Cuando el gobierno interino de Iraq declaró este año su intención de adherirse al tratado de la Corte Penal Internacional (CPI), muchos países y organizaciones no gubernamentales recibieron una grata sorpresa. Pero les duró poco.
En cuestión de días, la administración provisional de Bagdad revirtió su decisión, presumiblemente bajo fuerte presión de Washington, que se opone al primer tribunal mundial creado para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.
Pese a un relativo silencio sobre el asunto durante meses, el debate resurge en momentos en que políticos iraquíes debaten el proyecto de una nueva Constitución que deberán completar antes del 15 de este mes y someter a un referendo popular en octubre.
El derecho internacional representa los máximos valores de honor, justicia y humanidad, destacó la Organización por los Derechos Humanos y la Democracia, con sede en Bagdad, en carta a la Comisión Constituyente el pasado jueves.
La carta, firmada por casi 100 abogados, académicos, médicos e intelectuales, urge a los redactores de la nueva Constitución a insistir en que el texto constitucional afirme claramente el derecho internacional en su totalidad, principalmente el Estatuto de Roma (que dio origen a la CPI), así como otros tratados, convenciones y declaraciones internacionales.
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Además de enviar cartas a líderes políticos iraquíes, grupos de derechos humanos con sede en Bagdad también han establecido contacto con organizaciones internacionales que hicieron campaña por la creación de la CPI.
Numerosos activistas por la democracia habían protestado en marzo contra la medida del gobierno interino de Iraq de revertir su anterior decisión de incorporarse a la CPI.
Sin aviso ni explicación, y antes de que se secara la tinta con que escribió su decisión de incorporarse a la Corte, el Consejo de Ministros revirtió su decisión, se quejaron los activistas en una carta al entonces presidente iraquí Eyad Allawi, y describieron la medida como contradictoria e hipócrita.
Defensores de la CPI en Estados Unidos consideraron que el cambio de decisión respondió a presiones del gobierno de George W. Bush.
Informes que hemos recibido indican que (el cambio) fue resultado de presiones, dijo a IPS Anjali Kamat, de la Coalición por la CPI, con sede en Nueva York, que representa a más de 2000 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.
El Estatuto de la CPI se aprobó en Roma el 17 de julio de 1998, con la firma de la mayoría de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Corte nació oficialmente el 1 de junio de 2002, luego de que 60 países completaran el proceso de ratificación del acuerdo.
Al contrario de otros tribunales internacionales, la CPI no juzga a Estados sino a individuos, y ejerce jurisdicción sólo sobre delitos cometidos luego de su entrada en vigencia.
Hasta ahora son 99 los Estados que ratificaron la CPI, pero entre los que no lo han hecho se incluyen Estados Unidos, China y Rusia, tres de los cincos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Israel.
El 6 de mayo de 2002, Bush retiró la firma del tratado constitutivo de la Corte que había estampado su antecesor, Bill Clinton.
Bush exige a los países que ratificaron el Estatuto de Roma la firma de acuerdos bilaterales para que se abstengan de procesar a militares estadounidenses que incurran en crímenes de guerra como miembros de contingentes de paz de la ONU o participen en las llamadas guerras preventivas, como la lanzada por su gobierno en marzo de 2003 contra Iraq.
Los acuerdos que exige Bush obligan a los Estados parte de la CPI a no entregar a esa Corte a ciudadanos estadounidenses, y a remitirlos en cambio a la justicia de su país. Los países que se nieguen a firmar esos pactos corren riesgo de perder la ayuda militar de Washington.
Pese a las tergiversaciones de Bush, la ratificación del Tratado de Roma y otros acuerdos humanitarios internacionales brindaría a todos los ciudadanos mayor protección y acceso a la justicia, observó William Pace, presidente de la Coalición por la CPI, en declaraciones a IPS.
Esperamos que en el futuro cercano el nuevo gobierno iraquí pueda terminar la ratificación del tratado de la CPI, para que la inmunidad por crímenes de guerra sea algo del pasado en Iraq, agregó.
Estados Unidos todavía no firmó un acuerdo bilateral con Iraq, país al que invadió en marzo de 2003, pero observadores advirtieron que si el gobierno iraquí intenta incorporarse a la CPI en algún momento, probablemente Washington recurra a esa opción.
Creo que Estados Unidos tratará de hacer eso. Pero antes habrá un largo proceso, opinó Kamat.
