La justicia de Argentina procesó este martes a dos ex altos funcionarios, a seis ex senadores y a un empleado del Poder Legislativo tras probar que, en abril de 2000, el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) pagó millonarios sobornos para conseguir la sanción de una ley.
Fue uno de los episodios más vergonzosos de la vida política de Argentina desde la restauración de la democracia en 1983, concluyó el magistrado Daniel Rafecas en su fallo, cuyos argumentos corroboran cada uno de los detalles del relato de un ex empleado del Senado que intervino directamente en la maniobra.
Tras cinco años de investigaciones frustradas, Rafecas, el nuevo juez asignado a la causa, citó también a declarar por primera vez como imputado al ex mandatario De la Rúa, al que identificó como vértice superior de la pirámide que quedó dibujada en el cohecho. La concurrencia del ex presidente se materializaría en octubre.
Rafecas, el cuarto juez al frente del caso, procesó por cohecho activo agravado al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, quien —según denuncias de sindicalistas— se jactaba de poder comprar la voluntad de legisladores que debían pronunciarse sobre la ley de reforma laboral, anulada el año pasado por el Congreso legislativo.
El juez también dictó el procesamiento por cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos del ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Fernando de Santibañes, pues los cinco millones de dólares de los sobornos fueron suministrados por esa oficina del gobierno.
Por último, por cohecho pasivo y encubrimiento fueron procesados los ex senadores Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell, Ricardo Branda (actual vicepresidente del Banco Central) y Remo Costanzo, todos del ahora gobernante Partido Justicialista, y su par José Genoud, de la Unión Cívica Radical, que gobernaba entonces.
Ninguno de los encausados irá en esta instancia a prisión, pues según el ordenamiento penal argentino el cohecho no es un delito grave y es excarcelable.
El juez resolvió sobreseer a otros legisladores de entonces por falta de pruebas en su contra, pero en cambio procesó a quien fue el principal colaborador de la investigación, el secretario de Genoud, Mario Pontaquarto, encargado de retirar el dinero de la SIDE y repartirlo entre los senadores.
Rafecas probó el testimonio de Pontaquarto mediante la localización de más de 120 llamadas telefónicas realizadas entre los involucrados en los días en que se concretó el delito. Tengo la certeza de que Pontaquarto es veraz en su autoincriminación, afirma el juez en su dictamen.
No puede ser fruto de la casualidad que el secretario confesara haber retirado de la SIDE el mismo monto de dinero que cinco días antes el organismo de inteligencia había extraído en efectivo de su cuenta bancaria. Todo encaja como en un rompecabezas, observó el juez.
Los hechos confesados son de una magnitud nunca vista antes en materia de corrupción de funcionarios públicos. Abarcan a las máximas autoridades de dos poderes del Estado Nacional y suponen la malversación de cinco millones de dólares a través de un organismo público, sintetizó en su resolución.
El arrepentido celebró la resolución del juez, aun cuando también lo perjudica. Es el corolario de una enorme y seria investigación, declaró este martes a la prensa.
El escándalo de los sobornos fue el comienzo del fin del gobierno de De la Rúa, que renunció a su cargo a fines del año siguiente. La primera versión de los hechos se conoció a mediados de 2000. El vicepresidente Carlos Álvarez renunció a su cargo cuando no obtuvo respaldo de De la Rúa para investigar a fondo las denuncias publicadas por la prensa.
El insistente rumor sostenía que De la Rúa había autorizado a la SIDE a utilizar fondos públicos para convencer a senadores renuentes a aprobar un proyecto de flexibilización de normas laborales requerido por agencias financieras multilaterales con las que Argentina se endeudaba cada día más.
La primera investigación, a cargo del juez Carlos Liporaci, finalizó con la falta de mérito para todos los señalados. Más tarde, el propio magistrado renunció a su cargo cuando enfrentaba una denuncia por enriquecimiento ilícito.
Entonces el caso pasó al juez Gabriel Cavallo, quien ordenó una serie de trámites, pero fue tentado con un ascenso por De la Rúa, que contó con apoyo de los mismos senadores que el juez debía investigar. Por esta controvertida promoción, Cavallo fue denunciado el mes pasado ante la justicia.
La instrucción pasó entonces a Rodolfo Canicoba Corral, quien recibió el revelador testimonio de Pontaquarto. El ex secretario de Genoud confesó primero a una revista y luego ante tribunales que en abril de 2000 había retirado cinco millones de dólares de la tesorería de la SIDE y los había cargado en su auto.
Pontaquarto mantuvo el dinero escondido en su casa durante unos días, hasta que recibió la orden de llevarlo al domicilio del senador Cantarero, poco después de que la cámara alta votara favorablemente la ley.
Cantarero recibió 4,3 millones de dólares y entregó a Pontaquarto una lista con los nombres de los senadores con los que se iba a repartir el botín.
A la mañana siguiente, el secretario llevó al despacho de su jefe, Genoud, los 700.000 dólares restantes que, según su testimonio, se distribuyeron en partes iguales entre el senador y el ministro Flamarique.
En virtud de esta declaración, Canicoba Corral encausó a De Santibañes, Genoud, Cantarero y Pontaquarto, en febrero de 2003. Pero seis meses después, la Cámara Federal desestimó los procesamientos por fallas en la instrucción.
Según el tribunal, la etapa de primera instancia fue incompleta, parcial y apresurada, por lo cual se requerían nuevas medidas de prueba para dar sustento al testimonio del arrepentido, finalmente completadas por Rafecas desde que se hizo cargo del expediente, en 2004.
El último juez del caso comprobó que el día en que Pontaquarto llevó el dinero a la casa de Cantarero, se realizaron numerosas llamadas entre el número telefónico del legislador y los celulares de sus pares identificados en la nómina de los sobornados.
Así, en definitiva, se probó que altísimas autoridades del gobierno concretaron el pago de sobornos millonarios a un grupo de senadores para obtener el voto favorable de la ley.
El juez reclamó asimismo a la Procuraduría del Tesoro la realización de los trámites para recuperar el dinero malversado, pidió la derogación de las leyes secretas que permiten el manejo discrecional de fondos de la SIDE, y radicó una denuncia por falsificación de documentos públicos contra De Santibañes.
¿Por qué esa denuncia? La defensa del ex jefe de la SIDE había presentado documentos policiales falsos para desacreditar el testimonio de Pontaquarto.
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