La concentración de policías en un nuevo cuartel establecido apenas a 30 kilómetros de La Paz, sede del gobierno de Bolivia, despierta el recelo de los cultivadores de coca de la zona, donde se teme un brote de violencia con consecuencias imprevisibles.
A una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar y en medio de la cordillera de los Andes por la cual atraviesa una ruta que une occidente con la oriental región semitropical de los Yungas, se alza el flamante control policial de estupefacientes y de productos químicos que se emplean en la fabricación de cocaína a partir de las hojas de coca.
Rodeadas de montañas con sus faldas cubiertas de nieve y hielo permanente, el cuartel antidroga denominado La Rinconada desata una controversia entre el gobierno de Eduardo Rodríguez y 15 organizaciones de campesinos dedicados al ancestral cultivo de coca.
"El principal temor es que el cuartel se convierta en una base militar represiva contra los productores de hoja de coca", explicó a IPS el jefe de noticias de la local Radio Uchumachi, Marcelo Chávez.
En opinión de las autoridades encargadas de la represión del narcotráfico, la instalación del puesto de control se justifica porque, por ejemplo, en los primeros ocho meses del año se decomisaron unos 200.000 kilogramos de hoja de coca camuflados en 250 camiones.
Este volumen comercializado de manera ilícita habría permitido la producción de unos 630 kilogramos de cocaína, según el viceministro de Defensa Social, Javier Viscarra.
Hasta ahora, el control se realizaba en un retén ubicado a siete kilómetros de La Rinconada, en la población de Unduavi, donde confluye el tráfico vehicular procedentes de las provincias de Nor Yungas y de Sud Yungas, las dos áreas de iguales características divididas por una cadena montañosa en que se divide esta región del departamento de La Paz.
Estas extensas áreas serranas cubiertas de abundante vegetación y grandes recursos naturales, como madera, frutas y otros productos alimenticios propios de una región con una temperatura promedio de 25 grados, es donde tiene su centro tradicional de producción de la hoja de coca.
Esas plantaciones se expandieron primero a zonas como Apolo, en el mismo departamento de La Paz, y luego ante el aumento de la demanda en los años 80 llegaron hasta el central departamento de Cochabamba.
En la ciudad turística de Coroico, a 97 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, es donde esta guerra antidroga en ciernes es vista con más temor por posibles enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y los agricultores, que anuncian huelgas y bloqueos de rutas contra la instalación del nuevo centro de control.
"La penalización del tradicional y milenario cultivo, y la construcción de un cuartel, sin negociación previa", puede conducir a una tragedia, comentó a IPS el director de Turismo del gobierno municipal de Coroico, René Toro Portugal.
Mientras las posiciones entre el gobierno y los agricultores de los Yungas se mantienen irreconciliables, Toro propone un debate nacional e internacional por la abolición de la penalización de la producción en exceso de hoja de coca.
La ley 1008 de Sustancias Controladas sólo permite el cultivo en Bolivia de 12.000 hectáreas de coca, pero el gobierno estadounidense denunció en 2004 que los cultivos sólo en los Yungas abarcaban 23.500 hectáreas, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que existen aún 27.700 hectáreas, según datos del propio gobierno de este país.
Bolivia está considerado el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú, por lo cual esta cuestión es uno tema central en la agenda bilateral con Estados Unidos.
Esta norma, promulgada en julio de 1988 como resultado de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, es criticada por penalizar el cultivo de hoja de coca más allá de la demanda del consumo tradicional en infusiones, rituales indígenas y como producto medicinal en el país.
Esa disposición habilitó la ejecución de un drástico plan de erradicaciones forzosas de plantaciones, que dejó como saldo muertos y heridos en estos años en choques entre campesinos y fuerzas de seguridad, en especial en el central departamento de Cochabamba.
Simultáneamente, con la ayuda de Estados Unidos y países europeos, se implementó un programa de erradicación voluntaria de cultivos a cambio del pago de 2.500 dólares la hectárea en ese departamento, pese a lo cual aún quedan 5.100 hectáreas plantadas.
En la región de los Yungas y la vecina Norte de La Paz aún existen 19.500 hectáreas, 7.500 más que las autorizadas, según datos oficiales. Hasta ahora en esos lugares sólo se aplicaron programas de desarrollo agrícola alternativo, como café y frutales, sin recurrir a la erradicación por la fuerza.
Tanto el gobierno como la representación diplomática de Estados Unidos coinciden en afirmar que los volúmenes superiores producidos fuera de las 12.000 hectáreas son desviados a fines ilícitos y no a los tradicionales, como la masticación (acullicu), los rituales de la etnia aymara y el uso como medicina.
En esta nueva batalla, nueve organizaciones regionales, seis federaciones y la Asociación de Productores de Coca intentan dejar a un lado sus diferencias y se preparan para una huelga de hambre y el bloqueo de carreteras, movilizaciones similares a las del año pasado que fueron disueltas por la represión policial y militar.
"El funcionamiento del retén policial debería preocupar a los traficantes de precursores y narcotraficantes y no a los productores de coca", expresó el ministro de la Presidencia Iván Avilés.
El conflicto por el nuevo puesto de control también tiene su ángulo político. El Movimiento al Socialismo, liderado por el dirigente indígena y de los cultivadores de coca Evo Morales Ayma, y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria se disputan el timón del movimiento de protesta.
Pero al margen del tema de la fiscalización y control, el director de Turismo de Coroico coloca sobre la mesa otros problemas sociales y el perjuicio económico de un eventual enfrentamiento.
El turismo de aventura ha ganado un lugar privilegiado en Coroico y sus alrededores. Un viaje en bicicleta de montaña por la llamada "ruta de la muerte" debido a los numerosos accidentes de tránsito, en los serpenteantes y estrechos caminos que se esculpen en la roca al borde de abismos, es la actividad preferida de los muchos extranjeros que llegan al lugar.
Pero también el canotaje de alto riesgo y las caminatas por caminos precolombinos se codean con la curiosidad de visitantes atraídos por la milenaria hoja de coca, que los guías turísticos se esmeran en resaltar cualidades medicinales, su uso para sustituir alimentos y como elemento principal de rituales ancestrales.
A seis kilómetros de Coroico, en la comunidad de Cruz Loma, decenas de personas se dedican al cultivo y cosecha de hoja de coca, que se convierte en el principal sustento económico a diferencia de otros productos como los cítricos, el café o los plátanos.
Las razones son muy simples y se expresan en simples cálculos, según explica a IPS el agricultor Eulogio Larrea, un afroyungueño de unos 50 años.
Cada familia cuida entre una y media hectárea de hoja de coca que ofrecerá sus frutos en tres oportunidades durante el año, mientras que otros productos sólo lo hacen una vez en ese lapso.
En cada cosecha de coca pueden obtener hasta tres tambores de 24 kilogramos, que se cotizan en La Paz a un precio equivalente a 100 dólares, mientras una carga de café de 60 kilogramos sólo se cotiza en 38 dólares.
Cuando IPS preguntó a Larrea sobre la posibilidad de un endurecimiento de la política antidroga, el moreno agricultor no duda en responder: "…puede correr sangre". (FIN/IPS/fc/dm/ip if pr/sl/05)
