Los procesos para aprobar en la ONU y la OEA sendas declaraciones sobre derechos de los pueblos indígenas derrapan por las profundas diferencias entre los negociadores, que se mantienen así desde hace más de una década, según expertos reunidos en la capital mexicana.
Los gobiernos y líderes indígenas parecen hoy hablar lenguajes distintos cuando negocian las declaraciones, pero hay que seguir con el esfuerzo, dijo a IPS el chileno Jaime Andrade Guenchocoy, presidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.
En caso de ser resueltos, estos instrumentos serían un un marco ético fundamental para garantizar los derechos de los pueblos nativos, apuntó.
El Fondo, un organismo multilateral creado en 1992 y en el que tienen representación paritaria gobiernos e indígenas, finalizó este martes su reunión de dos días en México programada con el fin de buscar caminos para destrabar las negociaciones que se dan en el marco de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y de la OEA (Organización de Estados Americanos).
Según Andrade Guenchocoy, ambos procesos no avanzan debido que entre los actores hay comprensiones distintas de diversos asuntos.
Por ejemplo, cuando unos hablan de tierras, otros entienden territorios; cuando se habla de recursos naturales, otros entienden medio ambiente; o cuando se habla de autonomía, otros ven exclusión, detalló.
Por su parte, Juan Alvarado, delegado de la OEA a la cita en México, admitió que es difícil pedir mayor flexibilidad en las negociaciones a los indígenas, luego de tantos siglos de injusticias. Sin embargo, llamó a sus líderes y a los gobiernos a realizar un esfuerzo adicional por lograr declaraciones equilibradas y viables.
Territorios, derechos colectivos y libre determinación son conceptos sobre los que hay disensos, igual que sobre políticas de reparación de daños hacia los nativos y el uso de la palabra pueblos para referirse a los indígenas.
Algunos gobiernos temen que, con las declaraciones sobre derechos indígenas, se dé pie a escisiones territoriales y autonómicas de los nativos.
Cada país tiene realidades distintas y eso impidió avanzar en las declaraciones, pero más allá de eso, lo lamentable es que, pese a estas discusiones y a la mayor presencia pública y política que tienen hoy los indígenas, su situación de pobreza y exclusión en América se mantiene a nivel elevados, expresó Andrade Guenchocoy.
En América Latina y el Caribe se concentra la mayor población indígena del mundo, con alrededor de 40 millones divididos en unos 400 grupos étnicos.
El estudio Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004, difundido en mayo por el Banco Mundial, indica que en los últimos 15 años creció de manera sorprendente la influencia y el poder político de los nativos así como las leyes a favor de su salud y educación.
De 1994 a la fecha, los movimientos que congregan a las etnias originarias de América han derrocado gobiernos en Bolivia y en Ecuador, y promovieron nuevas rutas en los procesos políticos como en el caso de México, donde hizo su irrupción el guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Sin embargo, sus niveles de ingreso, al igual que sus indicadores de desarrollo humano en educación y condiciones de salud han quedado sistemáticamente a la zaga respecto de los del resto de la población, apunta el documento del Banco Mundial.
En la región, donde los pueblos aborígenes se concentran mayoritariamente en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, el hecho de nacer indígena es casi una condena a ser pobre, añade el informe.
Las organizaciones indígenas luchan por cambiar esas condiciones de vida, mientras pugnan porque se reconozcan sus particularidades sociales y culturales y su derecho a mantenerlas y recrearlas.
La posibilidad de emitir una declaración sobre esos derechos comenzó a discutirse en la ONU en la década del 70. Para los años 80 se creó una comisión especial, a la que se le encargó la redacción de un borrador sobre el tema.
Tal documento, denominado Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, fue preparado con base a consultas a organizaciones de indígenas y estuvo listo en 1993. Dos años más tarde pasó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Esa instancia encomendó a un grupo de trabajo integrado por gobiernos y organizaciones no gubernamentales e indígenas revisar el texto antes de someterlo a aprobación en la Asamblea General del foro mundial.
Pero allí quedó atorado y muchos gobiernos, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y algunos latinoamericanos, demandan hacer modificaciones profundas al proyecto por no compartir conceptos como derechos colectivos, autonomía territorial, usufructo de recursos naturales y otros.
Las diferencias han sido tales que hasta el año pasado sólo fueron consensuados dos de los 45 artículos que tiene el proyecto de declaración. Ellos son los que se refieren a los derechos de ciudadanía de los indígenas y a la igualdad entre hombres y mujeres nativos, según un reporte realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Fondo Indígena.
En la OEA la historia no ha sido muy distinta. Esa instancia que aglutina a 34 países, todos los de América excepto la suspendida Cuba desde 1962, ordenó en 1989 redactar un instrumento interamericano sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
En 1995 y luego de numerosas consultas a gobiernos y grupos indígenas, quedó listo un proyecto preliminar.
Pero el documento fue rechazado por la mayoría de organizaciones de nativos que lo encuentran poco consistente y de escaso alcance en comparación al que se debate en la ONU. Además, los indígenas denuncian que no fueron consultados de manera adecuada al momento de su preparación.
Nuestra intención es darle una nueva oportunidad a los instrumentos en la OEA y la ONU y por eso estamos buscando alternativas y esperamos levantar las negociaciones, dijo Andrade Guenchocoy.
