El gobierno de Chile y dirigentes estudiantiles se sentaron por fin a negociar soluciones a la crisis de financiamiento de las universidades, luego de dos tensos meses de protestas callejeras, paros y ocupaciones de locales.
El diálogo del ministro de Educación, Sergio Bitar, con 16 líderes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), se abrió en la noche del miércoles 15 y se prevé que durará unos tres meses hasta agotar la agenda acordada por ambas partes.
Las movilizaciones estudiantiles en las ciudades de Santiago, La Serena, Valparaíso, Concepción, Temuco (centro), Arica, Antofagasta, Iquique (norte), y Valdivia (sur), centros universitarios de este país de 15,2 millones de habitantes, registraron episodios de violencia, de los que fueron culpados tanto grupos extremistas como la policía antimotines del Cuerpo de Carabineros.
El conflicto tuvo como epicentro a las 25 universidades más antiguas que conforman el Consejo de Rectores, pero en la práctica abarcó al total de la educación superior chilena, que comprende a 201 establecimientos de enseñanza técnica y profesional.
Las protestas comenzaron a fines de abril, cuando las dos ramas del Congreso aprobaron casi por unanimidad un proyecto del gobierno del presidente Ricardo Lagos para que los bancos den créditos de financiamiento de estudios superiores con el aval del Estado.
La ley, promulgada por Lagos a fines de mayo, contempla también subsidios estatales para familias de bajos ingresos que acumulen un ahorro previo en los bancos. El prop´soito de la norma es, según el gobierno, posibilitar el acceso a financiamiento de todos los 600.000 estudiantes que están en centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades.
Antes de esa ley, los únicos sistemas oficiales de ayuda al financiamiento de estudios superiores eran las becas y el Fondo Solidario para créditos, que cubren sólo a las 25 universidades llamadas tradicionales, del Consejo de Rectores, aunque muchas privadas tienen también sistemas internos de becas o de préstamos en acuerdo con bancos.
Estudiantes y autoridades académicas de las universidades tradicionales objetaron la ley porque consideran que puede conducir a una progresiva desaparición del Fondo Solidario y a una mayor mercantilización de la enseñanza superior, en un escenario en que la educación pública está sometida constantemente a embates privatizadores.
Las universidades chilenas eran prácticamente gratuitas hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, pero la dictadura del general Augusto Pinochet, que duró hasta 1990, impuso a los planteles estatales un régimen de autofinanciamiento, y en los años 80 dictó una ley que posibilitó la multiplicación de universidades privadas.
La Universidad de Chile, que es la más antigua de las estatales con 162 años de existencia, cubre hoy menos de 30 por ciento de su presupuesto con aportes públicos y debe financiar el resto con los aranceles que cada carrera cobra a sus estudiantes y los ingresos que sus facultades generan a través de proyectos, consultorías y ventas de servicios a privados.
Tener una hija o un hijo en la universidad le cuesta a una familia chilena de 2.200 a 5.000 dólares anuales en pago de aranceles, cuyo monto varía según el plantel y el tipo de carrera, con los precios más altos en las especialidades de alta gerencia, ingeniería y ciencias médicas, que son las más rentables en el mercado laboral.
Los opositores al nuevo sistema alegan que los bancos darán prioridad a los estudiantes de esas carreras para asegurar la cobranza de los créditos, relegando a quienes pretendan financiar estudios en las áreas de pedagogía, ciencias sociales y humanistas o disciplinas artísticas, que gradúan cesantes ilustrados, según el decir popular.
Es lo que muchos consideran la mercantilización de la enseñanza en Chile, que ha ido de la mano con la implantación del modelo neoliberal y con un alto crecimiento del acceso a la educación superior, sustentado en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales mayoritariamente privados.
El sistema que prevaleció hasta 1973 era gratuito pero elitista, porque el bajo número de universidades estatales implicaba también una disminuida población estudiantil, procedente de los sectores de altos y medianos ingresos, sin hijos de obreros en la enseñanza superior.
