La libertad de prensa cotiza a la baja en Estados Unidos, sumergida por una ola gubernamental de secretismo y propaganda, advierten veteranos de los medios de comunicación, analistas y activistas.
A pesar de que cierta sabiduría convencional indica que los medios estadounidenses son los más libres del mundo, este país ha sufrido destacables retrocesos en la materia, a tal punto que se ha deslizado en la lista de países calificados por la organización especializada Freedom House.
Esta institución con sede en Nueva York indicó, en su informe anual divulgado en vísperas del Día Internacional de la Libertad de Prensa que se celebrará este martes, que los periodistas que en 2004 trabajaron con menos cortapisas fueron los de Finlandia, Islandia y Suecia.
En cambio, las peores restricciones se registraron en Corea del Norte, Birmania, Cuba y Turkmenistán.
Estados Unidos se ubicó, junto con Barbados, Canadá, Dominica, Estonia y Letonia, en el lugar 25 entre los 194 países analizados en el informe.
Los países fueron calificados de acuerdo con la observación de tres parámetros: el ámbito legal en que operan los medios, las influencias políticas sobre el reportaje periodístico y el acceso a la información, y las presiones económicas para determinar el contenido y la divulgación de noticias.
Freedom House consideró que la calificación de Estados Unidos cayó, en parte, debido a varios casos legales en que los fiscales procuraron obligar a los periodistas a revelar sus fuentes o entregar sus notas u otros materiales recogidos por ellos en el curso de investigaciones.
Judith Miller, del diario The New York Times, y Matthew Cooper, de la revista Time, por ejemplo, se han arriesgado a condenas de prisión por negarse a identificar a sus fuentes de reportajes que derivaron en la identificación pública de una agente secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Ni Miller ni Cooper escribieron informes para sus publicaciones por el caso, pero el columnista Robert Novak identificó a la agente. De todos modos, el gobierno exige a esos dos periodistas que entreguen toda la información que poseen.
Miller y Cooper perdieron sus casos en los tribunales de primera instancia en que se trató el asunto, y ahora elevarán sus alegatos a la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, las dudas sobre la influencia gubernamental sobre los medios cundieron cuando se supo que el gobierno de George W. Bush pagaba a periodistas para que respaldaran desde sus espacios posiciones oficiales sin aclarar que eran subalternos de Washington.
En un caso, el gobierno de George W. Bush le pagó 240.000 dólares a un columnista negro, Armstrong Williams, para que promoviera un plan educativo oficial en su programa de televisión, difundido en todo el país, y en su columna publicada en una cadena de periódicos.
Williams, que pidió disculpas públicamente por no haber advertido el conflicto de intereses, también tuvo la misión de convencer a otros periodistas negros de participar en su cruzada.
Otros dos periodistas conocidos en todo el país, Maggie Gallagher y Michael McManus, también admitieron haber aceptado miles de dólares para manifestar desde sus tribunas su adhesión a diversos programas gubernamentales.
Otros periodistas conocidos en todo el país confesaron haber aceptado miles de dólares para mostrar su complacencia con los programas de gobierno.
Steven Aftergood, del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos de Estados Unidos, consideró que el apoyo clandestino de comentaristas y la difusión de paquetes de noticias en vídeo refuerza las sospechas en que lo que pasa por noticia hoy es, en realidad, comprado y pagado.
Pagar a periodistas para que escriban noticias positivas es parte del patrón gubernamental de secretismo y manipulación pública que socava nuestra seguridad y nuestra democracia, dijo Aftergood a IPS.
Por otra parte, más de 20 diferentes agencias federales emplearon fondos fiscales para producir segmentos televisivos en que se promocionó las políticas del gobierno de Bush.
Esos vídeos han sido emitidos por cientos de emisoras locales que no revelaron sus fuentes, lo que alienta a los televidentes a creer que presencian noticias genuinas, según Freedom House.
La Contraloría General de Estados Unidos, agencia que opera de manera independiente dentro del Poder Legislativo, consideró que los denominados paquetes de noticias producidos por organismos del gobierno constituían propaganda encubierta.
El presidente Bush replicó que la práctica era legal y que no tenía planes de ponerle fin.
Las agencias del Poder Ejecutivo no están obligados a cumplir con los dictámenes legales de la Contraloría, advirtió el gobierno en un comunicado.
Portavoces de la Casa Blanca suelen responder a las críticas afirmando que la política hacia los medios de comunicación es honesta y transparente.
Aun así, Jack Behrman, ex subsecretario (viceministro) de Comercio, acusó al gobierno de hipocresía.
Nuestro gobierno promueve, en las declaraciones, la libertad en el extranjero, pero ha procurado con éxito limitarla en Estados Unidos a través del secretismo y la manipulación de los medios, dijo Behrman a IPS.
