Uno de los principales jefes de la represión durante la dictadura argentina (1976-1983), el ex general Carlos Suárez Mason, murió este martes a los 81 años y en vísperas de enfrentar un juicio oral y público por crímenes contra la humanidad.
Familiares de las víctimas lamentaron la muerte del militar cuando estaba a las puertas de una posible condena que eludía desde hace más de 20 años, primero al fugarse del país y luego beneficiado por el indulto dictado en 1991 por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
La justicia siempre llega tarde, se quejó Nora Cortiñas, presidenta de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, una de las ramas en que se dividió la organización de mujeres nacida durante la dictadura para reclamar por sus hijos detenidos-desaparecidos. Era un genocida y murió sin ser condenado, dijo.
También expresó su pesar, porque el ex militar se llevó a la tumba todos sus secretos sobre la apropiación de niños, Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, creada para buscar a menores secuestrados o nacidas en el cautiverio de sus padres y luego dados ilegalmente en adopción falsificando su filiación.
Actuó siempre con cobardía y maldad, y se negó a colaborar para que se conozca la verdadera historia, añadió Barnes de Carlotto.
Suárez Mason tuvo bajo su cargo en la primera etapa de la dictadura, cuando era comandante del I Cuerpo de Ejército con asiento en Buenos Aires, a 42 centros clandestinos de detención, por donde pasaron miles de prisioneros secuestrados, torturados y luego desaparecidos.
En ese distrito militar, que abarca principalmente la capital argentina y buen parte de la oriental provincia de Buenos Aires, se registró el mayor número de niños desaparecidos.
Sobre Suárez Mason pesaba la acusación judicial de más de 80 homicidios, 250 secuestros y 12 apropiaciones indebida de menores, causa esta última por la cual estaba en prisión a la espera de sentencia al momento de su muerte.
La justicia le había retirado el año pasado el beneficio de la detención domiciliaria, que se concede a los mayores de 70 años si el magistrado lo entiende razonable, debido a que diversos testimonios confirmaron que había celebrando su cumpleaños en un club de fútbol sin autorización expresa del juzgado.
Es tal la identificación del ex militar fallecido este martes con los delitos contra la humanidad cometidos en jurisdicción del I Cuerpo de Ejército que las actuaciones judiciales que investigan lo sucedido en la más poblada área de este país hoy con 37 millones de habitantes se conocen informalmente como causa Suárez Mason.
Con el advenimiento de la democracia en 1983, el ex militar huyó a Estados Unidos y evitó así sumarse al banquillo de los acusados junto a los ex jefes de la dictadura, como Jorge Videla y Eduardo Massera, condenados a reclusión perpetua a mediados de los años 80.
La gravedad de los delitos que se le imputaban y las pruebas presentadas permitieron que en 1988 fuera extraditado a Argentina. No obstante, el Menem lo indultó en 1990 junto a los ex comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas y otros militares y civiles condenados o sujetos a proceso judicial de tal en ese entonces.
Precisamente, Suárez Mason era uno de los acusados que aún no tenía sentencia firme al momento de ser indultado.
En 1998 le llega la primera condena, pero por haber violado la ley antidiscriminatoria y por apología del delito, en razón de declarar a un semanario que tenía prevención por los judíos y que debió haberse legalizado la tortura durante el régimen militar.
Un año después, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo lo denunció por apropiación sistemática de menores bajo su mando en el I Cuerpo de Ejército, un delito que pudo eludir las llamadas leyes de obediencia debida y de punto final, también llamada del perdón y aprobadas a fines de los años 80.
Al mismo tiempo se le inició proceso judicial en Roma por la desaparición de ciudadanos italianos en Argentina en el mismo periodo dictatorial. En ese juicio, Suárez Mason fue hallado culpable en ausencia y condenado a cadena perpetua. También lo reclamó sin éxito la justicia de Alemania y la de España.
Tras la anulación por el Congreso legislativo de las leyes del perdón en 2004, que habían sido derogadas en 1998, se reabrieron las causas congeladas hasta entonces, como la del I Cuerpo del Ejército ya muy avanzadas en su trámite.
La declaración de inconstitucionalidad de estas mismas leyes dictada por la Corte Suprema de Justicia la semana pasada brindó el aval definitivo para proseguir con el proceso que debía culminar con el juicio oral y público.
También se reclama ahora la inconstitucionalidad de los indultos otorgados por Menem en 1989 y 1990, entre ellos el que benefició a Suárez Mason.
Pero según explicó a IPS Víctor Abramovich, director ejecutivo del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales, la marcha atrás en el indulto sólo es posible para los casos de procesados y no para quienes tenían condena firme como Videla o Messera.
Abramovich, quien en pocos días más asumir como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que para los indultos a procesados por delitos contra la humanidad debe aplicarse la misma jurisprudencia que se utilizó para derogar las leyes del perdón.
Pero Suárez Mason no pasará por esta discusión judicial. En la víspera, una descomposición obligó a trasladarlo de urgencia desde la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires, a un centro médico donde falleció este martes de un paro cardíaco. (
