Activistas, defensores de los derechos humanos, partidos políticos y el propio gobierno de México expresan su descontento ante la decisión de una jueza que bloqueó la posibilidad de juzgar por genocidio al ex presidente Luis Echeverría (1970-1976), del ahora opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los indicios de culpabilidad gubernamental en la masacre de estudiantes del 10 de junio de 1971 no superaron el laberinto jurídico, y la magistrada Antonia Herlinda Velasco, del quinto tribunal unitario del Distrito Federal, se negó a emitir una orden de arresto contra Echeverría y el secretario de Gobernación (ministro del Interior) de aquel momento, Mario Moya, solicitada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
La jueza entendió que no hubo genocidio (delito imprescriptible) sino sólo homicidio simple, que ya no puede ser perseguido por haber prescrito hace dos décadas 1985, de acuerdo con las leyes mexicanas.
La tipificación del genocidio fue elaborada por el derecho internacional en el siglo XX, y refiere a actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso.
Muchos esperaban que la detención de ambos impulsara un proceso de revisión de la persecución a opositores por parte de los gobiernos del PRI en los años 60 y 70, y la decisión de Velasco, anunciada el martes, cayó como un balde de agua helada.
Andrés Manuel López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática y el más fuerte aspirante a la presidencia en la elecciones del año próximo según las encuestas, lamentó este jueves el fallo de la magistrada y opinó que no debe cerrarse el caso, pues este tipo de crímenes demuestra cómo se usó "el aparato represor del Estado" contra los jóvenes.
El 10 de junio de 1971, un grupo de estudiantes universitarios se congregó en las inmediaciones del centro de la ciudad e México para demandar participación en un acto político. Cuando avanzaron, fueron reprimidos por paramilitares del grupo "Los Halcones", bajo el mando de autoridades del Distrito Federal.
El saldo de la represión fue la muerte de 17 estudiantes, por golpes y disparos de pistola y ametralladora. Los cuerpos policiales que rodeaban al contingente de manifestantes se mantuvieron al margen mientras los paramilitares lanzaban su ataque.
Esa represión tuvo como antecedente otra muy grave el 2 de octubre de 1968, cuando Echeverría era ministro de Gobernación y cientos de estudiantes se habían congregado en la plaza de las Tres Culturas, del céntrico barrio de Tlatelolco.
Hoy se sabe que un grupo especial del Ejército abrió fuego contra los manifestantes y eso desencadenó un tiroteo, al que se sumaron tropas regulares que rodeaban la plaza. Las autoridades reconocieron menos de una decena de muertos, pero organizaciones civiles y reportes de periodistas internacionales aseguraron que fueron por lo menos 300 muertos.
Durante su campaña para la Presidencia y al ganar los comicios de 2000, Fox se comprometió a lofrar la investigación de aquellos hechos, reclamada en forma insistente por familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos.
Rubén Aguilar, portavoz de la Presidencia de la República, afirmó que la decisión de Velasco no representa una derrota del presidente, que cumplió su compromiso y creó una fiscalía especial para el esclarecimiento de los crímenes políticos del pasado.
Los elementos aportados por esa fiscalía, a cargo de Ignacio Carrillo, "prueban desde nuestro punto de vista la culpabilidad de actores en estos hechos lamentables, y que nunca debieron haber ocurrido, pero el Ejecutivo no es el Poder Judicial", añadió Aguilar.
A su vez, Roberto Madrazo, ex líder del PRI y actual aspirante a la candidatura presidencial por su partido, instó a las demás fuerzas políticas y al gobierno de Fox a no insistir en la apertura de un proceso judicial donde no hay elementos para ello.
Sostuvo que el PRI mantendrá la defensa de sus militantes e insistió en que los gobiernos de su partido, que se sucedieron durante siete décadas hasta el triunfo de Fox, no cometieron ningún crimen de lesa humanidad.
Jesús Ortega, coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, dijo a IPS que se puede perder una oportunidad histórica de acabar con la impunidad, que el fallo de Velasco es un mensaje negativo para la sociedad, y que el país corre el riesgo de que se reiteren, ante la aparente debilidad de las leyes, actos graves de represión como los que se quiso juzgar.
En el mismo sentido se pronunció el independiente Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al anunciar que pugnará junto con redes civiles por llevar el caso rechazado ante tribunales internacionales, con el argumento de que los vicios e imprecisiones de las leyes mexicanas facilitan que se cometa otro crimen: la impunidad.
Según la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) de la Iglesia Católica opinó que la fiscalía no tuvo la capacidad para fundamentar adecuadamente el caso contra Echeverría.
"Los argumentos jurídicos deben estar bien planteados, con una investigación contundente", y no es lo mismo un genocidio que "un conflicto callejero o político", arguyó el obispo Carlos Aguilar, secretario general de la CEM.
Rosario Ibarra de Piedra, activista y dirigente de la organización civil Eureka, comentó a IPS que estaba segura de que el proceso contra Echeverría y sus colaboradores no terminaría con un acto de justicia.
"Era poca la esperanza de que se hiciera justicia para las madres que perdieron a sus hijos en estos hechos o en los del 68 y la represión que siguió en la década de los 70. Es cruel que se nos engañe, que nos hagan creer que podemos esperar justicia en un gobierno que prometió cambios", concluyó.
