El presidente de Perú, Alejandro Toledo, empieza su último año de gobierno con pocos logros que exhibir, salvo en crecimiento económico, pero éste no se refleja en la vida de la mayoría de los 24 millones de peruanos.
Toledo acudirá este jueves al Congreso legislativo acompañado de sus ministros para dar cuenta de los resultados de su gestión en 2004 y de las medidas que piensa tomar en los próximos 12 meses, los últimos de su mandado iniciado el 28 de julio de 2001.
El fantasma de la destitución, que lo amenazó durante varios meses, parece ausente. Pero la población conserva el sinsabor de las promesas no cumplidas, de la incapacidad del gobierno para asegurar la transición democrática tras el autoritarismo del último decenio del siglo y de algunos exabruptos personales del mandatario, afirman observadores.
Según encuestas, la popularidad del presidente es de 14 por ciento.
No ha sido un gobernante represor ni corrupto por naturaleza, pero tampoco ha perdido la oportunidad de meterse cabe (hacerse una zancadilla) a sí mismo, dijo a IPS el columnista de política Santiago Pedraglio, del diario Perú 21.
El presidente acumuló desde el inicio de su mandato muchas situaciones que lo pusieron en la mira de las críticas.
Por ejemplo, asignarse un salario de 18.000 dólares apenas instalado en la presidencia (hoy rebajado a 12.000 dólares), en este país donde más de 40 por ciento de los habitantes son pobres. O tomar frecuentes vacaciones en el lujoso balneario de Punta Sal, sobre el océano Pacífico, y proclamar su devoción por el whisky etiqueta azul.
Pese a estas frivolidades, casi nadie acusa a Toledo de no haber respetado las libertades, de haber bloqueado los procesos electorales municipales o regionales o de haber sido particularmente duro con la continua y a veces violenta ola de protestas sociales.
Comparado con predecesores como Alan García (1985-1990) sale bien librado en ese terreno, según Eduardo Toche, investigador del no gubernamental Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
En materia de derechos humanos, el período de Toledo no puede compararse con el del prófugo ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo régimen autoritario dejó una estela de graves denuncias de corrupción, represión ilegal, muertes y desapariciones.
Sin embargo, no puede decirse que éste fue un gobierno sumamente interesado en la promoción de las libertades, dijo a IPS el director del no gubernamental Instituto de Defensa Legal, Ernesto de la Jara, especializado en derechos humanos.
Mal que bien, Toledo apoyó a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) creada para documentar los crímenes cometidos durante dos décadas de guerra sucia (1980-2000) entre la insurgencia maoísta del grupo Sendero Luminoso y fuerzas estatales, dijo De la Jara.
El informe final de la CVR, presentado en 2003, sostuvo que más de 69.000 personas fueron muertas o desaparecidas en ese período por el terrorismo y la represión estatal.
Toledo también formó una Comisión de Alto Nivel para indemnizar a las víctimas de la violencia política, iniciativa que concluyó este mes con la aprobación legislativa del Plan Integral de Reparaciones.
Pero Toledo adolece en todo caso de carencia de liderazgo, dijo Toche.
Este gobierno llegó al poder sin programa, sólo con algunas ideas generales, lo que explica la improvisación continua, hasta el punto de crear por momentos la sensación de que el país se desintegraba.
Toledo soportó continuas turbulencias protagonizadas por campesinos cocaleros, movimientos regionales, transportistas y sindicatos de la educación y del servicio público.
El producto interno bruto (PIB) peruano creció 0,2 por ciento en 2001, 4,9 por ciento en 2002, cuatro por ciento en 2003 y 4,3 el año pasado. El crecimiento esperado para 2005 es de seis puntos porcentuales.
De acuerdo con el economista Humberto Campodónico, este repunte se debe al notable crecimiento de las exportaciones (especialmente de los productos textiles y agroindustriales) y sobre todo a la inversión minera, iniciada durante el gobierno de Fujimori, pero constante en los últimos años.
Las buenas ventas al exterior coincidieron con la mayor demanda y con el aumento internacional de los precios de productos básicos, tanto minerales como agropecuarios.
Hay una situación de bonanza macroeconómica y de malestar microeconómico, pues los sectores que generan más crecimiento del PIB, como la minería, no son precisamente los que crean más empleos, apuntó Campodónico.
La falta de puestos de trabajo adecuados es uno de los mayores problemas de este país. Aunque el desempleo es de nueve o 10 por ciento de la población económicamente activa, el empleo precario es de 43 por ciento, y tres cuartos de la actividad económica corresponde al sector informal.
El gobierno no logró revertir este fenómeno, aunque el lema de su campaña electoral fue Toledo: más trabajo.
El mandatario anunció más de una vez que un tratado de libre comercio (TLC) en negociación con Estados Unidos se firmaba sí o sí, arguyendo que traería más empleos, pero la ausencia de un debate nacional al respecto incrementó las protestas, sobre todo de sindicatos y agricultores.
Para Toche, la insistencia del gobierno en el TLC llevó a Perú a distanciarse de la integración regional, algo remediado en parte cuando el ex canciller Allan Wagner (1985-1988 y 2002-2003) asumió el año pasado la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, desde donde impulsa nuevos puentes con el Mercado Común del Sur y la Unión Europea.
Pero si hay un terreno en que la actual administración deja un legado muy polémico fue en la prometida lucha contra la corrupción y la impunidad.
Toledo apoyó inicialmente la creación de la Procuraduría Especial y el sistema anticorrupción de jueces y fiscales para procesar los delitos de la organización delictiva montada por el ahora convicto Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia de Fujimori.
Pero ese respaldo poco a poco fue perdiendo el impulso, sostuvo De la Jara.
En la última etapa, ya la iniciativa volvió al lado de la corrupción, por ejemplo la aprobación de una efímera ley este mes que permitió la liberación de los hermanos Wolfenson, propietarios del diario La Razón, procesados por haber recibido dinero del Estado de manos de Montesinos, recordó.
La debilidad de la fiscalización de la corrupción coincidió con el momento en que la Procuraduría comenzó a investigar al actual gobierno, al encontrar vínculos entre Montesinos y César Almeyda, un personaje cercano a Toledo, señalaron De la Jara y Padraglio.
Como la investigación involucraba al presidente, la Procuraduría sufrió constantes ataques de los parlamentarios del partido gobernante Perú Posible.
Paralelamente, se inició una investigación por la supuesta falsificación de miles de firmas para inscribir electoralmente en 2000 al partido de Toledo, un caso en el que están implicados el propio presidente, varios de sus allegados y su hermana Margarita, hoy bajo arresto domiciliario.
A fines del año pasado, la simbólica renuncia de fiscales anticorrupción constituyó una denuncia de esas presiones.
Aun así, el aspecto más negativo del gobierno de Toledo fue no haber garantizado la transición democrática, y que tengamos la sensación de estar en lo mismo o en algo parecido al régimen de Fujimori, dijo De la Jara.
Cuando el ahora presidente encabezó la lucha por comicios limpios y se alzó poco después con la victoria electoral, sus votantes vieron en él la encarnación de quien podía dar vuelta la página del oscuro decenio de Fujimori.
Hoy, por el bien de todos, lo que más conviene es que el presidente se mueva lo menos posible, recomendó Pedraglio.
