Este viernes «tengo que ir a la policía judicial» de Perú, dijo un sereno Salomón Lerner, citado por una de las ocho denuncias paradójicamente presentadas en su contra por militares señalados de violar los derechos humanos en el informe de la comisión de la verdad que presidió.
El desaliento se instaló entre activistas y expertos por los pocos avances en desmantelar el soporte legal e ideológico del aparato represivo montado en los años 80 y 90 en el marco del conflicto armado interno que costó la vida a 70.000 personas, como se recomendó en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) divulgado el 28 de agosto de 2003.
En la oficina donde Lerner recibió a IPS hay una estatua del Quijote, pero sobre todo varios retablos (artesanía típica peruana) provenientes de Ayacucho, la meridional región que sufrió más el flagelo de la violencia política, sobre todo a partir de 1980 cuando en el pueblo de Chuschi, en esa zona, inició su lucha armada el grupo maoísta Sendero Luminoso.
La tarea de la CVR consistió en explorar las causas históricas y las consecuencias de este estallido, para lo cual se centró el trabajo entre 1980 y 2000, que comprendió los períodos presidenciales de Fernando Belaunde Terry (1980-1985), Alan García (1985-1990) y Alberto Fujimori (1990-2000).
Los resultados de esta investigación fueron espeluznantes: la cantidad de muertos llegó a 69.280, cuando durante años se había afirmado, aunque sin ningún sustento, que eran unos 25.000.
El informe también indicó que 46 por ciento de esas víctimas fatales eran responsabilidad de Sendero Luminoso, 30 por ciento fue atribuida a fuerzas estatales como policía, ejército, grupos de autodefensa armados por los militares y comandos paramilitares, y el resto a otros agentes y al insurgente Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Dos años después de la entrega de este informe final, el saldo es "agridulce", comentó a IPS Javier Ciurlizza, director ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Hay avances y bloqueos, pero también situaciones que causan asombro.
Entre esos hechos paradojales se cuenta la suerte de persecución judicial contra Lerner, que en la actualidad afronta ocho denuncias penales por "falsedad genérica", presentadas por la misma cantidad de generales y coroneles del ejército peruano que son mencionados en el documento de la CVR como protagonistas de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Uno de los acusadores de Lerner es el general retirado José Valdivia, procesado por liderar una matanza de por lo menos 30 campesinos en la localidad ayacuchana de Cayara, perpetrada el 13 de mayo de 1988 en represalia a un ataque de Sendero contra una patrulla militar.
Pesa orden de captura sobre Valdivia, quien ha apelado a los tribunales y pidió sólo comparecencia.
Otro de los denunciantes del ex presidente de la CVR, que también enfrenta un proceso penal, es el también general retirado Wilfredo Mori Orzo, quien era jefe Político Militar de Ayacucho en diciembre de 1984, cuando fueron ejecutadas extrajudicialmente al menos 123 personas en las localidades de Putis, Orccohuasi, Cayramayo y Vizcatampata.
Pero estas querellas judiciales no parecen preocupar demasiado a Lerner, quien insiste ante IPS en comentar el balance de la comisión de la verdad, cuando faltan sólo tres días para que cumpla dos años el informe final. Al respecto, coincide con Ciurlizza en que el aspecto donde menos se ha avanzado es en el plano de los cambios institucionales.
"Las reformas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se han detenido o no han ido más allá", sentencia. Si bien la estructura policial ha sido desmilitarizada parcialmente y se han introducido algunos conceptos de derechos humanos en los institutos castrenses, otras recomendaciones de la CVR no han sido aceptadas
No se ha aceptado, por ejemplo, la implementación del Código de Ética en las Fuerzas Armadas, que establece el deber de no obedecer órdenes claramente contrarias a los derechos humanos. Tampoco ha incorporado al Poder Judicial la justicia castrense, que durante los años de violencia juzgó a civiles y cometió abusos de todo tipo, según la investigación.
El informe de la CVR fue preciso en determinar que éste y otros ámbitos de la administración pública necesitaban una "cirugía mayor", a fin de prevenir la emergencia de un nuevo ciclo de violencia. Pero, como recuerda Ciurlizza, no se atendió a plenitud la recomendación de "refundar el pacto social entre todos los peruanos".
Con todo, el Poder Ejecutivo promulgó el 29 de julio la ley 28592, aprobada por el Congreso a comienzos del mismo mes y tras dos años de debates diferidos, bloqueados y reiniciados. La norma, aún sin reglamentar, estipula un Plan Integral de Reparaciones, que otorga varias compensaciones a los afectados por el conflicto interno armado.
Entre los beneficios se cuentan prestaciones de salud (física y mental), la entrega de vivienda y educación gratuitas para las víctimas de abusos, aunque no contempla indemnizaciones pecuniarias como ocurrió en otros países vecinos con afectados por la represión de las dictaduras de los años 70 y 80.
El gobierno de Alejandro Toledo, a su vez, lleva adelante el llamado Plan de Paz y Desarrollo para las regiones de Ayacucho y las vecinas Huancavelica y Apurímac, las más afectadas por la violencia.
El Plan Integral de Reparaciones fue la resultante, en buena medida, del trabajo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) formada por el gobierno para el seguimiento de las recomendaciones de la CVR. Sus iniciativas y de parlamentarios dieron origen a la ley 28592, que establece además la próxima creación de un Registro Nacional de Víctimas.
"El camino peruano es complejo y enfrenta el obstáculo de que hasta el momento no hay un órgano público que se haya hecho cargo de las recomendaciones de la CVR", sostuvo Ciurlizza. La ley, en efecto, está dada, pero aún no se sabe si será la CMAN u otro nuevo organismo el encargado de poner en práctica el universo de reparaciones propuesto.
También en el plano judicial reina la nebulosa. Mientras Lerner enfrenta las denuncias penales, que por ahora están a nivel de interrogatorio policial para luego decidir si pasa a vista fiscal, sólo siete de las 43 causas posibles de juicio derivados por la CVR a la Fiscalía de la Nación llegaron a un juez instructor, entre ellos todos los casos de los acusadores del ex titular de la Comisión.
La fiscal de la Nación, Nelly Calderón, afirmó a IPS que "ninguno de los casos presentados por la CVR está paralizado" y que siguen su trámite normal. Ciurlizza y Lerner, en cambio, entienden que el avance de estos procesos es lento e insuficiente, algo en lo que coinciden con numerosos grupos defensores de los derechos humanos.
Sobre las acusaciones contra Lerner, Calderón sostuvo, refiriéndose a los acusadores, que "cualquier ciudadano tiene derecho a presentar una denuncia penal".
También opinó que en los interrogatorios llevados a cabo por la CVR. para hacer su investigación, debió haber estado presente un fiscal, algo que Ciurlizza califica de "despropósito".
Mientras, la sociedad civil encara una serie de actos recordatorios, que culminarán el domingo 28, cuando en el Campo de Marte, el área verde más grande de Lima, se inaugure la Alameda de la Memoria, una especie de paseo que incluye una escultura denominada "El Ojo que llora".
En la ceremonia estarán presentes Lerner, los otros 11 ex miembros de la CVR, así como cientos de familiares de las víctimas de la violencia y diversos movimientos humanitarios.
