les pasará", dijo a IPS Maina Kiai, presidenta de la Comisión Nacional sobre Derechos Humanos en Kenia, una entidad independiente designada por el gobierno.
Nairobi sostiene que no ha renegado de su compromiso contra la corrupción, citando su reciente jugada de contratar a una compañía británica para rastrear unos 945 millones de dólares sacados ilegalmente del país durante años y depositados en cuentas bancarias extranjeras. La empresa, Kroll and Associates, presentó su informe el mes pasado.
El gobierno de Kibaki aún debe revelar sus contenidos. "Todavía estamos estudiándolo, antes de desarrollar un plan de acción", dijo Dorothy Angote, jerarca del Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales.
