Un nuevo capítulo del escándalo desatado en 2000 por el pago de sobornos en el Senado de Argentina fue abierto este miércoles por el diputado Hernán Damiani, al denunciar que uno de los jueces a cargo del caso obtuvo su ascenso a cambio de frenar la investigación.
Minutos antes de presentar la acusación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo administrador del Poder Judicial, Damiani aseguró a IPS que Gabriel Cavallo canjeó su ascenso a integrante de la Cámara Federal por una investigación formal, es decir de rutina, en la causa que tuvo en sus manos en 2001 por la presunta compra de apoyos en el Congreso.
Damiani dijo que, en el marco de ese criterio de trabajo, el entonces juez federal impidió a los fiscales profundizar en la pesquisa.
Por ello, añadió, es que durante el lapso en que tuvo en sus manos la instrucción del proceso fue imposible avanzar en el esclarecimiento del supuesto pago de sobornos por el entonces gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) para hacer aprobar sus iniciativas en el Senado.
La denuncia presentada contra Cavallo, quien no tiene parentesco cercano con el ex ministro de Economía de De la Rúa Domingo Caballo, es por mal desempeño de funciones, sin descartar la posible comisión de un delito, advirtió Damiani.
Para la presentación, el diputado de la opositora Unión Cívica Radical (al igual que De la Rúa), admitió que se valió de la investigación realizada por el periodista Juan Gasparini para el libro titulado La Injusticia Federal, publicado en mayo.
En ese texto, Gasparini dedica un capítulo a la actuación aparentemente irregular de Cavallo en la instrucción del proceso y abunda en una serie de elementos que ahora el Consejo de la Magistratura deberá investigar.
Durante los meses que tuvo a su cargo la causa, de febrero de 2001 hasta que el Senado lo nombra miembro de la Cámara Federal el 23 de octubre de ese mismo año, se sospecha que Cavallo negoció su promoción con los senadores y con el propio De la Rúa, dejando sin resolver la situación de los principales imputados, dice el periodista en su libro.
Estas sospechas habían sido ventiladas en aquella oportunidad por diversos medios de comunicación, al punto que Cavallo se vio obligado a desmentir que haya existido una negociación para que De la Rúa propusiera su candidatura.
Gasparini detalla que justo cuando Cavallo investigaba el caso de los sobornos en el Senado, el entonces presidente envió sus antecedentes a ese mismo cuerpo legislativo para que aprobara su designación al cargo
Con la denuncia de Damiani, por primera vez en cuatro años se canaliza en la justicia el persistente rumor de que Cavallo estaba involucrado de algún modo con el caso.
El Consejo de la Magistratura es también el encargado de juzgar la indisciplina de los funcionarios judiciales.
La historia que derivó luego en escándalo comenzó a gestarse en 2000 cuando el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, alardeó delante de líderes sindicales sobre su poder para comprar la voluntad de senadores del oficialismo y de la oposición para obtener la sanción del proyecto gubernamental de flexibilización de normas laborales.
Para los senadores tengo la Banelcoà, dijo entonces Flamarique, refiriéndose a la tarjeta magnética para extraer dinero en efectivo de la red de cajeros automáticos de bancos.
Más tarde, lo que sólo parecía una jactancia, comenzaron a cobrar cuerpo las graves irregularidades que se habían cometido durante la presidencia de De la Rúa, que había llegado al gobierno al frente de la Alianza, de radicales y centroizquierdistas, y que renunció a fines de 2001 en medio del colapso económico y los consecuentes disturbios sociales.
Se estima que para garantizar la aprobación del proyecto de flexibilización laboral, 11 senadores del Partido Justicialista, entonces en la oposición, y de la cogobernante Unión Cívica Radical se repartieron 6,5 millones de dólares provenientes de fondos que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) manejaba sin necesidad de rendir cuentas.
Al inicio del escándalo renunció Carlos Álvarez al cargo de vicepresidente de Argentina, que a la vez implica presidir el Senado.
Álvarez, entonces líder del izquierdista Frente País Solidario, consideró que no contaba con el apoyo de De la Rúa para avanzar en la investigación parlamentaria de las denuncias que involucraban a legisladores propios y ajenos.
Luego tomaron igual decisión que Álvarez el propio Flamarique y el director de la SIDE, Fernando de Santibañes. Además, De la Rúa separó de sus cargos a funcionarios que intentaron profundizar la investigación, como el entonces jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, y el titular de la cartera de Justicia, Rodolfo Gil Lavedra.
Otro capítulo fundamental de este escándalo lo protagonizó en 2003 Mario Pontaquarto, el ex secretario de José Genoud, uno de los senadores acusados de recibir dinero, que brindó detalles sobre el movimiento de fondos ilegales. Confesó que él mismo participó en extraer el dinero del tesoro de la SIDE y lo llevó a casa de uno de los congresistas.
La causa comenzó siendo investigada por el ahora ex juez Carlos Liporaci, que en cuatro meses sobreseyó por falta de mérito a todos los implicados. Dos meses después, el propio magistrado renunció al fuero federal para evitar un proceso que avanzaba en su contra por enriquecimiento ilícito.
Fue entonces que asumió Cavallo y ordenó una serie de medidas judiciales. Pero luego de seis meses la causa se aquietó, y finalmente, el mismo día en que De la Rúa propuso su nombre para promoverlo a camarista, el juez se excusó de seguir con la pesquisa. La candidatura de Cavallo para integrar el tribunal de apelaciones del fuero fue sugerida por el entonces ministro de Justicia, Jorge De la Rúa, hermano del mandatario, quien había asumido el cargo en medio del escándalo en reemplazo del prestigioso jurista Gil Lavedra.
Gasparini señaló a IPS que hubo un pacto de encumbramiento entre el presidente De la Rúa, el jefe de la SIDE y Cavallo para mostrar una investigación sólo en apariencia. El periodista señaló que el juez no avanzó sobre las cuentas de la dirección de inteligencia ni ahondó en el origen de la fortuna de los senadores.
Una vez que se excusó, la investigación pasó a manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, que fue quien recibió el testimonio revelador de Pontaquarto, para finalmente quedar hasta ahora en manos del actual juez Daniel Rafecas, que impulso el proceso y comenzó a citar a todos los implicados recién este año. (
