El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, recibe en España duros cuestionamientos de organizaciones humanitarias y el decidido apoyo del gobierno y del empresariado por su negociación con los paramilitares de ultraderecha y la flamante Ley de Justicia y Paz.
Uribe finalizará este miércoles una visita de tres días a este país, que tiene como principal objetivo, según expresó, fomentar las relaciones comerciales y empresariales y lograr más apoyo en sus propósitos de pacificar Colombia.
Nada más llegar a Madrid, varias organizaciones no gubernamentales llamaron su atención manifestándose en la céntrica plaza Puerta del Sol, convocadas por Amnistía Internacional, criticando su estancia en España y pidiendo al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero que no lo respalde.
No obstante, la principal confrontación la el mandatario derechista colombiano con un representante de Amnistía, la organización defensora de los derechos humanos con sede en Londres, durante un almuerzo-coloquio con políticos, empresarios y periodistas.
Cuando el moderador dio por terminado el encuentro, Uribe tomó otra vez la iniciativa y preguntó si entre los presentes se encontraba algún representante de esa organización y pidió que se le ofreciera la palabra.
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De inmediato, el presidente local de Amnistía, Esteban Beltrán, se identificó y le manifestó su desacuerdo con la Ley de Justicia y Paz, aprobada el 21 de junio para regular la desmovilización de grupos armados ilegales, porque según dijo fortalece la impunidad.
A continuación le preguntó a Uribe si cumpliría las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
Sectores políticos opositores colombianos, organizaciones no gubernamentales de ese país e internacionales y víctimas de la violencia creen que es muy laxa esta nueva norma, elaborada por el gobierno de Uribe en el marco de su diálogo de paz con los paramilitares, estimados en unos 10.000 efectivos y agrupados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los críticos advirtieron de que la ley no estipula ningún mecanismo que lleve a esclarecer el origen del paramilitarismo, surgido en 1982 a impulsos de terratenientes y desde el propio Estado para combatir a las guerrillas izquierdista, así como su forma de financiarse, las relaciones con el narcotráfico, sectores económicos y las fuerzas militares y policiales.
Tampoco observan herramientas legales reales para recabar la verdad sobre los asesinatos y masacres cometidos por las AUC, a los que la ley sí le atribuye origen político, aligera las penas al respecto y prevé una instancia ante los tribunales, donde cada acusado efectuaría una confesión para acogerse a los beneficios.
Beltrán añadió que desde el cese del fuego (con las AUC el 1 de diciembre de 2002) se han documentado 2.200 víctimas de los paramilitares (à) y que los crímenes en contra la humanidad son imprescriptibles y, por lo tanto no pueden amnistiarse.
Uribe le respondió que en su país no hay amnistía ni indultos para delitos de lesa humanidad y le recomendó que se prepare para responder al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), porque demandan amnistía total, cualquiera sea la gravedad de sus crímenes.
Añadió que la cantidad de masacres en su país se redujeron 87 por ciento y que su gobierno dio de baja a 1.300 paramilitares y llevó a la cárcel a más de 8.000. Luego apuntó cuando asumió el gobierno en agosto de 2002 se asesinaban 28.000 personas al año y que en el primer semestre de este año esas muertes bajaron casi la mitad, pues se registraron 8.477.
Además, indicó que las propuestas de diálogo son iguales para todos: a partir de un cese de hostilidades está la posibilidad de una oferta de paz, sea para paramilitares o las organizaciones guerrilleras de izquierda.
Puntualizó que hasta fines de junio se reinsertaron a la vida civil 12.630 personas, 55 por ciento de ellas paramilitares y el resto de las guerrillas del ELN y de las FARC y que en las próximas semanas, estas reinserciones serán muchas más.
En su premeditada respuesta, Uribe subrayó que en otros países donde se cometieron genocidios se llegó al perdón, lo que no ocurre en el suyo, ya que la nueva ley de paz introduce un elemento muy importante de justicia y una exigencia, muy demandante, de reparación a las víctimas.
En este particular debate, el mandatario colombiano aprovechó el nutrido auditorio para regañar a Beltrán, señalándole que discuten con él y le enviaron una misiva a Zapatero pidiéndole que no lo reciba, mientras que yo jamás le he mandado una carta a un gobierno diciéndole que no los reciban (a los guerrilleros) porque son terroristas.
Uribe concluyó afirmando que le gustó haberse mirado a la cara (con Beltrán), pero que le gustaría mucho más que visitaran Colombia para oír a la gente.
