En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró este martes inconstitucionales las llamadas leyes de perdón que en 1987 dejaron libres de proceso a miles de policías y militares que habían participado de la represión contra opositores de la última dictadura (1976-1983).
La extensa argumentación del fallo sostiene que a partir de la reforma de la Constitución, en 1994, el Estado argentino asumió frente al derecho internacional y, en especial, frente al orden jurídico interamericano, una serie de deberes de jerarquía constitucional que limitan las potestades del derecho interno de condonar u omitir la persecución de hechos como el puesto a consideración del tribunal.
También señala que si bien las leyes de perdón se sancionaron con la idea de dejar atrás enfrentamientos entre civiles y militares, en la medida en que se orientan al olvido de graves violaciones de derechos humanos se oponen a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y resultan, por lo tanto, constitucionalmente intolerables.
El dictamen, votado afirmativamente por siete de los nueve magistrados, constituye un aval jurídico para el avance de medio centenar de procesos que habían quedado prácticamente paralizados por la promulgación de las leyes de punto final y de obediencia debida.
Ambas normas sucedieron al histórico juicio de 1985 contra los comandantes militares que llevaron adelante el golpe de Estado y condujeron la dictadura.
La ley de punto final, sancionada por el parlamento en diciembre de 1986, estableció un plazo de 30 días para iniciar procesos contra delitos vinculados con la represión violenta en el régimen militar, cumplido el cual extinguió nuevas acciones penales.
La ley de obediencia debida, promulgada en junio del año siguiente, determinó que todos los uniformados subalternos a los comandantes de la dictadura no eran punibles por los crímenes cometidos, en virtud de haber actuado en subordinación a la autoridad superior.
Las dos leyes dejaron fuera los delitos de secuestro y apropiación ilegal de menores, prácticas habituales de las fuerzas de seguridad, que solían capturar a familias enteras.
El Congreso legislativo derogó esas leyes en 1998, aunque sin efectos retroactivos, y las anuló en 2003, en un pronunciamiento político insuficiente para descongelar los juicios.
Por eso, aunque muchas causas fueron reanudadas en los últimos dos años, no avanzaron con el ritmo debido, a la espera del aval del máximo tribunal.
Ese pronunciamiento llegó este martes con el fallo sobre el caso del represor Julio Simón, acusado por el secuestro de Marta Hlaczik y José Poblete.
Simón había sido procesado por la apropiación de la hija de la pareja, Claudia Poblete, secuestrada con ocho meses de edad junto a su madre. La niña fue entregada a un militar y su esposa, que ocultaron su identidad por más de dos décadas.
Cuando la joven fue encontrada y recuperada por su familia biológica, comenzó una batalla judicial contra Simón y otros uniformados que fueron procesados por la apropiación de Poblete, pero no podían ser juzgados por la desaparición de los padres, pues estaban amparados por las leyes de perdón.
La justicia consideró inadmisible que Simón se escudara en el cumplimiento de órdenes para justificar los hechos aberrantes y de ilicitud manifiesta perpetrados contra Hlaczik y contra José Poblete, quien había perdido sus dos piernas en un accidente y fue sometido a crueles torturas.
En esa causa, en la que fueron querellantes la familia Poblete, la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Gabriel Cavallo falló en 2000 que las leyes de perdón eran inconstitucionales.
Ese dictamen fue respaldado en segunda instancia por la Cámara Federal, y por la Corte Suprema este martes.
El director del CELS, Víctor Abramovich, dijo a IPS que el fallo autorizaba el avance de causas en trámite contra militares, pero sobre todo representaba una fuerte señal de fortalecimiento de las instituciones democráticas, muy degradadas por la impunidad de los últimos años.
La misma jurisprudencia alcanzará más tarde o más temprano a los indultos decretados en 1989 por el entonces presidente Carlos Menem para favorecer a los ex comandantes condenados. De hecho, algunos magistrados ya habían declarado no constitucionales dichos indultos, y esos fallos llegarán pronto al máximo tribunal.
Según estimaciones del Ministerio de Defensa, entre 500 y 1.000 uniformados podrían ser citados a declarar en varios procesos que ya se habían reactivado tras la anulación legislativa de las leyes de perdón.. La mayoría de los imputados están retirados de la actividad.
El número preciso de militares y policías implicados es difícil de estimar. El experto en cuestiones militares Rosendo Fraga estima que podrían llegar a 6.000, pero Abramovich cree que no son más de 400, de los cuales apenas 10 por ciento está en actividad.
El impacto más acotado de este fallo permite prever que no habrá riesgo de resistencia militar a los juicios, como existió en los años 80, explicó el abogado.
El propósito de la ley de punto final fue poner un límite temporal a los procesos contra militares subordinados. Pero la justicia eludió la restricción mediante una masiva convocatoria de uniformados a los tribunales.
Sectores de las fuerzas armadas protagonizaron entonces una asonada contra el poder civil, que, bajo la amenaza castrense, acabó dando a luz en 1987 la ley de obediencia debida.
Ese escenario parece definitivamente superado en 2005, entre otras razones por el paso del tiempo, que dejó fuera de actividad a la gran mayoría de implicados.
También es nueva la integración de la Corte de Justicia, hasta hace unos años cuestionada de fallar en forma parcial y favorable a los intereses del poder político.
De los siete magistrados que se pronunciaron contra las leyes este martes, cinco fueron incorporados al cuerpo en los últimos cuatro años, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay. Los últimos cuatro fueron propuestos por el presidente Néstor Kirchner.
El mandatario dijo este martes que las leyes de perdón llenaban de vergüenza a los argentinos y destacó que el fallo devuelve la fe en la justicia. El ministro de Defensa, José Pampuro, relativizó la inquietud militar que podrían provocar las citaciones judiciales.
El funcionario señaló que ya han sido procesados 150 militares en decenas de causas abiertas en todo el país en las que se investigan desapariciones forzadas durante la dictadura, que fueron 10.000 (según un informe oficial) o 30.000 (de acuerdo con organizaciones de derechos humanos).
Los procesos con mayor cantidad de imputados incluyen los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, y los del I Cuerpo de Ejército, unidad de la que dependían la mayoría de los centros clandestinos de detención de la capital y de la provincia de Buenos Aires.
Las organizaciones de derechos humanos reaccionaron con enorme satisfacción. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, celebró pues se podrá juzgar a los militares en su propio país y con toda la ley y las normas constitucionales que nuestros hijos no tuvieron.
Las leyes nos agobiaron con la impunidad. Durante años convivimos con ladrones y asesinos, dijo la dirigente. Su hija, Laura Carlotto, fue secuestrada en 1976 y asesinada poco después de dar a luz un niño al que llamó Guido, y al que su abuela busca desde hace casi 30 años.
Mediante diversos testimonios de supervivientes, Carlotto reunió datos que le permitieron identificar al asesino de su hija. Pero ni siquiera había iniciado la denuncia, por la barrera que implicaban las leyes de perdón. Ahora está decidida a recorrer ese camino.
La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se expresó muy contenta con el fallo, aunque cauta respecto de su aplicación. Bonafini destacó el ejemplo dado a los jóvenes por las organizaciones humanitarias que después de tantos años consiguieron poner fin a la impunidad.
Pero la activista puso en duda que muchos militares condenados permanezcan tras las rejas, pues abundan los mayores de 70 años que pueden acogerse al beneficio de prisión domiciliaria y al cuidado de sus familias.
