Tras cuatro meses de investigación, una comisión de diputados de la ciudad de Buenos Aires recomendó este viernes el juicio político al jefe de gobierno Aníbal Ibarra por mal desempeño de sus funciones, debido al incendio de una discoteca que dejó 194 muertos en 2004.
Los legisladores también pidieron el enjuiciamiento de la síndica Marcela Sánchez de Bustamante y el cese inmediato del coordinador del Consejo de Emergencia de la ciudad, Julio Crespo Campos. Y recomendaron al gobierno de la capital federal abstenerse de nombrar en otros cargos a funcionarios destituidos y procesados por su responsabilidad en el siniestro.
Sobre la base de casi un centenar de testimonios, la comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades políticas de la tragedia consideró que el incendio del 30 de diciembre en la discoteca República Cromañón y sus consecuencias obedecieron a la ineficacia en la prevención y en la respuesta a la emergencia.
En el dictamen, cuya lectura fue seguida por sobrevivientes y familiares de las víctimas en la sede del Poder Legislativo de la ciudad, los diputados señalaron que la presunta falta de servicios a cargo del gobierno concurrió al desencadenamiento, magnitud y consecuencias del fuego.
Aquella noche, cuando actuaba en la disco el grupo de rock Callejeros, un asistente lanzó una bengala que incendió el recinto cerrado. La mayor parte de las víctimas, jóvenes y algunas niñas y niños, murieron por asfixia, debido a la toxicidad de las membranas que recubrían el techo del local.
El informe detalla que había entonces al menos 2.800 personas, cuando la cantidad autorizada era de 1.035 según las dimensiones de la discoteca, y también estaban presentes menores de edad, cuyo ingreso a locales nocturnos está prohibido.
República Cromañón no estaba autorizada a presentar recitales de rock ni contaba con salidas de emergencia en condiciones de ser utilizadas. La puerta supuestamente alternativa estaba trabada con alambres y candados porque lindaba con un estacionamiento.
Por este desastre, el mayor por causas no naturales de la historia argentina, fueron procesadas 20 personas por la justicia. El gerente del local y su encargado de seguridad, los músicos y sus asistentes, cinco policías que custodiaban el lugar y seis funcionarios del área de control comunal, destituidos luego por Ibarra.
Desde comienzos de abril, la comisión recibió decenas de testimonios de funcionarios, ex funcionarios, expertos de diversas áreas, médicos que atendieron la emergencia y sobrevivientes. Algunos miembros del gobierno admitieron que, a pedido de Ibarra, no concurrirían a declarar.
En diálogo con IPS, el abogado José Iglesias, padre de un joven que murió en la disco, coincidió con las conclusiones de la comisión. Leí casi el cien por ciento de los testimonios recogidos, y los hechos son contundentes: hubo falta de control, situaciones irregulares, nepotismo y muchas otras fallas, opinó.
El dictamen, firmado por los nueve miembros de la comisión, no es determinante. El proceso de enjuiciamiento debe ser ratificado por 30 de los 45 legisladores de la sala acusadora, que pasará entonces el caso a la sala enjuiciadora, de 15 integrantes. Si se llega a esa instancia, Ibarra será suspendido en sus funciones y comenzará a ser enjuiciado.
La asamblea legislativa unicameral porteña (como se conoce a los habitantes de la capital) de 60 miembros, se divide en una sala acusadora, de 45 integrantes, y otra enjuiciadora, de 15 legisladores.
El informe apuntó a la falta de control que determinó el funcionamiento de un local plagado de anomalías, también se indagó sobre las irregularidades administrativas en el área encargada de las inspecciones, y sobre el sistema de emergencias que debió ponerse en práctica una vez desatado el fuego.
En vísperas de la difusión del informe, Ibarra, quien debería finalizar su segundo mandato consecutivo en 2007, cuestionó la legitimidad de la comisión integrada por legisladores de la oposición. El colectivo se formó a comienzos de abril con 16 miembros, pero enseguida siete de ellos se retiraron.
Los que se fueron eran legisladores cercanos al oficialismo o cuestionados por familiares de las víctimas. Pero en la comisión hay seis partidos que representan todo el arco político-ideológico de Buenos Aires, un escenario caracterizado por la fragmentación.
El dictamen no cambia nada, se perdieron la oportunidad de hacer una investigación en serio, criticó Ibarra, cuyo grupo político, el progresista Frente País Solidario, tiene apenas dos legisladores en el órgano legislativo.
Ibarra consiguió el apoyo de dirigentes de derechos humanos, artistas, académicos y otras personalidades, que el jueves publicaron un aviso en los diarios titulado Por la justicia, contra la manipulación política.
Los firmantes advirtieron del riesgo de un golpe constitucional contra el alcalde elegido por voto popular, y manifestaron preocupación por el manejo del incendio, sobre todo de parte de la comisión, a la que calificaron de grupo de operadores políticos. (