Momentos después, Beltrán dijo a IPS que consideraba importante el gesto de Uribe de debatir públicamente con él, pero que mantenía su oposición a la Ley de Paz y Justicia a que, según su texto, se puedan rebajar las penas y cobijar la impunidad.
Aclaró con énfasis que Amnistía visitó 16 veces Colombia y que en una de esas veces, en la que él participó, la delegación fue recibida por el propio Uribe.
Otros datos aportados por el activista señalan que en último año huyeron 287.000 personas de las áreas de Colombia donde arrecia el conflicto armado interno, que ya lleva más de cuatro décadas de duración. Esa cifra de desplazados no concuerda con las proporcionadas en su intervención por Uribe.
Beltrán también reiteró ante IPS sus críticas a la Ley de Paz, entre otras cosas porque, explicó, no prevé la participación de las víctimas o de sus familiares y porque la Fiscalía dispone, como indica la norma, de sólo 60 días para investigar los crímenes, algunos de los cuales fueron perpetrados 10 años atrás.
Por último, subrayó que Amnistía Internacional exige que no se deje impune a ningún criminal sean paramilitares o guerrilleros, pues ambos sectores son responsables de crímenes atroces y de guerra, incluyendo la destrucción de colegios e iglesias colmados de alumnos y de fieles.
Por el contrario, Joaquín Antuña, presidente de Justicia y Paz, uno de los grupos no gubernamentales que respaldó la convocatoria de Amnistía contra la visita de Uribe, dijo a IPS, tras escuchar al visitante, que considera bastante positiva su política, máxime de alguien que está asediado por todos, en una lucha difícil, para la que quiere encontrar una salida que lleve a esa paz tan necesaria.
En Colombia, según informaciones oficiales y extraoficiales, la guerra civil ocasionó en los últimos 20 años más de 70.000 muertes, el desplazamiento de sus hogares de más de tres millones de personas y la emigración del país de otros cuatro millones.
Uribe insistió en destacar que la nueva ley no prevé amnistía ni indulto para delitos atroces y que, si se reducen las penas, se debería tomar ello como el costo de un proceso de paz. Quienes se acojan al proceso y abandonen la violencia además deberán devolver los bienes que posean ilegalmente, los que serán destinados a reparar a las víctimas.
Según la cuestionada Ley, indicó que, si se desmoviliza un paramilitar o un guerrillero, si cometió solamente sedición, puede ser elegido legislador. Si además de sedición estuvo incurso en delitos de narcotráfico o en delitos de lesa humanidad, así tenga el beneficio de reducción de sentencia de la ley, no podrá ser elegido congresista.
Pero donde no hubo debate a la legislación cuestionada, fue en el encuentro que Uribe mantuvo con el jefe del gobierno español Zapatero, con quien firmó un acuerdo de cooperación judicial destinado a luchar contra la delincuencia y el terrorismo, que prevé la asistencia mutua en la protección de testigos, equipos de investigación o intercambio de información, entre otros.
También suscribieron un entendimiento financiero por valor de 250 millones de euros (unos 300 millones de dólares), que serán destinados a proyectos en marcha, uno de ellos el aeropuerto en la oriental ciudad colombiana de Palestina.
La agitada agenda de la visita de Uribe a España le ha proporcionado pocos momentos de relax.
Al margen de las recepciones oficiales ofrecidas por los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, del almuerzo en la sede del gobierno, y de la recepción organizada por la embajada de su país, el mandatario visitante pudo distenderse este martes al recibir la Medalla de Oro de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, vinculada a la prelatura católica conservadora Opus Dei.
Una segunda distinción le fue concedida por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, del centroderechista Partido Popular, quien le entregó la Llave de Oro de la Ciudad, lo que ha hecho en contadas ocasiones.
Respecto de los vínculos comerciales, uno de los objetivos fundamentales de su viaje a España se cumplió con el encuentro con un centenar de empresarios, entre ellos los directivos de las más grandes firmas transnacionales de este país europeo.
Uribe afirmó en ese ámbito que el desarrollo de la actividad económica puede ser la mejor aportación del mundo empresarial para la normalización de Colombia y los invitó a invertir más, aunque ya España es el primer país en esa materia en el suyo.
Con esa apreciación coincidió el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, Javier Gómez Navarro.
España y Colombia ya tenían firmados otros dos convenios. Uno de ellos eliminó la doble tributación y otro garantizó y protegió las inversiones españolas en Colombia y las colombianas en España.
