Ante las crecientes limitaciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al acceso a documentación oficial, activistas apuestan a derribar el secretismo siguiendo de cerca a los propios organismos estatales de control.
Cada vez más documentos oficiales son considerados clasificados (secretos), y prácticamente se ha detenido el proceso de desclasificación, por el cual millones de textos de gran valor histórico se hacían públicos cada año desde la década del 90.
Solo el año pasado se clasificaron al menos 16 millones de documentos. Las agencias del gobierno han creado nuevas categorías para bloquear el acceso, como documentos semi-secretos o información de seguridad delicada.
Este secretismo, acelerado tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, tiene un costo estimado para los contribuyentes de 8.000 millones de dólares anuales, y motiva protestas de líderes políticos y activistas, incluyendo congresistas del gobernante Partido Republicano y autoridades federales.
Mientras, se acumulan los pedidos para desclasificar documentos citando la Ley de Libertad de Información, pero el gobierno se toma cada vez más tiempo para responder o pide excepciones esgrimiendo argumentos basados sobre la seguridad nacional.
La Ley de Libertad de Información fue aprobada en 1968 para abrir un mayor acceso a documentos de gobierno.
Paradójicamente, el gobierno del presidente George W. Bush es mucho más transparente que la mayoría de los que le precedieron. Gran parte del mérito corresponde a dos agencias federales: la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) y la Oficina del Inspector General, que operan en casi todos los departamentos gubernamentales importantes.
Ambas organizaciones con frecuencia tienen un impacto directo en políticas y programas públicas, y desempeñan un papel vital para mejorar la conciencia pública, señaló el director del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos Estadounidenses, Steven Aftergood.
Creada por el Congreso en 1921, la GAO es una agencia pública independiente del gobierno.
La GAO descubre más problemas dentro agencias ejecutivas que todas las dependencias de la Oficina del Inspector General, destacó Jeff Ruch, director del Proyecto sobre Descuidos Gubernamentales, otra iniciativa civil para seguir de cerca a los organismos de control.
Nunca hemos oído de un informe de la GAO intervenido por el Congreso, subrayó.
La GAO, con 3.200 empleados y un presupuesto anual de 463,6 millones de dólares, es presidida por el auditor general, David M. Walker, funcionario con larga experiencia tanto en el sector público como en el privado.
Las leyes establecen que, para despolitizar el cargo y asegurar la continuidad de las investigaciones, el auditor general de Estados Unidos debe ser nombrado por el propio presidente por un período de 10 años. Walker fue designado por el ex mandatario Bill Clinton (1992-2001).
La misión de la GAO es mejorar el desempeño del gobierno federal y garantizar que rinda cuentas por sus actos.
El año pasado, sus funcionarios brindaron testimonio 217 veces ante el Congreso y en los últimos cuatro años han hecho 2.700 recomendaciones para mejorar el accionar gubernamental, 83 por ciento de las cuales fueron puestas en práctica.
La GAO asegura que sus recomendaciones ahorraron a los contribuyentes en 2004 cerca de 44.000 millones de dólares.
Por su tamaño y alto presupuesto, el Departamento (ministerio) de Defensa ha sido objeto frecuente de las investigaciones de la GAO. Este año, la oficina acusó al Pentágono de haber gastado más de 13.000 millones de dólares en mantener y comprar el doble de programas informáticos y sistemas de computación de lo que necesitaba.
En otro informe advirtió que, en los últimos tres años, el Pentágono gastó 33.000 millones de dólares en equipamiento en exceso, parte del cual, por unos 4.000 millones de dólares, todavía está sin uso.
La GAO también criticó al Departamento de Defensa por llevar adelante una atroz administración financiera y por no haber podido explicar a los organismos de contralor el gasto de 1.000 millones de dólares cada semana en la invasión y ocupación de Iraq.
Si el Departamento de Defensa fuera un negocio, estaría en bancarrota, dijo Walker.
La GAO también reveló que la Agencia de Protección Ambiental no ha informado de forma adecuada a la población sobre los cientos de miles de componentes tóxicos generados por la actividad industrial.
La oficina, además, descubrió que muchos de los 8,8 millones de pasaportes emitidos por el Departamento de Estado (cancillería) en 2004 fueron entregados a asesinos, violadores, traficantes de drogas e incluso terroristas, porque el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no compartió, como debía, su lista de fugitivos.
Pero el trabajo de la GAO no siempre fue eficaz. En 2001, solicitó las actas de una Comisión Especial de Energía presidida por el vicepresidente Dick Cheney a raíz de acusaciones de que el panel estaba atestado de empresarios del sector industrial. Hasta ahora, la justicia le ha negado acceso a las actas.
Aftergood subrayó la importancia de no considerar a la GAO o al Inspector General como oficinas que siempre dicen la verdad.
Representan modos de inspección y evaluación anticuados. Son organizaciones gubernamentales con cierto grado de independencia y una licencia para investigar. Si esto parece heroico, entonces eso nos dice algo de los tiempos que estamos viviendo, dijo a IPS.
