En el meridional estado mexicano de Oaxaca, donde según organizaciones civiles campean la impunidad y las violaciones a los derechos humanos, 31 periodistas de un diario opositor al gobierno local sufren un encierro obligado, el robo de ejemplares y una cadena de otras agresiones.
Los trabajadores del diario Noticias, que circula desde hace 29 años en ese estado, permanecen desde el 17 de junio en sus oficinas, cercados por decenas de personas que portan armas y palos. Pero siguen trabajando.
Por su parte, el argumento de quienes mantienen encerrados a los periodistas es que los trabajadores del diario se declararon en huelga y, por tanto, debe dejar de circular.
Pedimos al presidente (de México, Vicente Fox,) que intervenga para acabar con la impunidad, pero no pasa nada, señaló a IPS unos de esos periodistas, Octavio Vélez, tras comparar a Oaxaca como un virreinato colonial, donde las autoridades actúan sin acotaciones legales, las instituciones están a su servicio y la libertad de prensa se viola.
Mientras en gran parte del país avanza la pluralidad política, las autoridades de Oaxaca, vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México sin interrupción de 1929 a 2000, reprimen la crítica y atacan con impunidad toda voz disidente, sentencia la Red Todos los Derechos para Todos, grupo que reúne a varias organizaciones humanitarias del país.
En las últimas semanas, las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa y Amnistía Internacional llamaron la atención sobre la situación de Noticias, con 29 años de existencia.
El acoso contra los periodistas es, según sostienen los afectados, orquestado por autoridades del gobierno de ese distrito, que desde hace siete décadas es del PRI. Aquí estamos, no tenemos mucho alimento, nos falta agua y dormimos en el piso, pero el diario sigue saliendo, dijo Vélez en contacto telefónico con IPS desde su oficina sitiada.
Personas vinculadas a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, organización afín al PRI y a la que está afiliado el sindicato del diario, declararon a esa empresa periodística en huelga y rodearon el edificio. Su demanda es que los salarios de los trabajadores de Noticias suban 25 por ciento y sus prestaciones sociales en 400 por ciento
Pero los periodistas agredidos aseguran que nunca fueron consultadas las bases para definir esos reclamos, con porcentajes tan elevados, según entienden, que ningún sindicato de México se atrevería siquiera a plantear a patronal alguna.
La mayoría de los trabajadores del diario, que suman más de 100, no reconocen como dirigentes a los orquestadores de la huelga y dicen no estar de acuerdo con esas demandas, según Vélez, quien además afirmó que no identificó a nadie del periódico entre los huelguistas.
A pesar de ello, las autoridades laborales de Oaxaca declararon que la medida de la Confederación es legal.
Vélez sostuvo que la huelga es una estrategia más para frenar nuestro trabajo crítico.
Hace cuatro años, el entonces gobernador de Oaxaca, José Murat, uno de los líderes del ala más conservadora del PRI, propuso comprar Noticias, pero sus dueños se negaron.
De ahí en adelante el diario ha sufrido varias represalias como la negativa del gobierno de ese distrito a colocar publicidad oficial en sus páginas, el robo de ediciones enteras y la ocupación de las bodegas de ese medio de comunicación por personas desconocidas. Sin embargo, Noticias no ha dejado de publicarse.
Los 31 periodistas encerrados reciben reportes de su equipo de reporteros que permanece en las calles, explicaron, y así arman el periódico, que tiene un tiraje de unos 20.000 ejemplares y se imprime en un lugar cercano de la ciudad de Oaxaca.
La situación que afronta Noticias coarta la libertad de prensa y desprotege a todos los ciudadanos del estado (de Oaxaca) que ven limitadas sus condiciones de estar debidamente informados, señaló la Sociedad Interamericana de Prensa.
A su vez, Reporteros sin Fronteras, con sede en París, dijo que la huelga que paraliza al diario Noticias es obra de individuos exteriores al periódico y no es más que un medio utilizado por el poder local, para reducirles al silencio.
Amnistía Internacional, por su parte, pidió acciones urgentes al gobierno de Fox para garantizar la seguridad de los 31 trabajadores del diario. Esa organización humanitaria con sede en Londres denuncia que los periodistas son amenazados e intimidados por los presuntos huelguistas, a quienes identifica como golpeadores.
En diciembre asumió como gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, otro miembro del PRI. A menos de ocho meses de gestión, el llamado Colectivo por la Democracia de Oaxaca, que reúne a 50 grupos de derechos humanos, del magisterio, indígenas y feministas, sostiene que en ese distrito se vive un estado de excepción.
El Colectivo afirma que en su estado hay una violación sistemática a los derechos humanos, no se respeta la libertad de prensa y los poderes legislativo y judicial están a la orden del gobierno de Ruiz.
En el gobierno de Oaxaca, donde viven 3,2 millones de habitantes, la mayor parte de ellos pobres al igual que en sus vecinos estados de Guerrero y Chiapas, persisten muchos de los peores vicios del viejo México, como son la mentira, la corrupción, la represión y la intolerancia frente a las críticas, sostiene el analista político Miguel Granados.
El 18 de marzo de 2004, el entonces gobernador Murat denunció haber sido el blanco de una atentado con armas de fuego cuando viajaba en su vehículo escoltado por guardias. Según su versión, el ataque, registrado en Oaxaca, habría sido orquestado por sus detractores.
Sin embargo, las investigaciones de la Procuraduría (fiscalía) General, concluyeron que no hubo ningún atentado. Se trató de un incidente entre los guardias de Murat, quienes se dispararon entre ellos y luego alteraron las evidencias, señalaron los fiscales.
Mucho antes de las investigaciones policiales, Noticias dio pistas de que el atentado contra el gobernador habría sido una farsa, lo que generó la ira del supuesto agredido.
Esa versión periodística al parecer alimentó el encono del poder local contra ese diario, que a pesar de amenazas, robos y encierros obligados, como el que enfrenta desde hace tres semanas, sigue en circulación.
