Desde 2003, el gobierno de Argentina tomó medidas clave para hacer más transparente y participativa la designación de miembros de la Corte Suprema. Pero estos cambios, celebrados por expertos, aún no consiguen revertir la desconfianza en el Poder Judicial.
"Es mucho más fácil perder la confianza que recuperarla", dijo a IPS Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles. "Con el nuevo método de designación hay una mayor confianza en la Corte, pero esa expectativa no se traslada todavía al conjunto de la justicia", reconoció el especialista.
Un sondeo realizado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, la Fundación Libertad y la privada Universidad Torcuato Di Tella indica que 89 por ciento de los consultados opinan que la justicia es poco o nada imparcial, 86 por ciento la calificó como nada o poco honesta y sólo 15 por ciento de ellos la percibe eficiente.
Uno de los responsables del informe, Marcelo De Jesús, sostiene que el problema no responde a una gestión de gobierno, sino que es institucional. "Se está avanzando, hay nuevas prácticas sobre todo en la Corte Suprema de Justicia— pero la incidencia de estas reformas (impulsadas por el gobierno de Néstor Kirchner) se verá recién dentro de 10 años", pronosticó.
Según la encuestadora Gallup, desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta fines de la década del 90, la confianza en la justicia cayó de 57 a 18 por ciento. Desde entonces y con el colapso del sistema político, económico y social en 2001, llevó esos indicadores cerca de la desconfianza absoluta.
Las mayores críticas expresadas por los encuestados apuntaron siempre a la composición del máximo tribunal en la década pasada. El entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) impulsó la ampliación de cinco a nueve el número de miembros de la Corte, junto con lo cual introdujo una mayoría incondicional a sus intereses.
Los jueces designados en ese periodo cargaban con serios cuestionamientos en su trayectoria, sobre sus conocimientos académicos y, en particular, en su honestidad.
El entonces presidente del alto tribunal, Julio Nazareno, tenía como antecedentes haber sido jefe de la policía de La Rioja, la septentrional provincial que Menem había gobernado antes de llegar a la presidencia, y ser socio del estudio de abogados de la familia del ex mandatario.
Sólo un mes después de asumir el gobierno en mayo de 2003, el centroizquierdista Kirchner emitió un mensaje por radio y televisión en el que rechazó presuntas presiones de Nazareno y pidió al Congreso legislativo el inicio de un proceso de juicio político en contra del magistrado.
Pero Nazareno no esperó ese proceso y renunció. Ahora la justicia lo investiga por enriquecimiento ilícito.
"La destrucción que se hizo entonces de la Corte como institución fue muy grande", subrayó Saba, al analizar ese período durante el gobierno de Menem, del mismo Partido Justicialista que Kirchner pero en las antípodas ideológicas.
"La gente dejó de ver al máximo tribunal como un órgano independiente y se acostumbró a considerarlo una institución totalmente adicta a las necesidades del presidente", remarcó.
Menem también amplió de seis a 12 el número de jueces del fuero federal, que investiga los casos de corrupción en la administración pública, a la vez que designó en esos cargos a funcionarios sospechosos de fallar de acuerdo a las directivas de los ministros de ese gobierno. Algunos de esos designados en esa época todavía ocupan sus puestos.
Este manejo provocó un gran descrédito en el Poder Judicial que ahora, aún con las medidas adoptadas para mejorar las designaciones, resulta difícil remontar.
En 2002, organismos no gubernamentales entre los que estaba la Asociación por los Derechos Civiles— elaboraron y difundieron un informe con el título "Una Corte para la Democracia". Allí recomendaban medidas concretas para restaurar la confianza en la justicia, comenzando por el más alto tribunal.
"En medio de la crisis de liderazgo que sobrevino en 2001, la solución no era sólo cambiar a los miembros cuestionados de la Corte Suprema de Justicia sino modificar el proceso de designación, para hacerlo más transparente y más participativo", recordó Saba.
Apenas asumir, Kirchner convocó a los responsables del informe y los cambios se pusieron en marcha. A partir de entonces, frente a cada vacante en el tribunal, el presidente sugiere un candidato que puede ser impugnado por la sociedad para lo cual cuenta con tres meses de plazo.
Así, entre 2003 y 2005, renunciaron dos magistrados que eran sometidos a juicio político en el Congreso por mal desempeño, un tercero fue destituido por las mismas razones, el cuarto falleció y otro está suspendido mientras se lo somete a juicio.
En el reemplazo de esos magistrados, el gobierno designó al penalista Eugenio Zaffaroni, destacado dentro y fuera de fronteras de Argentina por su labor, y a la también penalista Carmen Argibay, que se desempeñaba hasta ese momento como miembro del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, con sede en La Haya.
Luego se propuso a Elena Highton, muy reconocida entre sus pares por su trayectoria en el Poder Judicial, y a Ricardo Lorenzetti, un académico con larga experiencia en el estudio de los temas jurídicos.
Esta modalidad es muy diferente a la que imperaba antes. Con Menem, los candidatos eran elegidos casi exclusivamente por el presidente. La aprobación del parlamento era una formalidad que se podía resolver en unas horas, sin debate en ese ámbito y mucho menos en el resto de la sociedad.
En cambio, ahora el postulante sugerido por el Poder Ejecutivo se somete a una audiencia pública en la que académicos, organizaciones o ciudadanos acercan sus inquietudes para que el Senado se las traslade al candidato.
Si existen cuestionamientos graves contra el candidato, el presidente debe dar marcha atrás con el nombre sugerido y proponer otro, con el costo político que ese retroceso acarrea.
"Este procedimiento eleva necesariamente la calidad de los candidatos y fue muy beneficioso para reconstruir confianza", opinó Saba. Además, destacó que se hizo caso también de las recomendaciones para alcanzar equilibrio regional, de especialidades temáticas y sobre todo de género.
"Por primera vez tenemos dos mujeres en el tribunal", remarcó el experto.
La Coordinadora de Acción por la Justicia de la Fundación Poder Ciudadano, Maria Julia Pérez Tort, también celebró los avances en la designación de magistrados. "Se mejoró muchísimo en publicidad y transparencia", comentó a IPS, y añadió que los jueces que llegaron por este procedimiento "son de primera línea".
La Fundación Poder Ciudadano también integraba el grupo de organizaciones que elaboró el informe "Una Corte para la Democracia".
Tanto Saba como Pérez Tort coincidieron en que ahora resta limitar el número de jueces de la Corte en lugar de mantenerla en nueve reducirla a siete— para evitar caer en la tentación de que durante una misma gestión de gobierno se designe a una mayoría que sea favorable al poder de turno.
También esperan que la Corte Suprema vaya elaborando una jurisprudencia consistente y coherente que sirva como faro para toda la justicia, y una acción más transparente del órgano que designa y enjuicia el comportamiento del resto de los jueces, el llamado Consejo de la Magistratura.
Este Consejo fue creado en 1998 y está integrado por representantes de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, además de abogados. "Con respecto a la selección de jueces, funciona aceitadamente pero las mejoras son más lentas en el comité de disciplina", señaló Pérez Tort.
Asimismo, la especialista advirtió que el Consejo no da a publicidad el registro de denuncias contra las jueces y sus sesiones son secretas hasta que se inicia el proceso contra un magistrado. "Esto es algo que todavía tiene que mejorar mucho", subrayó.
