Africanos que nunca vivieron ni visitaron África, brasileños que conocen su país solo por la televisión y los relatos de sus padres. Son los mal llamados inmigrantes de segunda y tercera generación.. Nacieron y se criaron en Portugal, pero permanecen extranjeros.
Son sobre todo hijos y nietos de trabajadores de países lusófonos como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental, a los que en los últimos 15 años se han sumado inmigrantes de Ucrania y Moldavia.
Portugal es el único país que conocen, pero son extranjeros en la tierra que los vio nacer, contradiciendo la premisa histórica del gobernador del imperio portugués de Oriente en el siglo XVI, Don Afonso de Albuquerque: El mestizaje es el diccionario privilegiado de nuestra cultura.
La ciudadanía no es solo un pormenor. Ser extranjero en el único país que se conoce genera conflictos de identidad, advierte la analista Alexandra Correia en su estudio Hijos de una Patria Menor, publicado esta semana por la revista Visão, coincidiendo con el anuncio del gobierno socialista sobre una reforma a ley de la nacionalidad.
La ley actual se basa sobre el principio de jus sanguini (derecho de sangre, en latín) que confiere la nacionalidad según la de los padres.
El gobierno del primer ministro José Sócrates, que asumió en abril, pretende introducir el jus soli (derecho de suelo) para los inmigrantes de tercera generación, es decir aquellos nacidos en Portugal de padres que también nacieron en este territorio, pero de progenitores extranjeros.
Con esta medida, el gobierno pretende evitar que personas con visas de turista tengan hijos en Portugal para los que puedan reclamar ciudadanía portuguesa, lo que sería una invitación a la inmigración clandestina, advirtió el ministro de la Presidencia del Consejo, Pedro Silva Pereira.
En la actualidad un pasaporte no es solo portugués, es europeo (de la Unión Europea) y debemos tener esa responsabilidad ante nuestros pares, añadió el ministro, de cuya cartera dependen los asuntos relacionados con la política de inmigración, mientras el control de la misma cabe al Ministerio de Interior.
La reforma de la ley se considera anticipadamente aprobada, pues los socialistas cuentan con mayoría absoluta en el parlamento unicameral de São Bento.
Silva Pereira espera que este cambio sea una fuerte contribución para el refuerzo de la integración, una cuestión de justicia y de paz social. El funcionario explicó que los mismos derechos se extenderán a los inmigrantes de segunda generación, siempre que sean hijos de padres de un país de lengua portuguesa y tengan una autorización de residencia por no menos de seis años.
Para los procedentes de restantes países, el trámite es más complicado. El plazo mínimo es de diez años de residencia legal, que a su vez se puede obtener tras cinco años de autorización de permanencia, una categoría intermedia creada al inicio de la década pasada para controlar los grandes flujos migratorios provenientes de Europa oriental.
El gobierno también busca acelerar los trámites en curso en el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), como los pedidos de autorización de residencia que en ocasiones tienen demoras de tres años, por una burocracia que siembra la angustia, reconoció Silva Pereira.
El SEF también acumula atrasos en el proceso de los pedidos de nacionalidad. De los casi 5.000 expedientes presentados en 2004, menos de la mitad fueron concluidos, pese a que el número parece irrelevante frente a los 400.000 inmigrantes documentados que viven en Portugal.
La inmensa mayoría de pedidos son de inmigrantes luso-africanos. Cabo Verde encabeza la lista, con 1.790 postulantes, seguido por Guinea-Bissau, con 1.654, Angola, con 475, Santo Tomé y Príncipe, 269 y Mozambique, con 109 solicitudes de nacionalidad.
Residentes de América Latina presentaron 338 pedidos de ciudadanía, 293 de los cuales son de brasileños. Esa pequeña cantidad se debe a que una buena parte de los 100.000 residentes de ese país sudamericano son hijos o nietos de portugueses, lo que les da derecho a obtener la nacionalidad lusa con un simple trámite que puede durar entre una semana y un mes.
En el proyecto de ley que será presentado al parlamento en los próximos días, los partidos de oposición de izquierda reconocen algún progreso en materia de integración de los inmigrantes. Pero según el diputado comunista Antonio Filipe muchos casos de segunda generación no van a ser resueltos debido a los criterios rígidos para el trámite.
Mientras los comunistas defienden el jus soli para hijos de residentes en el país, el Bloque de Izquierda (ex trotskista) va más lejos, exigiendo el derecho automático a la nacionalidad a todo individuo nacido en Portugal, independientemente de la situación de sus padres.
Los dos partidos de la oposición derechista aún no se han pronunciado, a la espera de sendos debates internos, en los que se tomará en cuenta la situación en el resto de la Unión Europea (UE).
En el bloque predomina el derecho de sangre, pero cuatro de los 25 países miembro adoptaron además el jus soli cuando se trata de inmigrantes debidamente documentados.
Francia es el país más abierto de la UE. Para optar por la nacionalidad basta haber nacido en territorio francés o haber residido cinco años como inmigrante y hablar la lengua nacional.
En Alemania, niñas y niños pueden adquirir la nacionalidad si el padre o la madre ha vivido en el país por lo menos ocho años, se ha integrado a la comunidad y domina la lengua. En Holanda, la nacionalidad es automática para la tercera generación, y para la segunda se otorga con cinco años de residencia en el país, conocimiento de la lengua e integración en la sociedad.
España se presenta como flexible ante inmigrantes de algunos países de América Latina, Portugal y Filipinas, que pueden aspirar a la ciudadanía tras dos años de residencia legal en el país. La ley dispone además que los hijos de padres desconocidos o de apátridas reciban automáticamente la nacionalidad española.
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