El ex presidente y prófugo de la justicia peruana Alberto Fujimori (1990-2000) sacude con su presencia mediática el ambiente político de este país sudamericano, exponiendo ambiciones para las elecciones presidenciales de 2006.
A los profusos carteles y pintados anunciando el retorno del ex mandatario en las calles de varias ciudades del país, se sumó el miércoles 18 un hecho que coronó una bien diseñada campaña publicitaria.
Ese día, acompañado de un abogado y dos guardaespaldas, Fujimori se presentó en el consulado peruano en Tokio, donde se refugia, para solicitar la renovación de su documento nacional de identidad (DNI) como un ciudadano cualquiera, libre de todo requerimiento.
La justicia peruana tiene abiertos 20 procesos contra Fujimori, por los cuales ha emitido órdenes de captura internacional y dos infructuosos pedidos de extradición a Japón.
Pese al revuelo que su presencia provocó en el consulado, el trámite fue atendido sin que el acusado pudiera ser detenido, pues las sedes consulares carecen del carácter de extraterritorialidad de las embajadas, y por tanto Fujimori permaneció formalmente en territorio de Japón.
En Lima se arguyó que los funcionarios del consulado pudieron haber recurrido a Interpol (Policía Internacional) para que diera cumplimiento a la orden de captura internacional. Pero tampoco ese camino se siguió.
Todo terminó con la sonrisa de Fujimori en el consulado, transmitida por los canales de la televisión peruana, en virtud de un vídeo que sus seguidores repartieron rápidamente a los medios de comunicación.
El sábado, en su programa de radio La hora del Chino, el propio Fujimori explicó su proceder, mediante una grabación enviada desde Tokio.
Nunca he dejado de ser peruano, pues no sólo nací en el territorio del Perú sino que he sido presidente durante toda una década. Por eso, no tiene nada de extraño que haya acudido al consulado a renovar mi DNI, dijo.
Acto seguido, el conductor del programa, Carlos Raffo, asesor publicitario del ex presidente, dijo entusiasmado: La cosa es en serio, ¡Fujimori vuelve!.
Sí, nosotros pensamos que está en campaña y su presencia en el consulado responde a ese propósito, dijo a IPS Ismael Vega, director de la Sección Peruana de Amnistía Internacional (AI), organización que propugna el regreso de Fujimori a Perú, pero para que responda ante la justicia sobre múltiples violaciones de derechos humanos cometidas durante su mandato.
El ex presidente de origen japonés accedió al poder en 1990 mediante elecciones generales. El 5 de abril de 1992 —en un acto comparable al autogolpe de Estado cometido por el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry en 1973—, disolvió el Congreso legislativo e instaló un gobierno de facto que se rigió por decretos, hasta diciembre del mismo año.
Con la anuencia de la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general era entonces el colombiano César Gaviria, y amparado en una nueva Constitución redactada a su medida y promulgada en 1993, Fujimori continuó gobernando por ocho años más, siendo reelegido en 1995 y en 2000.
El régimen de Fujimori se caracterizó por el autoritarismo y por el montaje de aparatos paramilitares y una red de corrupción, a cargo en especial de su asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, quien está detenido y procesado en Perú.
Abundan las denuncias sobre estos hechos. AI dio cuenta de la desaparición de 306 personas en 1991, y de 178 en 1992, y además denunció la llamada ley antiterrorista, promulgada por decreto en 1992, en virtud de la cual fueron enviadas a prisión cientos de personas inocentes.
El caso más emblemático fue el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en julio de 1992. Las víctimas fueron quemadas y luego enterradas por un grupo paramilitar montado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido por Montesinos.
Ambos están procesados por este caso, por el cual se emitió uno de los pedidos de extradición de Fujimori a Japón.
La organización Transparencia Internacional ha estimado que los actos de corrupción del régimen de Fujimori implicaron montos de 700 millones de dólares.
Luego de un proceso electoral plagado de denuncias de fraude, en noviembre de 2000, apenas cuatro meses después de iniciado un nuevo mandato, Fujimori viajó a una reunión internacional en Brunei, y de allí se dirigió a Japón, el país de sus ancestros, desde donde envió un fax a Lima renunciando a la Presidencia.
No volvió más. El Congreso declaró vacante el cargo por incapacidad moral.
Las acusaciones en su contra partieron de una fiscalía especial, que formuló al menos 20 denuncias, algunas de las cuales están en una sala penal especial, que ante la ausencia del acusado pidió al Ministerio de Justicia y a la cancillería que cursaran las extradiciones.
Aunque la falta de un tratado de extradición entre Perú y Japón dificulta los trámites, es posible apelar al principio de jurisdicción universal, pues varios de los cargos son por crímenes de lesa humanidad, explicó a IPS el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, una organización de derechos humanos.
Nada de eso se podrá hacer si no existe un liderazgo fuerte que se ocupe del tema de la extradición como parte de la lucha contra la corrupción, agregó Rivera.
Los dos pedidos cursados a Japón fueron respondidos con laxitud por Tokio, que no parece tener voluntad de iniciar algún trámite que conduzca al procesamiento de Fujimori.
Tras el episodio en el consulado de Tokio, el encargado de América Latina en la cancillería japonesa, Katsuhiro Fujimura, reiteró al diario limeño El Comercio un argumento ya esgrimido por Japón: que Fujimori gozaba de nacionalidad japonesa. Y dijo no tener ningún comentario sobre su nacionalidad peruana.
Hasta el miércoles 18, Fujimori había esgrimido su nacionalidad japonesa para evadir a la justicia peruana. Pero ahora parece haber cambiado de táctica.
Su estrategia es clara: está haciendo creer que va a ser candidato en 2006 y alimentando esperanzas en los múltiples grupos que lo ven con interés, dijo a IPS Gloria Helfer, parlamentaria del oficialista Perú Posible, partido del presidente Alejandro Toledo.
Si empieza a diluirse, no se lo tomará en cuenta. De ahí la necesidad de todos esos avisos luminosos, dijo Helfer.
Fujimori tiene al menos 20 por ciento de intención de voto para 2006, según encuestas de opinión, aun cuando está impedido de ser candidato, pues su destitución implicó una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.
Parece difícil una comparecencia de Fujimori ante la justicia peruana, tanto como un regreso a la arena electoral.
Pero, paradójicamente, sus anuncios de retorno han dado lugar a diversas reacciones de partidos locales.
La centroderechista Unidad Nacional (UN) y el socialdemócrata Partido Aprista Peruano han manifestado más de una vez su ánimo de dialogar con las bases fujimoristas.
Esas bases parecen asentarse en sectores empobrecidos y excluidos que no olvidan obras de su gobierno, como la construcción de carreteras, puentes y centros primarios de atención de salud.
La pregunta es, entonces, hasta dónde el sistema político peruano está dispuesto a reconocer a Fujimori un presunto peso electoral que éste podría utilizar como moneda de cambio de una eventual exculpación. (
