Una reparación de rutina a bordo del buque cisterna Tradewind Sunrise, de bandera panameña, terminó en tragedia cuando las chispas de un soldador encendieron gases y causaron la muerte a cuatro trabajadores en Trinidad y Tobago.
El accidente, ocurrido en junio, llevó a 13 la cantidad de personas muertas este año en accidentes laborales en este país caribeño. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), unas 3.000 personas por día o dos por minuto mueren en todo el mundo por esos accidentes.
Ahora, sindicatos trinitobaguenses temen que los familiares de las víctimas no obtengan una compensación adecuada y condenan la inacción del gobierno de Patrick Manning, que no promulgó la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, aunque el parlamento la aprobó en febrero de 2004.
La nueva ley crearía un organismo de supervisión con muchas más facultades que la actual Inspectoría de Fábricas, que no inspecciona regularmente comercios ni oficinas, observó David Abdullah, presidente de la Federación de Sindicatos Independientes y Organizaciones No Gubernamentales.
El proyecto prevé también la creación de comisiones conjuntas de salud y seguridad en cualquier lugar de trabajo con más de 25 empleados, y exige a las empresas medidas básicas de seguridad, como salidas de emergencia claramente señaladas.
Asimismo, actualiza la antigua Ordenanza de Minas y Perforaciones que rige operaciones petroleras como la que realizaba el Tradewind Sunrise. Según familiares de los trabajadores fallecidos, el buque operaba en violación de normas laborales nacionales e internacionales.
"Ahora que en los primeros seis meses del año murieron más de una docena de trabajadores, el gobierno reconocerá que debe aplicar la nueva ley de inmediato", comentó el periódico Express en un artículo editorial, y anticipó más accidentes trágicos en lugares de trabajo.
El movimiento sindical de Trinidad y Tobago promueve hace años la actualización de las leyes de seguridad laboral, dado que las protecciones vigentes están basadas en el antiguo derecho colonial británico y en la Ordenanza de Factorías de 1950.
El Centro Nacional de Sindicatos (NATUC), una federación de organizaciones sindicales nacionales, atribuyó la lentitud de la reforma a la presión de grupos empresariales.
"Esta es la realidad", declaró Vincent Cabrera, secretario general de NATUC. "No todos los empleadores, pero algunos sí, presionan para que el gobierno no aplique la nueva ley", aseguró.
Sin embargo, "el movimiento sindical continuará impulsando la aplicación de la ley, y pronto tendrán más noticias de nosotros en esa material", dijo Cabrera en una conferencia de prensa.
Errol McLeod, presidente del Sindicato de Trabajadores de Yacimientos Petrolíferos, el mayor sindicato del país, también acusó al gobierno de falta de coraje para promulgar la nueva ley, que a su criterio protegería tanto a trabajadores como a industriales.
El sindicato de McLeod "sólo encuentra una razón convincente para la falta de promulgación de la ley, y es la presión combinada de las grandes empresas".
Pero Emmanuel George, un alto funcionario del Ministerio de Trabajo, rechazó esa interpretación.
"Los sindicatos tienen su opinión, los empleadores tienen la suya, y el papel de este Ministerio es acercar a las partes", dijo George en un foro organizado por la Oficina de Normas, Salud, Seguridad y Ambiente.
El gobierno respaldó públicamente la necesidad de modificar la ley vigente. Sin embargo, "hay que aclarar ciertas cosas antes", advirtió la viceministra de Industria y Comercio, Dianne Seukeran.
La ley debe estar a la par con las de otros países, en especial en los sectores de comercio y energía, porque se la podría considerar una barrera a la inversión extranjera, explicó.
La Cámara de Industria y Comercio de Trinidad y Tobago y la Cámara Americana de Comercio de Trinidad y Tobago rechazaron la acusación de los sindicatos de que su estrategia es frenar la aplicación de la ley a cualquier costo.
Sin embargo, observó, la nueva Ley de Seguridad y Salud Ocupacional carece de los controles necesarios para impedir abusos de los trabajadores y "está incompleta en este sentido".
Por otra parte, los sindicatos señalaron que, aun industrias con comisiones conjuntas bien establecidas sobre salud, seguridad y ambiente no aplican en muchos casos las recomendaciones de éstas.
Un representante sindical dijo a un reciente foro en Puerto España que, según registros, "la mayoría" de los accidentes graves en el sector industrial involucran a trabajadores contratados a plazo.
"Las empresas buscan reducir costos laborales utilizando trabajadores temporarios, porque éstos no reciben los beneficios de los trabajadores permanentes y en muchos casos se les paga menos", explicó Chandrasain Ramsingh, miembro ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Yacimientos Petrolíferos.
