Organizaciones sociales y de derechos humanos de América Central advierten sobre la creciente presencia de Estados Unidos en la región, materializada esta semana en varios anuncios y acuerdos.
La XXVI Asamblea Ordinaria del Sistema de Integración Centroamericana discutió el jueves en la capital de Honduras el fenómeno de las pandillas juveniles conocidas como maras, que se han convertido en un problema serio de seguridad social en la región.
Las autoridades acordaron la creación de una base de datos que compartirían con México y Estados Unidos, y que estará radicada en El Salvador, un sistema regional de detención de sospechosos y la aplicación, en tres etapas, de una Fuerza de Respuesta Rápida que coordinará su acción con organismos de seguridad de los países del área.
La propuesta base de datos podría tener muchos inconvenientes, dijo a IPS la especialista Soraya Long, directora de la oficina mesoamericana del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Costa Rica.
No sabemos quién va a manejar esos datos, cómo serán utilizados, ante quién podrán presentar los eventuales afectados un recurso de hábeas data (para la protección de datos personales, por ejemplo) y cuál sería el procedimiento, sostuvo.
Long opinó que los intentos por relacionar a las maras con acciones terroristas pueden tener implicaciones jurídicas muy serias, pues se intenta aplicar acuerdos internacionales contra el terrorismo a la delincuencia común, que tiene razones y expresiones muy distintas.
A la cita asistieron los presidentes Ricardo Maduro, de Honduras, Elías Antonio Saca, de El Salvador, Oscar Berger, de Guatemala, Abel Pacheco, de Costa Rica, Enrique Bolaños, de Nicaragua, y Martín Torrijos, de Panamá, así como el primer ministro de Belice, Said Musa y el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Dan Fisk, quien celebró los acuerdos.
Pero en la conclusión del encuentro no estuvieron presentes los mandatarios de Guatemala y Panamá, y Costa Rica plasmó su reserva ante las iniciativas de detención regional, Fuerza de Respuesta Rápida y visado común, que sería un paso previo al pasaporte centroamericano. Pacheco justificó la decisión en razones propias de su ordenamiento jurídico nacional.
Según lo acordado, El Salvador será el centro de operaciones regionales contra las pandillas, el narcotráfico y el terrorismo.
El salvadoreño Saca anunció además la instalación en su país de la sede regional de la estadounidense Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), destinada a combatir delitos transfronterizos. La primera de estas entidades fue inaugurada en Budapest en 1995.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, quien participó en protestas contra la cumbre, dijo a IPS vía telefónica que la actitud del gobierno de su país es desde hace varios años de una obediencia absoluta a Estados Unidos, sin ver las graves consecuencias que esto tiene para la situación social y económica nacional.
El CEJIL y otras organizaciones defensoras de la democracia, los derechos humanos y la justicia internacional se han opuesto al proyecto de establecer una ILEA en la región, dijo Long.
Anteriormente nos movimos para que no se instalara en Costa Rica, donde se intentó desde febrero de 2001, recordó.
Pese a que sus promotores insisten en que se trata de un centro de capacitación en derecho y manejo de la delincuencia internacional, no han aclarado cuál es el plan de estudios que se impartiría ni por quiénes.
Consideramos que esa academia es una reminiscencia de la tristemente célebre Escuela de las Américas, que durante décadas impartió técnicas represivas a militares latinoamericanos, sostuvo.
Los encuentros de esta semana, que incluyeron el miércoles la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla-Gutiérrez para revisar los avances de la integración física del Plan Puebla-Panamá, estuvieron marcados por manifestaciones de repudio en varios países.
Este viernes hubo marchas en las principales ciudades de El Salvador en protesta por la grave situación de pobreza de la región y la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con cinco países de América Central y República Dominicana (CAFTA-RD, por sus siglas en inglés).
Los reclamos de los manifestantes se dirigieron a organismos financieros internacionales y al Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos del mundo, cuya cumbre sesionará la semana próxima en Escocia.
El CAFTA-RD, firmado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, fue aprobado por el Senado estadounidense el jueves por la noche, por 54 votos a favor y 45 en contra.
Se espera que la Cámara de Representantes lo apruebe tras el receso legislativo de la próxima semana, aunque la oposición de los diputados se prevé más dura.
En Guatemala las protestas contra el acuerdo fueron reprimidas violentamente en marzo, dejando inclusive algunos muertos.
Algunas organizaciones estiman que el combate a las maras se ha convertido en excusa para alinear políticas nacionales a las nuevas concepciones de defensa y seguridad que alienta Washington desde el 11 de septiembre de 2001, mientras los países centroamericanos estrechan vínculos comerciales con su vecino norteamericano.
