En Colombia, desde el propio ámbito judicial piden a gritos justicia. Esta vez fue en boca de la hija de Pablo Antonio Beltrán, un juez asesinado junto a otros 11 investigadores por paramilitares ultraderechistas en connivencia con el ejército.
La hoy ingeniera química Alexandra María Beltrán era aún una niña el 18 de enero de 1989, cuando su padre fue muerto en La Rochela, una zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, en el nororiental departamento de Santander.
Junto a Beltrán fueron asesinados otro juez y 10 funcionarios judiciales que habían acudido a esclarecer 25 crímenes cometidos por paramilitares de derecha en compañía de agentes de seguridad del Estado.
Entre los delitos que se investigaban se contaban torturas, desapariciones forzadas de personas y asesinatos. Uno de esos casos era la matanza y desaparición de 19 comerciantes en 1987 en Puerto Boyacá, en el centro del país, por lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos le atribuyó últimamente responsabilidad al Estado colombiano.
Serena y vestida de negro y blanco, al igual que todos quienes la acompañaban, la joven Beltrán leyó en la noche de la víspera en la sede de la cancillería de Colombia, un discurso puntual y directo en nombre de todas las familias de los asesinados de la comisión judicial.
La escuchaban el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, la canciller Carolina Barco, el ministro de Defensa, Camilo Ospina, el fiscal general Mario Iguarán y los presidentes de las altas Cortes.
El acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado correspondió a una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del caso que esa instancia continental sigue por el crimen de La Rochela.
Otras disposiciones al respecto de esta Comisión, que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos, son reservadas.
Si Colombia no cumple esas recomendaciones, el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal continental, para que inicie el proceso judicial correspondiente.
"Nuestros familiares fueron interceptados por un grupo paramilitar que se hizo pasar por un comando de las FARC (las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), al mando de (…) un aventajado sicario paramilitar de gran confianza de los mandos militares de la región", narró Beltrán.
El juez Beltrán y sus compañeros, entre ellos una mujer, "fueron amarrados mediante engaños, transportados en uno de los vehículos y posteriormente asesinados en absoluto estado de indefensión. Los victimarios procedieron a escribir consignas para hacer creer que el crimen lo habían cometido las FARC", rememoró.
Alexandra María Beltrán agregó que existen "abundantes evidencias" de que los asesinos estaban coordinados por el batallón militar de la región y tenían conexiones con una base cercana, "donde el coronel Rodrigo Rojas Guerra les pagaba periódica y personalmente por sus actividades".
"Que no se diga que los responsables de este crimen fueron elementos aislados y descarriados del ejército", advirtió.
"Detrás de este crimen existen prácticas sistemáticas de agentes del estado, comprometidas hasta la médula con el ejercicio del terrorismo de Estado, que creó, apoyó y fomentó las organizaciones paramilitares que han llenado de infinito dolor y extrema desolación a miles de hogares", enfatizó, para luego afirmar que los planes "genocidas" son elaborados en Colombia por agentes de seguridad, desde brigadas y batallones del ejército.
En el caso de su padre y sus colegas, el Estado "no dudó en eliminar a sus propios funcionarios, por considerarlos una amenaza para sus políticas de impunidad", remarcó Beltrán.
El paramilitar que dirigió el grupo de sicarios, conocido con el alias "el negro Vladimir", fue detenido y detalló cómo se planearon, organizaron y ejecutaron los hechos. Señaló los móviles, intermediarios, quienes auspiciaron el operativo y hasta a los autores intelectuales del crimen.
En este caso se trató no sólo de neutralizar a los investigadores sino también de acceder a los expedientes que la comisión judicial portaba.
Los sicarios mantenían alianzas estratégicas con narcotraficantes, según los testimonios y evidencias. El grupo paramilitar "tenía la injerencia directa y el apoyo de los comandantes de la Segunda División, Brigadas y batallones del ejército nacional" a través de cinco generales, seis coroneles, un mayor y un teniente que Beltrán mencionó por sus nombres y apellidos.
El político santandereano Tiberio Villareal también figura en la declaración de "Vladimir" como responsable intelectual y operador directo de un grupo paramilitar.
