En concordancia con su política de revisar el pasado dictatorial de Argentina, el gobierno apartó a Pedro Pasteris de la jefatura de Gendarmería al día siguiente de que una investigación periodística lo involucrara en la desaparición forzada de nueve personas en los años 80.
"Su relevo no significa que lo imputemos, pero no podemos tener al frente de una fuerza de seguridad a un hombre cuestionado", dijo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, al explicar el rápido trámite que culminó este lunes con el despido del comandante general Pasteris del mando de la guardia fronteriza, al que llegó en noviembre de 2004.
En un informe publicado en la víspera por el diario Clarín, de Buenos Aires, se indicó que Pasteris fue jefe de la custodia del puente sobre el río Uruguay entre la nororiental ciudad argentina de Paso de los Libres y la brasileña de Uruguayana del 1 de enero de 1980 al 14 de enero de 1983, cuando fueron secuestradas y desaparecidas al menos nueve personas.
Uno de esos detenidos-desaparecidos es Lorenzo Ismael Viñas, hijo del destacado escritor David Viñas, detenido en Brasil por militares de ese país junto al sacerdote católico Jorge Adur. Ambos fueron llevados al otro lado del río por el puente internacional y entregados a fuerzas represivas de la dictadura militar argentina (1976-1983).
La esposa de Viñas, Claudia Alegrini, dijo este lunes a IPS que los delitos de la dictadura en esa zona limítrofe con Brasil de la nororiental provincia de Corrientes "estuvieron tapadas todo este tiempo".
Alegrini sabía que su marido había sido detenido en Brasil y puesto en manos represivas en Argentina, pero siempre creyó que había estado en Campo de Mayo, la sede del Ejército en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, a mediados de este año conoció que Viñas y otros estuvieron detenidos también en otro destino, que fue un lugar llamado La Polaca, cerca de Paso de los Libres.
A partir del reciente testimonio de un agente civil de la inteligencia militar de entonces, los casos de secuestros y desapariciones en la provincia de Corrientes se constituyeron en un capítulo relativamente nuevo de la historia de la represión dictatorial.
Carlos Waern, un ex agente de inteligencia del Ejército, reveló en mayo pasado que durante la dictadura esa fuerza militar trasladaba a prisioneros desde otras partes del país hacia ese puente internacional con Brasil y los obligaba a identificar a miembros de agrupaciones políticas de oposición y posibles guerrilleros.
El caso de Paso de los Libres formó parte de la denominada Operación Murciélago, ejecutada por la dictadura en 1979 para controlar los pasos fronterizos con Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con el fin de enfrentar lo que se dio en llamar la contraofensiva de Montoneros, lanzada por jefes de esa organización guerrillera de origen peronista desde el exilio.
Alegrini señaló a IPS que en la Operación Murciélago para identificar a quienes luego detenían y hacían desaparecer fueron utilizados detenidos ilegales, entre ellos dos miembros de la conducción de Montoneros, Amilcar Arqueti y Silvia Tolchinsky.
En la actualidad, Tolchinsky vive en Barcelona junto al ex agente de inteligencia del Ejército Claudio Scagliuzi, a quien conoció cuando ella estuvo detenida.
"En Paso de los Libres, el Ejército le alquiló una casa a Tolchinsky durante seis meses y donde ella vivía durante el tiempo en que realizó esas tareas de vigilancia en el puente para delatar a sus compañeros", afirmó Alegrini a IPS.
Ahora, la justicia podría llamarla a declarar, aunque se desconoce aún si se la podrá imputar en esta causa, dijo la esposa de Viñas. Tolchinsky era secretaria de Mario Firmenich, jefe de Montoneros, y estuvo exiliada en México y en Cuba antes de ser detenida a su regreso a Argentina.
El ex agente Waern narró que los secuestrados en el puente eran llevados por la Gendarmería y luego entregados al Ejército.
Pero como el puesto de vigilancia era chico en ese lugar, a unos 1.000 metros del puente se montó una prisión ilegal en una chacra conocida como La Polaca, por donde habrían pasado "unas 300 personas", añadió.
A raíz de esta denuncia, Alegrini fue convocada por una organización humanitaria para que se presente como querellante en la causa iniciada en Paso de los Libres. La mujer se presentó en junio y declaró ante el juez a cargo de la investigación, Juan Ángel Oliva, sobre lo que sabía del destino final de su marido, y realizó un reconocimiento de La Polaca.
La comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Paso de los Libres pidió al juez que cite a declarar también al actual embajador argentino en Colombia, general retirado Martín Balza, quien fuera comandante del Ejército en la década del 90 y en los años que se investigan era jefe del Grupo de Artillería, con asiento en esa ciudad.
Pero Balza se adelantó y ya mandó ya un escrito al juzgado en el cual asegura que no tuvo ninguna relación con esos crímenes de lesa humanidad y que "jamás" supo de la existencia de un centro de detención ilegal en la zona.
La Polaca "es un lugar apartado, cerca del río Uruguay, y yo estimo que por ahí tienen que haber pasado muchos de los desaparecidos porque los podían enterrar entre los cañaverales o echarlos al río y nadie se iba a enterar", comentó Alegrini.
El campo contaba con un sótano adonde los prisioneros eran llevados por sus captores para que fueran mordidos por víboras, contó Alegrini. "Yo recorrí el pueblo y los lugares cercanos a La Polaca y resulta que los pobladores conocen muchos detalles de lo que ocurría allí, y la conocían a Tolchinsky, pero todo permanece tapado", dijo.
Según la investigación de Clarín, fuentes de la Gendarmería que trabajaron con Pasteris en Paso de los Libres aseguraron que éste "sabía muy bien lo que ocurría en el puente". "Sus gendarmes secuestraban a los señalados", afirmó la fuente desde el anonimato.
Con esos elementos, el gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner resolvió remover del cargo a Pasteris, promovido hacía 10 meses tras un relevo masivo de 12 de los 16 comandantes decidido a raíz del presunto manejo irregular de licitaciones de servicios administradas por la Gendarmería, una fuerza de seguridad de naturaleza militar dependiente del Ministerio del Interior.
"Al gobierno no le quedaba alternativa que separarlo, porque el juez de Paso de los Libres lo iba a tener que llamar a declarar", opinó Alegrini.
