El fin del conflicto de nueve años en la República Democrática del Congo (RDC) se logrará neutralizando a los grupos que ayudaron a perpetrar en 1994 el genocidio en la vecina Ruanda, afirman especialistas.
Cerca de 3,5 millones de personas han muerto en la RDC, la mayoría de desnutrición y enfermedades prevenibles, como la diarrea o la malaria, desde que comenzó la guerra en ese vasto país de África central, en 1996.
A pesar del acuerdo para poner fin al conflicto, firmado en Sudáfrica a fines de 2002, la violencia no cesa. Quince días atrás, hombres armados atacaron la aldea de Kigalama, en la provincia oriental de Sud Kivu, matando a 13 personas.
El gobernador de Sud Kivu, Didace Kaningini Kyoto, dijo a periodistas que los 5.000 aldeanos de Kigalama habían huido.
El ataque fue atribuido a milicianos armados de la etnia hutu de la vecina Ruanda, que ingresaron en la RDC tras el genocidio cometido en ese país en 1994. Más de 800.000 personas de la minoría tutsi y hutus políticamente moderados fueron asesinados por hutus extremistas.
Tras la matanza, rebeldes tutsis tomaron control de Ruanda, ante lo cual los milicianos hutus se refugiaron en la RDC, ex Zaire, huyendo de posibles represalias.
Los milicianos hutus están activos en Sud Kivu. Se esconden en la selva y algunos se han integrado a la sociedad, dijo a IPS Pierre Kosmas, integrante del Grupo de Apoyo al Congo, una organización no gubernamental (ONG) que tiene su sede en el centro comercial sudafricano de Johannesburgo.
Si los rebeldes hutus no son neutralizados, pueden iniciar otra guerra en el Congo, sostuvo.
Las incursiones fronterizas de los hutus incitaron a Ruanda y Uganda a ayudar a los rebeldes congoleños a derrocar al presidente Mobutu Sese Seko (en el poder desde 1965), tras una campaña de un año, en 1997. Laurent Kabila fue instalado entonces como nuevo jefe de Estado, pero un año más tarde ordenó a todos los soldados ruandeses que dejaran el país.
Esto encendió una nueva serie de luchas, en las que Ruanda y Uganda respaldaron a una miríada de grupos rebeldes, mientras Angola, Namibia y Zimbabwe apoyaban a Kabila.
Las tropas extranjeras fueron oficialmente expulsadas de la RDC bajo el acuerdo de paz de 2002. Sin embargo, el gobierno interino de la RDC se queja de que Ruanda aún mantiene fuerzas en el este del país, acusación que es negada por Kigali.
Creo que hay mucho por hacer para desarmar a la Interahamwe, comentó a IPS Dennis Kadima, director ejecutivo del Instituto Electoral de África Austral, un grupo de especialistas con sede en Johannesburgo. Interahamwe (aquellos que pelean juntos, en lengua kinyaruanda) es el nombre que se da a quienes ayudaron a perpetrar el genocidio en Ruanda.
Congo ha sido víctima de este grupo desde 1994, añadió Kadima. Ellos exportaron los problemas de Ruanda al Congo y lo utilizan como un campo de batalla. Los congoleños aman la paz. No tienen una historia de violencia, sostuvo.
Kadima retornó esta semana a Johannesburgo, proveniente de Kinshasa, capital del Congo, a donde fue a discutir la organización de las elecciones generales programadas para los primeros meses de 2006.
Los rebeldes hutus deben ser persuadidos de retornar a sus hogares. No podemos celebrar elecciones cuando hay personas armadas intimidando a los votantes. Ellos saben que cuando el Congo tenga un gobierno legítimo, serán desarmados, dijo Kadima.
Aparentemente, un cierto número de milicianos hutus están retornando a Ruanda, a pesar del miedo de ser arrestados por su presunta participación en las masacres de 1994.
Cuando retornaba a Johannesburgo vía Nairobi, unos 30 refugiados ruandeses estaban en un avión que volaba a Ruanda desde el Congo, dijo Kadima. Su repatriación fue arreglada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ahora sabemos que los ruandeses pueden retornar a casa.
Con aquellos a los que no podamos persuadir de que retornen a su país, lamento decirlo, pero se deberá usar la fuerza para expulsarlos del Congo, añadió.
Sin embargo, los problemas de la RDC no se encuentran exclusivamente en Sud Kivu: también se extienden a la sureña Katanga, una provincia rica en cobre y fronteriza con Angola.
La semana pasada, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), con sede en París, acusó al ejército y a las milicias de la región de aterrorizar a los civiles. MSF denunció que aldeanos fueron quemados vivos y rematados, y las mujeres violadas.
Katanga ocupó por última vez las portadas de los diarios del mundo en la década del 60, cuando intentó separarse sin éxito del país. La violencia se generalizó y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió a sus cascos azules (fuerzas de paz) a la entonces Zaire.
Ahora la ONU tiene nuevamente una fuerza internacional en el país, conformada por 16.000 efectivos. Pero las operaciones para mantener la paz se complicaron pues los soldados están esparcidos en un área del tamaño de Europa Occidental. La población de la RDC es de aproximadamente 53 millones.
En Sud Kivu, el ejército congoleño se quejó de no poseer vehículos para rescatar a los habitantes de Kigalama, cuando fueron atacados hace dos semanas. Esto no es una excusa. El Congo tiene un gobierno y debe servir a su pueblo, dijo en una entrevista con IPS el jefe de investigación del Instituto de Estudios de Seguridad, Jean Marie Gasana, con sede en Pretoria.
Estas palabras encontraron eco en Kadima, quien agregó la necesidad de un compromiso muy fuerte de todas las partes en la RDC.
Sin embargo, Gasana reconoce que Kinshasa todavía sufre los efectos de años de negligencia bajo el régimen de Mobutu.
No existe estructura de gobierno en los niveles locales. No hay una cultura de administración estatal: no hubo nada durante 40 años. Pero alcanzaremos ese estado. Europa estaba en la misma situación. Debió atravesar dos guerras mundiales y ahora se ha estabilizado, dijo. (