Villareal, además, se encargaba de recoger aportes monetarios de los comerciantes de Bucaramanga, la capital de Santander, y de hacerlos llegar al grupo de sicarios comandado por "Vladimir". A cambio, los paramilitares le "conseguían" votos, señalan el testimonio del detenido.
"También se llegó a la certeza de que Acdegam (Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio) prestó invaluable colaboración a los asesinos, informándoles la ruta de los investigadores y advirtiéndoles que éstos portaban consigo el correspondiente expediente", dijo Beltrán.
En la causa por estos asesinatos quedaron involucrados también comandantes de estaciones de policía de la región.
Beltrán agregó que en "las escuelas de formación y entrenamiento militar donde recibían cursos de mercenarios extranjeros como (el israelí Yair Klein y ex soldados británicos) (se planeaban) masacres y ejecuciones".
Los militares señalados fueron ascendidos. La investigación contra un general, un coronel, el mayor y el teniente fue trasladada a la justicia penal militar, que aborda "actos del servicio".
Nunca se hicieron gestiones para identificar plenamente a los militares de los que ya se conocían su apellido y rango militar. Contra Acdegam nunca se actuó y los servidores públicos investigados fueron declarados "inocentes por prescripción", añadió.
El parlamentario Villarreal "fue beneficiado con un apresurado auto inhibitorio de la Corte Suprema de Justicia", recordó Beltrán.
La joven comentó que "este acto de desagravio no hubiera sido posible si el caso no hubiera sido llevado a instancias internacionales de justicia". El Estado reconoció indemnizaciones sólo a una parte de las familias.
"Después de 16 años estamos en el inicio de la investigación", dijo a IPS Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que se constituyó como parte civil querellante ante la justicia interamericana y así reabrió el expediente, paralizado desde 1990.
"Que no se diga que la responsabilidad del Estado se expresa en la simple omisión de sus deberes u obligaciones de protección. ¿Acaso el paramilitarismo no contó con todo el respaldo jurídico, político y económico del Estado desde el mismo momento de su creación?", señaló Beltrán, para quien el perdón no es posible si no está antecedido de la verdad histórica de lo ocurrido.
El comentario fue en respuesta al vicepresidente Santos, quien en el acto del miércoles pidió, en nombre del Estado colombiano, perdón a las familias de las víctimas y a tres miembros de la comisión judicial que sobrevivieron.
El fiscal Iguarán advirtió que "sólo habrá verdad jurídica. Reparación, es muy difícil".
Un clamor de protesta se escuchó en el recinto cuando Santos, dirigiéndose a las familias, les prometió que "muchos de los victimarios (mencionados por Beltrán) van a pasar por los estrados judiciales de la Ley de Justicia y Paz", una polémica norma aprobada en junio para ser aplicada a la desmovilización de paramilitares que el gobierno pactó.
"¡Impunidad total!", se escuchó como un solo grito en el recinto, conmovido por las palabras de Beltrán. Llevamos 16 años "reclamando justicia ante un Estado indolente con las víctimas, pero extremadamente generoso y complaciente con los victimarios", apuntó. Acerca de las recomendaciones reservadas impartidas por la Comisión Interamericana, se sabe que se refieren al rescate de la verdad histórica, la administración de justicia con el deber de investigar a todos los autores intelectuales y materiales y a los que se beneficiaron de los crímenes.
También exhorta a procesar un juicio imparcial, a la reparación plena de la totalidad de las víctimas y garantizar que no se repitan estos crímenes.
La Ley de Justicia y Paz será aplicada solamente a delitos de lesa humanidad que hayan sido previamente investigados y procesados por la justicia.
"Quieren legitimar su actuación con el esfuerzo de años de las familias de las víctimas", dijo a IPS Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, creado a raíz de la aprobación de la norma.
La aplicación de la Ley de Justicia y Paz en este caso "es terrible", señaló a IPS Antonio Suárez, miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Jueces Asonal Judicial.
"Todo el mundo sabe que la Ley de Justicia y Paz es un escenario de impunidad hacia el paramilitarismo", dijo el juez.
Si la matanza de La Rochela pasa a la Ley de Justicia y Paz, el abogado Carreño prevé que la justicia interamericana declarará la nulidad de lo actuado a través de esa ley y que habrá revisión de los procesos penales. (
