El ya confuso panorama social y político centroamericano se revuelve aún más con la ratificación en Washington del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con cinco países de América Central y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
El martes, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó la ratificación del DR-Cafta, que consideró un logro político propio, tras el voto favorable de la Cámara de Representantes el jueves 28 de julio, con 217 legisladores a favor y 215 en contra.
El interés de Bush va más allá de lo comercial, se trata de una obligación moral y un interés de seguridad nacional en ayudar a que prosperen las democracias en nuestra región, dijo.
El presidente apeló a ese argumento político para convencer a algunos senadores republicanos que se oponían el acuerdo.
Pero en los otros países tratantes la situación es menos clara. Aunque los sectores empresariales centroamericanos han celebrado con júbilo el acuerdo, por considerar que les abrirá un gran mercado, las organizaciones sociales no dejan de ver sus amenazas.
El DR-Cafta aún debe ser ratificado por los parlamentos de Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, que luego deberán presentar el informe de dicha ratificación a la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo garante del acuerdo. Noventa días después, el tratado entraría en vigencia para estos países
El Salvador, Honduras y Guatemala ya completaron el proceso de ratificación.
Estados Unidos recibe 80 por ciento de las exportaciones de la región, de las cuales 80 por ciento están libre de aranceles a la importación en virtud de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, adoptada por Washington en 1984 y cuyo plazo vence dentro de dos años.
Pero actores influyentes como la Iglesia Católica advierten sobre los impactos que podría tener el tratado de esta región pobre con la mayor potencia económica del mundo.
El cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez estima necesario llevar adelante medidas compensatorias para evitar efectos negativos.
El arzobispo costarricense Hugo Barrantes señaló en su homilía del martes 2 de agosto, día de la festividad religiosa nacional, la necesidad de avanzar hacia una sociedad sin excluidos.
Omar Salazar, director de la no gubernamental y regional Asociación de Servicios para la Promoción Laboral, que trabaja por los derechos en el trabajo, dijo a IPS que se debe garantizar que no habrá deterioro de las normas laborales y de la protección de los trabajadores.
Aunque América Central tiene legislación laboral, lo más frecuente es que no se respete, dijo Salazar. Ahora se trata de no sacrificarla en nombre de impulsar las exportaciones, sostuvo.
Respecto de eventuales conflictos entre las leyes nacionales y las disposiciones del DR-Cafta, Salazar señaló el ejemplo de la Constitución de Costa Rica, que establece el monopolio estatal de los seguros, mientras el tratado contempla la apertura de dicho sector.
En virtud del DR-Cafta, que establece el respeto a las patentes farmacéuticas, podrían encarecerse medicinas esenciales requeridas para tratar enfermedades como el sida, la tuberculosis y el paludismo, dijo la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, con sede en Francia.
De hecho, una disposición de la Organización Mundial del Comercio establece la primacía de la salud pública a los intereses comerciales en casos de emergencia sanitaria, autorizando a los países a adoptar licencias compulsivas de los derechos de patente para fabricar o adquirir medicinas genéricas, mucho menos costosas que las originales patentadas.
Los tres países que aún no han ratificado el DR-Cafta experimentan confrontaciones políticas similares.
En la caribeña República Dominicana la discusión se centra en la aprobación de una reforma fiscal que logre paliar los efectos de la desgravación arancelaria del tratado, y un plan de acción de competitividad que garantice una política de seguridad social para el país.
El opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) cuenta con 27 de los 31 representantes del Senado, y su presidente, Ramón Alburquerque, aseguró que sin esos dos planes paralelos no votarían el tratado.
El martes se reunieron el mandatario Leonel Fernández y su antecesor, Hipólito Mejía, para impulsar la aprobación en el menor plazo posible, pero el plan de competitividad que exige la oposición ni siquiera ha sido elaborado.
En Nicaragua, el ex presidente Daniel Ortega (1985-1990), líder del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional, sostiene que el acuerdo es lesivo para los intereses de la mayoría, y que su aprobación debería someterse a un plebiscito popular.
El parlamento nicaragüense entrará en receso el 15 de agosto, y parece difícil que el asunto sea discutido en el plenario antes de esa fecha.
Los diputados del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC) sostienen que se debe discutir cuanto antes y aseguran su aprobación, pues se requieren 47 votos. El PLC tiene 41 y los sectores Azul y Blanco (oficialista) y Camino Cristiano suman 10 escaños.
Pese a que el miércoles la Junta Directiva del parlamento recibió los informes en mayoría y minoría de la comisión que estudió el texto, su presidente, el sandinista René Núñez, podría retrasar la presentación ante el plenario, ante o cual los liberales amenazan con pedir su destitución.
Núñez alegó que el tratado debía estudiarse con calma.
El presidente Costa Rica, Abel Pacheco, tampoco tiene apuro. El lunes dijo que no había prisa por enviar el acuerdo a la Asamblea Legislativa. Dos semanas atrás, el mandatario nombró a una junta de notables que deberán rendir en dos meses un informe sobre la conveniencia del tratado para este país.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleado Públicos y del Comité Cívico Nacional, Albino Vargas, dijo a IPS que los sectores sociales no permitirían la ratificación del acuerdo.
Ahora estamos abocados a un proceso de explicación y sensibilización sobre el tratado. Aunque estamos preparados para dar una lucha en las calles si el tratado es enviado a la Asamblea Legislativa, esperamos que no sea así, sostuvo.
Para Vargas, el DR-Cafta atenta contra la institucionalidad democrática, pues contempla la apertura de sectores como telecomunicaciones y seguros, ambos monopolios estatales en Costa Rica.
Lo que este país perdería es mucho al ceder las empresas públicas nacionales que dieron acceso universal a servicios públicos de calidad, afirmó.
El mismo presidente Bush reconoce que el tratado es un asunto de geopolítica más que de intercambio comercial, dijo Vargas.
Algunos analistas señalan que el mercado de 38 millones de habitantes de América Central (la mitad de ellos pobre), que recibe apenas 1,9 por ciento de las exportaciones estadounidenses, cobra importancia para Washington por razones de estrategia geopolítica.
En ese sentido, recuerdan que el 29 de junio se acordó establecer en El Salvador el centro de operaciones de un sistema regional de información para combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región, una estrategia impulsada por Washington.
Una semana antes, el presidente salvadoreño Antonio Saca dio a conocer la instalación en su país de una oficina de la estadounidense Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley.
El DR-Cafta entrará en vigor el 1 de enero de 2006 para los países que ya lo han ratificado. Los demás tienen un plazo de dos años para adherirse al acuerdo.
