El gobierno de Argentina proyecta un crecimiento económico que le permitirá aumentar en 2006 la inversión en políticas sociales y obras públicas. Pero para que los planes no queden en el papel, se requiere un control más estricto de los gastos previstos, advierten distintos observadores.
El gobierno de Néstor Kirchner presentó este jueves al Congreso legislativo el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2006 en el que se prevé un crecimiento del producto interno bruto anual de cuatro por ciento, un aumento de la inflación de 8,7 por ciento y un superávit fiscal de 3,5 por ciento destinado al pago de la deuda externa.
Según los pronósticos de diversos estudios privados, el presupuesto del Poder Ejecutivo es cauto en la proyección de ingresos. Pero, además, se abstiene de reclamar al Congreso la facultad de reasignar partidas a su arbitrio (los "superpoderes"), una solicitud polémica que se había convertido casi en rutina desde comienzos de los años 90.
Pese a estas aparentes virtudes del proyecto, legisladores de la oposición y miembros de organizaciones no gubernamentales coincidieron en que las debilidades del presupuesto no surgen de su texto, sino de la ejecución futura de esos gastos, sobre la cual no existe un control efectivo del Congreso.
En diálogo con IPS, la economista Laura Malajovich, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, advirtió que en los últimos años la reasignación de fondos conseguidos por encima de lo presupuestado se ha materializado a través de decretos presidenciales "de necesidad y urgencia".
La mecánica se viene repitiendo desde 2003. El gobierno presenta un proyecto de presupuesto con estimaciones de crecimiento y recaudación muy moderadas en relación con los resultados reales de la actividad económica. Esta subestimación le permite manejar luego discrecionalmente el excedente.
Estos fondos no previstos escapan al control parlamentario.
"Cuando se presenta el presupuesto, se hace mucho hincapié en criticar los pedidos de poderes extraordinarios. Este año, esas facultades no se pidieron, pero yo creo que el principal foco no debería estar allí sino en el papel del Congreso para monitorear la ejecución del presupuesto a lo largo del año", remarcó la experta.
Para el diputado Claudio Lozano, de la opositora Fuerza Porteña, la decisión gubernamental de abstenerse en materia de facultades extraordinarias para manejar el presupuesto "es un salto de calidad institucional" respecto de experiencias previas en las que "el debate parlamentario sobre el presupuesto era una ficción".
No obstante, el legislador señaló que en 2004 y 2005 el gobierno utilizó recursos no presupuestados de manera discrecional y no mediante los "superpoderes" sino apelando a otras vías que las cámaras legislativas no pudieron obstruir.
"El atajo fueron los decretos presidenciales que no son sometidos a ratificación parlamentaria", explicó el diputado a IPS. El gobierno maneja los excedentes de recaudación a través de "decretos de necesidad y urgencia" sin rendir cuenta de esos gastos ni debatir su prioridad, sostuvo.
Durante los años 90 era habitual el envío al Congreso de proyectos de presupuesto en los que se sobreestimaba la recaudación y el nivel de crecimiento futuros. Pero luego del cese de pagos en que incurrió el Estado a fines de 2001, las proyecciones fueron siempre más moderadas.
Ésta ha sido la marca distintiva de los textos presupuestales presentados por el ministro de Economía Roberto Lavagna, quien asumió la conducción de esa cartera en 2002 durante la gestión de Eduardo Duhalde (2002-2003), y siguió en el cargo luego de la asunción de Kirchner en ese último año.
Pero la aparente virtud de la cautela se está transformando en una de las principales debilidades en el manejo de fondos públicos. "En 2004, el gobierno contó con una verdadera caja oculta que gastó sin pasar por el Congreso", afirmó Lozano, quien efectuó este mes una presentación judicial al respecto.
Según sus cálculos, sobre un total de ingresos de casi 80.000 millones de pesos (27.400 millones de dólares) hubo un excedente de 18.000 millones (6.200 millones de dólares), que se destinó a cancelar vencimientos de capital de la deuda externa con organismos multilaterales de crédito, precisó.
"Con todas las necesidades que tenemos en materia social, el gobierno debería someter a debate el uso de esos fondos", reclamó el legislador, quien es además economista de la Central de los Trabajadores Argentinos.
En lo que va de 2005, esos ingresos por encima de lo previsto ya llegan a 9.000 millones de pesos (3.100 millones de dólares), según admitió el propio Lavagna. Y el Congreso no tiene modo de fiscalizar su destino, alertó Lozano.
"El parlamento no está controlando la ejecución aprobada del presupuesto", advirtió. Si el gobierno quisiera subsanar la subestimación debería enviar al Congreso un "presupuesto complementario" a fin de que los legisladores puedan discutir las prioridades de uso de esos fondos excedentes.
Malajovich señaló que, efectivamente, la subestimación de ingresos que proyecta el gobierno para 2006, aunque no descabellada, es "excesivamente prudente", como en años anteriores, y en ese punto podría haber una estrategia deliberada para manejar fondos sin control.
Con todo, ni las facultades extraordinarias ni la subestimación de ingresos serían problemas si existieran "mecanismos adecuados" de reasignación de fondos y, sobre todo, "un control social efectivo" personificado en el Congreso, el órgano que representa la potestad popular de decidir el destino de los recursos públicos.