En 1975, con nueve millones de habitantes, Chile tenía sólo ocho universidades. Para 1990 la población había aumentado a unos 13 millones y los planteles de enseñanza superior a 143, incluyendo a 60 centros de formación técnica y 42 institutos profesionales, además de 41 universidades, con un total de 250.000 alumnos.
Los centros de formación técnica ofrecen carreras cortas, de dos a tres años, y en los institutos profesionales se capacita a futuros cuadros medios con currículos de tres a cuatro años, mientras que las universidades otorgan licenciaturas y títulos profesionales con estudios que en promedio duran cinco años.
En 2000 había más de 450.000 estudiantes en la enseñanza superior, distribuidos en 83 centros de formación técnica, 44 institutos profesionales y 74 universidades, 16 estatales y 58 privadas, con 25 de éstas que reciben aportes del Estado en su presupuesto.
El 21 de mayo, en su rendición de cuentas anual ante el parlamento, Lagos destacó que actualmente hay 600.000 estudiantes en la educación superior. Mi mayor orgullo, es que de cada diez jóvenes que están en la universidad, siete son la primera generación de su familia que llega a la universidad, dijo.
Mientras en las afueras del Parlamento, en Valparaíso (120 kilómetros al oeste de Santiago), recrudecía la violencia en medio de protestas estudiantiles, el mandatario hacía una enérgica defensa del sistema de créditos bancarios, como beneficio para hijos de familias de bajos ingresos que van a centros de formación técnica e institutos profesionales.
La Confech dialoga con Bitar pero se mantiene en estado de alerta, como forma de presionar al gobierno para que se comprometa más con la educación pública y fortalezca, entre otras medidas, los 16 fondos solidarios que financian sistemas de crédito directo, sin mediación bancaria, para estudios en universidades tradicionales.
Esos fondos están en crisis por la escasa recuperación de los créditos. Los deudores deberían pagar una vez que egresan de la universidad, pero muchos alegan que no lo pueden hacer porque no tienen empleo o porque sus remuneraciones son demasiado bajas.
Además del rediseño de los fondos, lo que se requiere, según los estudiantes, es crear un sistema de arancel diferenciado, en que el precio de los estudios se defina según el ingreso de la familia del estudiante. Una medida democratizadora, que el gobierno está dispuesto a discutir, aunque muchos no la consideran viable.
No estoy de acuerdo con que el arancel diferenciado sea la mejor solución, y corresponde trabajar con las herramientas que ha entregado el gobierno, dijo a IPS la diputada Ximena Vidal, del cogobernante Partido Por la Democracia (PPD) y presidenta de la Comisión de Educación de su cámara.
Carolina Tohá, también diputada del PPD y ex dirigente de la FECH (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile), indicó a IPS que es necesario regular los sistemas de becas, créditos o fondos solidarios y créditos bancarios.
El día que tengamos todo eso ordenado, en la práctica vamos a tener lo mismo que un arancel diferenciado. El arancel será el mismo para todos, pero los estudiantes recibirán subsidios (estatales) de acuerdo a sus necesidades socioeconómicas, sostuvo.
El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, dijo a IPS que es contrario al arancel diferenciado. Si le cobramos menos (a los estudiantes más pobres), lo tendrán que pagar otros. ¿Quiénes? obviamente el sistema tributario general. O sea, los que se graduaron en la universidad, así como los que no asistieron nunca a la universidad, apuntó.
¿Con qué cara podemos pedirle a los que no accedieron a la universidad que contribuyan con sus impuestos a financiar a esos que sí fueron a la universidad?, arguyó.
Distinta es la visión de Felipe Melo, presidente de la FECH y militante de la izquierdista Fuerza Social, quien comentó a IPS que no se debe hablar solo de viabilidad técnica del arancel diferenciado, sino también de discusión política y viabilidad política.
El arancel diferenciado podría cubrirse cada año con unos 170 millones de dólares de asignaciones extras del Estado a las universidades, lo cual equivale a menos de 25 por ciento de lo que se da a las Fuerzas Armadas mediante una ley especial y a menos de cinco por ciento del ingreso general por impuesto a la renta. Habrá viabilidad técnica si hay voluntad política, aseguró Melo. (
